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Boletín N°. 2692 Que el agua tenga el máximo nivel de protección en México

• Falta de coordinación genera perdida de recursos y duplicidad de esfuerzos: diputada Gómez Carmona

• Se necesita plan hídrico de largo plazo que sancione el incumplimiento

04-12-2013.- El agua debe elevarse a un nivel de máxima protección en México dentro de una reforma legislativa que garantice una política pública nacional de largo plazo, para que los gobiernos le den seguimiento de forma integral, solicitó a diputados federales, Alfonso Iracheta Cenecorta, asesor del Sistema de Naciones Unidas para Asentamientos Humanos.

Ante la problemática del abasto del agua, la diputada Blanca Estela Gómez Carmona (PRI), presidenta de la Comisión Especial de la Cuenca del Sistema Cutzamala, afirmó que la fragmentación institucional en el manejo del vital líquido, reflejada en la existencia de instituciones desconectadas entre sí, y la falta de coordinación entre gobiernos municipales, estatales y federal, generan duplicación de esfuerzos y perdida de recursos.

Al inaugurar el seminario-taller “Planeación del desarrollo en territorio y gestión de recursos hídricos con enfoque de Cuenta. El caso de la Cuenca del Valle de México”, organizado por la instancia parlamentaria, la legisladora urgió a encontrar la fórmula idónea para que el país encuentre el camino hacia el pleno desarrollo vinculado a la protección de los recursos naturales.

Gómez Carmona refirió que reducir la desigualdad territorial, fortalecer la institucionalidad social y la participación ciudadana “son desafíos relacionados con la eficiencia del Estado para lograr la cohesión social, donde el principal reto es crear políticas integrales y coordinadas que garanticen una correcta administración de los recursos naturales, como el agua”.

Dichos recursos, dijo, deben utilizarse para generar una riqueza sustentable que se traduzca en mejores niveles de calidad de vida de la población, mediante la planeación, la cual adquiere una relevancia especial para promover el desarrollo social que impulse también los cambios estructurales.

Destacó la importancia de incrementar la participación ciudadana articulada y centrada en la protección y uso racional de los recursos hídricos, también como herramienta para fortalecer la democracia.

“En el caso de la Cuenta del Sistema Cutzamala, los diputados estamos en la mejor disposición de sumar esfuerzos para fortalecer la coordinación intersectorial e intergubernamental y el desarrollo de mecanismos de gestión, para apoyar iniciativas que integren todos los mecanismos para preservar los recursos hídricos, en un marco responsable”, aseguró.

Por su parte, la diputada del PRI, Cristina González Cruz, manifestó la decisión de los integrantes de la comisión especial por impulsar de forma responsable y congruente reformas que protejan el recurso hídrico del país en vinculación estrecha con los investigadores y académicos, para incluir sus propuestas en el marco jurídico.

Aunado a ello, señaló la necesidad de sumar a los ciudadanos para que se concienticen en el cuidado de los recursos naturales, a fin de que el trabajo sea integral y las propuestas legislativas se enriquezcan en la labor parlamentaria, para vincular a los diferentes niveles de gobierno.

El agua es un derecho, no una mercancía

Al participar Alfonso Iracheta Cenecorta, también coordinador del Programa Interdisciplinario de Estudios Urbanos y Ambientales de el Colegio Mexiquense, sostuvo que el agua se ha convertido en una mercancía, cuando es un derecho que el Estado debe garantizar; recomendó cambiar el concepto para evitar considerar a este recurso natural con una perspectiva empresarial.

Cuestionó el que la población más pobre y marginada pague por el vital líquido de 5 a 10 veces más que los sectores con mayor poder adquisitivo, por lo que urgió a diseñar una reforma legislativa que contemple una estrategia integral.

Señaló la existencia de desarticulación y limitaciones en la legislación vigente que regula el manejo del recurso hídrico, ya que en todas las leyes que existen “no se encuentra una política hidráulica de largo plazo”.

El asesor del Sistema de Naciones Unidas para Asentamientos Humanos recomendó la revisión del marco jurídico para garantizar que el recurso sea un bien público sustentable y establecer en su manejo el principio del Ciclo Integral del Agua en un marco de utilidad pública, para que los tres órdenes de gobierno lo respeten y lo apliquen, y en caso de no hacerlo sean sancionados.

Dicho ciclo implica reglas comunes para articular la captación, infiltración, captura, distribución, consumo y reutilización del líquido vital.

Por otra parte, Helena Cotler Dávalos, directora de Manejo Integral de Cuencas Hídricas, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, señaló la inconveniencia de entubar los ríos en lugar de sanearlos.

Indicó que las políticas públicas no tienen un enfoque de cuenca para el manejo de este recurso, ya que prevalece la tendencia de pérdida de la biodiversidad, por lo que señaló la urgencia de que la población se sume a las acciones para preservar el agua.
Al participar Salomón Díaz Mondragón, titular de la Dirección General de Planeación Territorial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), indicó que el mayor reto en los programas de reordenamiento económico es lograr que una cuenca hídrica sea compartida, se articulen las estrategias y se logre un manejo sustentable del agua.

Afirmó que el concepto de cuenca y su manejo ya está incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; señaló la necesidad de que los estados emitan un marco jurídico para el reordenamiento ecológico con enfoque de cuenca, así como incorporar las investigaciones en las estrategias del manejo hídrico en el país.

Rossana Landa Perera, coordinadora de la asociación civil Conservación de Cuencas, Fondo Mexicano para la conservación de la Naturaleza, comentó que en el futuro las ciudades sufrirán la crisis de la falta de agua, por lo que señaló la urgencia de que los ciudadanos se sumen a usar el agua en forma racional.

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