• Antes del 6 de diciembre deberá presentarse

• Ejecutivo invade facultades de este órgano legislativo

05-12-2013.- El Pleno aprobó un acuerdo para que la Cámara de Diputados interponga controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra las reformas al Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, publicadas el 23 de octubre de 2013 por la Secretaría de Gobernación, ya que se invadieron las facultades de este órgano cameral para legislar en la materia.

A través de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aprobado en votación económica, se argumenta que las modificaciones al artículo 3 fracción XXVI bis, 91 capítulo III, artículo 137 bis, 137 ter y 137 quater de dicho reglamento, invaden las facultades de esta cámara al facilitar la operación de las llamadas máquinas tragamonedas, bajo el nombre “sorteos de números y símbolos a través de máquinas”.

Se precisa que la controversia deberá ser presentada antes del 6 de diciembre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el propio presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados o por la persona en quien el presidente haya delegado esta responsabilidad.

Dicha controversia deberá presentarse, con el texto propuesto para este efecto por el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

En pro del acuerdo, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) explicó que el tema de fondo es declarar la inconstitucionalidad de los artículos 137 bis, 137 ter y 137 quater, porque el Ejecutivo federal invadió la facultad de esta Cámara para legislar en esta materia.

Mencionó que en la Comisión Especial para Indagar el funcionamiento de Juegos y Sorteos, se ha llegado a la conclusión de crear un nuevo marco jurídico normativo, por lo que esa reglamentación “nos parece que va más allá de las facultades del Ejecutivo”.

Ricardo Mejía puntualizó que el reglamento del Ejecutivo permite que continúen las llamadas máquinas tragamonedas, que son aproximadamente 250 mil, localizadas en farmacias, tiendas de conveniencia, mercados ambulantes y misceláneas.

Abundó que dichos aparatos son usados en su mayoría por jóvenes entre 14 y 18 años; “de esta manera se les está induciendo al juego y por eso pedimos que se declare la inconstitucionalidad”.

La diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez (PAN) puntualizó que es necesario impugnar la validez de estos artículos, porque “excede la facultad reglamentaria del Ejecutivo al pretender innovar la ley e invadir así las jurisdicciones de esta soberanía, legalizando la operación de las máquinas tragamonedas, que ahora se llaman sorteos de números y símbolos a través de máquinas”.

Recordó que en el seno de la Comisión Especial de Juegos y Sorteos, se acordó con diversas instancias del Ejecutivo trabajar con plena comunicación en lo que respecta a la creación de un nuevo instrumento jurídico que regule con plena transparencia la actividad de juegos y sorteos en México.

Sin embargo, al publicarse el reglamento el 23 de octubre, sin tomar en cuenta a la Cámara de Diputados, se desatendió el compromiso de la Secretaría de Gobernación, “pero, aún más grave, se pretende legalizar el funcionamiento de las famosas máquinas tragamonedas”.

Indicó que la industria del juego en México debe ser como todas las actividades productivas: palanca y detonador de empleos, generación de riqueza y bienestar de los mexicanos. “Es nuestra responsabilidad legislar para dar garantías de que así suceda. Todos los partidos nos hemos manifestado a favor de crear un nuevo instrumento jurídico, una nueva ley, porque la actual data de 1947”, expresó.

Del PRD, el diputado Agustín Barrios Gómez Segués resaltó que el Ejecutivo rebasó sus facultades de reglamentación, ya que invadió las atribuciones de esta Cámara, pues esos artículos pretenden innovar la materia de la ley facilitando la operación de las llamadas máquinas tragamonedas, bajo el nombre de sorteos de números y símbolos a través de máquinas.

“Este tema resulta especialmente preocupante, ya que es un capítulo más en la triste historia del actuar respecto de la industria de juegos de azar en nuestro país, pues desde las administraciones pasadas se ha visto un intento de adecuar la praxis en servicio de los intereses particulares, escudándose en términos vagos y de interpretación”, denunció.

Relató que en lugar de canalizar los beneficios de una industria debida y claramente reglamentada para beneficio de la nación, se tiene un caso de extralimitación de facultades que nada hace para afianzar un estado de derecho. “Aquí hay un problema de forma y de fondo”, señaló.
Puntualizó que este acuerdo cuenta con el apoyo de la Comisión Especial de Juegos y Sorteos. “Todos estaremos de acuerdo con el objetivo de dicha instancia de establecer de una vez por todas un marco jurídico en línea con el interés nacional y no una colección de parches con los que se atropellan las facultades del Congreso”, añadió.

-- ooOoo --