03-12-2013.- La Cámara de Diputados se pronunció a favor de hacer las adecuaciones pertinentes en las bibliotecas públicas del país para garantizar plena accesibilidad y movilidad a personas con discapacidad.

Mediante un exhorto a los poderes ejecutivos de los estados, también se les insta a capacitar al personal de tales centros en atención especializada, profesional y óptima para este grupo vulnerable.

En la fundamentación de este punto de acuerdo, María del Rocío Corona Nakamura (PRI) refirió que, según datos, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), para el año 2010 había más de cinco millones de discapacitados en nuestro país.

Arriba del 5 por ciento de la población total –acotó- se encuentra dentro del margen de la discriminación y la exclusión social en áreas como salud, trabajo y educación.

Detalló que menos del 60 por ciento de las personas con discapacidad en edad de nivel básico, asiste a la escuela, y del total de la población de entre 15 y 29 años con algún impedimento físico, únicamente el 15 por ciento estudia.

“Somos una sociedad que permite que el 32 por ciento de la población con alguna discapacidad no sepa ni leer ni escribir y donde 36 de cada 100 no curse ningún grado escolar”, sostuvo.

Corona Nakamura recordó que esta situación se da a pesar de que desde mayo de 2011, México cuenta con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, como medio para brindar las garantías a una plena inclusión y accesibilidad, y como una responsabilidad del Estado.

“Esta ley se quedó en el papel, porque en el país la verdadera limitante que nos genera daños irreversibles en nuestra convivencia es la discapacidad social de aceptarnos y tratarnos como iguales, y más aún si los factores de exclusión se dan en espacios como las bibliotecas”, sostuvo.

Ante ello, consideró necesario renovar el compromiso de la sociedad para garantizar las condiciones de accesibilidad universal y la atención especializada en lugares de alto impacto educativo y cultural.

Sostuvo que “nuestras personas con discapacidad carecen de bibliotecas con condiciones mínimas de accesibilidad y con los materiales necesarios para su disfrute”.

En la manifestación de posicionamientos, Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza, sostuvo que las bibliotecas, sean presenciales o virtuales, tienen relevancia especial para personas con determinadas discapacidades, ya que constituyen un espacio de acceso a la información y al conocimiento.

Dada la importancia y el carácter público de la mayoría de estos centros, abundó, deben ser lugares en los que la circulación quede garantizada para todos los ciudadanos, así como el acceso a la información y a la documentación.

A nombre de Movimiento Ciudadano, Martha Beatriz Córdova Bernal consideró “insultante” no coincidir en que las personas con discapacidad tienen derecho a desarrollarse plena e igualitariamente en todos los ámbitos que así lo deseen.

Aunque nuestro país ha signado varios tratados internacionales en materia de apoyo a personas discapacitadas, la lucha contra la discriminación que sufren “no puede quedarse nada más en lo necesario”, pues es “insuficiente la prohibición de las formas de desprecio que responden al estigma social acerca de la discapacidad”, señaló.

En tanto, por el PRD, Josefina Salinas Pérez aseguró que este sector vive de manera cotidiana en un entorno que los discrimina día a día, derivado de la falta de planeación territorial, urbana y con sentido integral, ya que las ciudades no están diseñadas para que puedan desarrollarse con facilidad y libertad.

Ante ello, destacó que para tener una sociedad justa e incluyente “es necesaria la suma de esfuerzos, la voluntad política, la creación de proyectos, la inversión y la conversión de planeación de las ciudades”.

A su vez, Genaro Carreño Muro, de Acción Nacional, subrayó la importancia de ampliar en las bibliotecas públicas del país la oferta de libros especiales destinados a las personas con discapacidad visual, de modo tal que puedan tener un creciente acceso a los beneficios del disfrute de la lectura.

Asimismo, “se necesita brindar atención gratuita y especializada a la población con discapacidad en la red nacional de bibliotecas, sin discriminación, ni distinción alguna”.

Por último, Cecilia González Gómez, del PRI, coincidió en que la facilidad que se proporcione a esta población para hacerle llegar las diferentes expresiones culturales, permitirá que desarrolle sus cualidades cognitivas, mejorando la comunicación y su aprendizaje.

Con esto podrán “incluirse en la sociedad, y ello contribuirá para hacerlos sentir de una mejor manera y brindara reconocimiento a su esfuerzo que, de hecho, hace cada uno de ellos”, concluyó.

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