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Boletín N°. 2660 La rendición de cuentas abarca a los legisladores: Adriana Fuentes Téllez

• Los sindicatos y sus dirigentes deberán rendir cuentas a la sociedad

• No hay pretexto para negarse a informar sobre el destino de dinero público

• Los gobiernos de estados y municipios, estarán obligados a transparentar su gasto

01-12-2013 Los sindicatos, las Cámaras del Congreso, los gobiernos de los estados y municipios, así como los partidos políticos, estarán obligados a informar el destino de cada peso del erario público, gracias a las reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política que en materia de Transparencia fueron aprobadas el pasado 26 de noviembre, afirmó la diputada Adriana Fuentes Téllez.

Con ello, precisó, “se garantiza hacer pública toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, personas físicas, morales y sindicatos”.

No hay pretexto para ninguna entidad que reciba dinero del erario público, de ocultar la información cuando ésta le sea requerida, señaló la legisladora federal por el Distrito Uno con cabecera en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Entrevistada en San Lázaro -luego de que la Cámara de Diputados aprobara en lo general y en lo particular, con 424 votos a favor, 16 en contra y cuatro abstenciones, la minuta que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de Transparencia- Fuentes Téllez señaló que con las reformas se da plena autonomía al nuevo órgano garante, ya que además de fortalecerlo, los comisionados pasarán de cinco a siete, y serán elegidos por el Senado.

Se amplían, precisó la legisladora, las facultades del organismo y se fortalece su gestión y autonomía. Sin embargo, aclaro que existen dos razones para reservar de manera temporal la información: cuando sea de interés público o de seguridad nacional.

“Ya no se podrá abusar de la reserva como se hizo en administraciones anteriores. No sólo se llevaba a cabo esa práctica al extremo y sin mayor justificación, como lo documentó en su momento el propio IFAI ante los legisladores. Tampoco existía hasta hace unos años una normatividad exacta que obligara a la preservación y clasificación de los archivos bajo custodia de las autoridades. Ahora existen responsables y responsabilidades de resguardar la documentación y la información”, señaló Adriana Fuentes, diputada del PRI.

Al ser cuestionada sobre los recursos de revisión, dijo que se concedió esa facultad al consejero jurídico del gobierno. “Podrá interponer recursos de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley y sólo en caso de que las resoluciones del órgano garante puedan poner en peligro la seguridad nacional”.

Explicó que en la reforma, se establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá conocer las controversias interpuestas por los órganos autónomos del Estado “sobre la constitucionalidad de los actos o disposiciones generales o por la violación a los principios de actuación” del nuevo órgano garante.

Sobre la opacidad en la rendición de cuentas en estados y municipios, Fuentes Téllez señaló que precisamente “las modificaciones están orientadas a crear un órgano autónomo constitucional, encaminado a garantizar el derecho al acceso a la información, la protección de datos personales en manos de particulares y la transparencia. También, para facultarlo a actuar como segunda instancia ante el incumplimiento de los institutos de los estados para asegurar el derecho de acceso a la información”.

De esa forma, dijo, los gobiernos de estados y municipios en la República no podrán ocultar, dilatar o negar la información que les sea requerida por cualquier ciudadano que así la solicite, en el momento que crea oportuno.

Destacó que la rendición de cuentas y la transparencia son sinónimo en una gestión de un gobierno democrático. “De tal manera que con la aprobación de la reforma en la materia se contribuye con el presidente de la República a cumplir un compromiso que es obligatorio en toda la administración pública”.

De esta manera, señaló finalmente, hay más sujetos obligados, sindicatos incluidos, partidos políticos, legisladores, fideicomisos. “Todo aquel o toda entidad que reciba recursos públicos es sujeto obligado de transparencia. Y no hay marcha atrás”.

Se trata de erradicar las malas prácticas y combatir la corrupción en todas sus formas. “Y cada día se gana terreno en México para una gestión pública honrada, honorable y eficiente, como lo ha propuesto el presidente Enrique Peña Nieto”.

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