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Boletín N°. 0737 Mayor fiscalización a estados y municipios para evitar sobreendeudamiento.

16-01-2013.- Tras considerar que las finanzas públicas del gobierno, principalmente las estatales, son insostenibles por la falta de una verdadera fiscalización, los integrantes de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo se manifestaron por establecer acciones y mecanismos adecuados que limiten el crecimiento desmesurado de endeudamiento.

Para ello, acordaron impulsar la iniciativa presentada el 27 de noviembre de 2012 por el diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila, mediante la cual se propone reformar el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal.

De acuerdo con lo planteado por Monreal Ávila, el objetivo de modificar el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal es que los estados y municipios transparenten y publiquen mensualmente la información sobre la deuda, incluyendo montos reales e intereses, condiciones de contratación, préstamos a corto plazo contraídos con la banca comercial y déficits actuariales de sistemas y pensiones locales y de instituciones estatales y de educación superior.

El diputado del Partido Acción Nacional, José Arturo Salinas Garza, dio a conocer que el monto total de la deuda subnacional es de 406 mil 765 millones de pesos, mientras que el vencimiento promedio de la deuda es de 17 años, y se enfrenta una tasa de interés promedio del 6.4 por ciento anual.

En lo que respecta a los municipios, la deuda en 2012 alcanzó la cifra de 43 mil 647 millones de pesos, de la cual el 50 por ciento está concentrado en apenas 20 municipios. Los años de mayor crecimiento de la deuda en estados y municipios fueron 2009, 2010 y 2011, donde casi se duplicó el monto de las obligaciones financieras estatales.

Salinas Garza sostuvo que es necesario buscar que los estados incrementen su capacidad recaudatoria para que accedan al crédito sólo para financiar proyectos productivos de largo plazo, dando notificación a la Secretaría de Hacienda sobre los adeudos contratados.

El fin no es que los gobiernos estatales dejen de solicitar créditos, sino de que estos sean sustentables, en tiempo y forma, para un óptimo desarrollo y nunca para gasto corriente.
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