06-12-2013.- La Comisión de Transparencia y Anticorrupción aprobó solicitar a las secretarías de Salud, de la Defensa Nacional y de Marina, así como a los directores generales del IMSS, ISSSTE y Pemex a que transparenten todos los procesos de licitaciones públicas de sus contratos de servicios de laboratorios clínicos y bancos de sangre.

Esta petición ocurre luego de que el pasado 8 de julio el Gobierno federal suscribió el contrato marco entre la Secretaría de Salud (SSA) y más de 25 laboratorios, para la compra de medicamentos de patente por un monto estimado de 13 mil 27 millones de pesos.

Asimismo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) destinó 42 mil millones de pesos para adquirir 900 distintos medicamentos y más de mil 800 claves de materiales de curación, para el sector salud, incluyendo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).
La diputada que presentó el punto de acuerdo, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (PRD), señala que el objetivo es preguntar a los titulares de dependencias del Gobierno federal si la Estrategia de Contratación Pública está encaminada a terminar con el oligopolio de empresas transnacionales que dominan el mercado del sector salud.

“Me refiero a Productos Roche, Johnson & Johnson, Siemens, Abbott, Beckton Dickinson, Biomerieux, IL Diagnostics, Beckman Coulter que a través de los contratos adjudicados a las empresas Instrumentos y Equipos Falcón, S.A. de C.V., Selecciones Médicas S.A. de C.V., DICIPA S.A. de C.V., Impromed S.A., han sido las más beneficiadas”, dijo.

La legisladora indicó que en la Cuenta Pública del 2010, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) señala que en la contratación de servicios integrales de laboratorio y bancos de sangre de clínicas y hospitales del ISSSTE, “los resultados fueron desastrosos” para los derechohabientes de ese organismo del sector salud.

El Ejecutivo federal informó que para este año se destinarían para contrataciones públicas 365 mil 129 millones de pesos, es decir, más de mil millones de pesos diarios en este año.

La Estrategia de Contratación Pública del Ejecutivo federal tiene como objetivos acelerar las contrataciones y asegurar que se realicen bajo los principios constitucionales de eficacia, economía, transparencia y honradez.

Por lo anterior, en reunión de trabajo, los diputados consideraron de suma importancia que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal transparenten de manera real, efectiva y ágil los procedimientos de licitación en los que intervengan.

Buscan evitar que sigan en funciones servidores públicos que dañen el erario público

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción también aprobó el dictamen para evitar que los servidores públicos que dañen el erario público sigan en funciones “como si nada pasara”, impidiéndose que el resarcimiento del daño extinga el resto de las responsabilidades que deben enfrentar, ya sean administrativas, penales o políticas.

El dictamen establece un mecanismo que protege el patrimonio del Estado ante un daño o perjuicio a su hacienda, pues constriñe a un servidor público o particular a reparar la afectación, pues de omitir enterar el pago de daños y perjuicios se le impedirá seguir ejerciendo sus funciones o actividades.

Impide que los servidores públicos sujetos a responsabilidad resarcitoria y que no hayan reparado el daño sean contratados para el ejercicio de la función pública, lo que los constriñe a enterar el pago a la Tesorería de la Federación.

Lo anterior, con el fin de procurar que el servicio público sea efectuado por personas que cumplan íntegramente los requisitos de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones.

El dictamen aprobado reforma el artículo 54 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; modifica la fracción X del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; adiciona una fracción VI, recorriendo la actual VI a VII, del artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector público, así como una fracción VI, recorriendo la actual VI a VII, del artículo 78 de la ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

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