• La Ley de Manifestaciones Públicas “no es antiprotesta”, sino que busca armonizarlas con la libre circulación de los ciudadanos
• Prohíbe bloqueo total y uso de vialidades primarias o de un solo carril
• Manifestantes deberán avisar de su protesta a las autoridades con 48 horas de anticipación

10-12-2013.- Las comisiones unidas del Distrito Federal y la de Derechos Humanos aprobaron por mayoría en lo general el dictamen relativo a la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal.

La iniciativa fue presentada por el diputado del PAN, Jorge Francisco Sotomayor Chávez, el pasado 30 de octubre. El objetivo tiene dos vertientes: garantizar el derecho de los manifestantes a expresar sus inconformidades, y a la vez el de los ciudadanos a transitar libremente en la ciudad, “asegurando el pleno respeto de los derechos y las libertades de terceros”.

Se prohíbe el bloqueo total y el desarrollo de manifestaciones en vialidades primarias o de un solo carril; en el caso de vialidades secundarias de más de un carril se podrá utilizar para dicho fin la mitad de la vía. Cuando sea posible, los participantes podrán usar los carriles laterales. Se establecen horarios para la realización de las mismas.

Se imponen sanciones económicas y arresto administrativo a quien contravenga lo dispuesto por esta ley; son conductas sancionables las siguientes: impedir de cualquier forma el uso de las vialidades o el libre acceso de las personas a sus centros de trabajo y realizar acciones que alteren el orden público durante el desarrollo de las manifestaciones.

En los artículos 27 y 28 se establece la garantía de seguridad jurídica a los sujetos obligados al cumplimiento de la ley, así como a los probables sujetos pasivos, ya que se integran las figuras jurídicas del Recurso de Inconformidad respecto de las actuaciones u omisiones por parte de las autoridades y denuncia ciudadana por contravenciones a la ley.

El documento precisa que los manifestantes tendrán que informar a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), con 48 horas de anticipación de la marcha que realizarán, a fin de apoyar a los ciudadanos y preservar garantías para los manifestantes, con el propósito de que la autoridad trace rutas alternas; elabore planes en caso de que se presente alguna contingencia, y preste servicios básicos a los participantes, así como garantizar el derecho de los manifestantes y de los terceros.

Se propone que las manifestaciones públicas se realicen de manera pacífica y con fines lícitos.

Destaca que los integrantes de la SSPDF recibirán capacitación sobre derechos humanos en materia del control de mítines, y se implementa la presencia permanente de los representantes de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), durante el desarrollo de toda la manifestación.

La diputada Laura Barrera Fortoul (PRI), presidenta de la Comisión del Distrito Federal, aseguró que “en ningún momento es una ley antiprotesta, es un estigma que ha circulado, pero no es así”.

Con este tema, que no es de prohibición, “todos podemos ganar para que exista un libre tránsito, un mayor orden y seguridad, y las manifestaciones cumplan el fin para el cual fueron organizadas”, explicó.

Precisó que México es el único país que no tiene reglas claras y un marco normativo que regule las manifestaciones públicas.

Barrera Fortoul destacó que la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal pretende proteger y poner orden, a fin de que se avise con anticipación de las mismas, existan en ellas observadores de derechos humanos y la Secretaría de Gobierno capitalina se involucre para que pueda salvaguardar a quienes protesten.

Asimismo, establece horarios adecuados y permite a quienes transitan hacia un hospital, un aeropuerto o simplemente hacen su vida cotidiana puedan tener información previa de cuál será la manifestación, en qué condiciones y características, y “podamos vivir en esta gran ciudad de pluralidad, en donde todas las voces deben ser escuchadas”, indicó.

Por otra parte, el diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez calificó su propuesta como “garantista”, porque busca dar garantías a la ciudadanía respecto a quienes se manifiestan, y para éstos tener un representante.

Será una herramienta que tendrá el Jefe de Gobierno para que en coordinación con el Ejecutivo federal, resuelva los problemas que se tienen cuando los ciudadanos salen a la calle a manifestarse por no encontrar una solución en otra parte.

Indicó el legislador del PAN que “todo policía que participe en una manifestación tendrá que tener una instrucción en materia de derechos humanos”. Se prevé que en cada una de las manifestaciones haya personal de la Comisión de Derechos Humanos de Distrito Federal.

El dictamen avalado destaca el reconocimiento inalienable al derecho de toda persona de salir a las calles a manifestar de forma pública y ordenada su malestar sobre determinaciones de gobierno o posturas de partidos políticos; así como el derecho de utilizar de manera organizada las vialidades de la Ciudad de México, preciso.

Refirió que en caso de prohibirse una manifestación, se tendrá la posibilidad de inconformarse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal; en todo momento los manifestantes podrán denunciar irregularidades realizadas por las autoridades.

Por otra parte, durante la reunión de trabajo, el diputado del PRD, Roberto López Suárez sostuvo que este dictamen busca inhibir cualquier tipo de manifestación.

“El dictamen no corresponde a una realidad legal”, ya que no es materia de discusión de ambas comisiones, porque se constriñe al Distrito Federal, y las atribuciones para discutir una iniciativa de este tipo es de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

La discusión en lo particular se realizará en el Pleno cameral. Las reservas inscritas fueron presentadas por los diputados del PRD, José Luis Muñoz Soria, referentes a los artículos del 1 al 28; Margarita Elena Tapia Fonllem, los preceptos 7, 8, 9, 10, 12 y 13; Vicario Portillo Martínez, los artículos 14 al 20, y Roberto López Suárez, el 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28; los transitorios 1, 2, 3, 4, y 5; la diputada del Partido del Trabajo, Loretta Ortiz Ahlf los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

La diputada Barrera Fortoul explicó que el proceso legislativo que seguirá el dictamen aprobado en lo general, será pasar a la Mesa Directiva en donde se va a inscribir, para que se le dé fecha para pasarlo al Pleno.

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