El Pleno de la Permanente aprobó un punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Sagarpa, Enrique Martínez y Martínez, y de la Semarnat, Juan José Guerra Abud, a evaluar los permisos otorgados a las transnacionales sobre la siembra de maíz transgénico, a fin de que se implanten medidas de protección y promoción para la conservación de las semillas nativas.

El documento solicita realizar una evaluación de los permisos que se han otorgado para la siembra de maíz transgénico en nuestro país a las empresas trasnacionales Monsanto, Pioneer y Dow Agroscience y, en su caso, revocar, negar y evitar aquellos que atenten contra la tierra, la producción y la salud de los mexicanos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

Al respecto, el diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del PRD, quien presentó la propuesta, dijo que de esta forma se busca proteger al pequeño agricultor que siembra para subsistir, para que a futuro no dependa de transnacionales que registren las semillas de maíz, porque ya se hayan diversificado y poseen la patente.

“Es importante destacar que es muy distinto hablar de agricultura comercial que de agricultura para consumo o sustento; no es lo mismo un agricultor que en Sinaloa obtiene 12 toneladas por cada hectárea, a alguien que obtiene sólo 300 kilos en Chiapas.

El senador Francisco Domínguez Servién, del PAN, se pronunció en contra de este punto de acuerdo ya que, aseguró, la producción promedio nacional de maíz es de tres toneladas por hectárea, mientras que con este tipo de semillas genéticamente modificadas podría aumentarse hasta obtener 13 toneladas por hectárea.

En su turno, la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del PVEM, se manifestó a favor del punto de acuerdo al señalar que resulta necesario que la autoridad federal implemente acciones reales de protección y conservación de las especies nativas del maíz.

“Nuestro país cuenta con 16 razas y 300 variedades de este grano. El desarrollo de las mismas es el resultado de siglos de perfeccionamiento de experimentación por parte de nuestros pueblos indígenas. Además de la riqueza biológica que ello representa, está la riqueza cultural que gira en torno a este grano básico”.

De igual forma, el diputado del PRI, Abraham Montes Alvarado, advirtió que durante la última década ha habido un desmantelamiento en la investigación, producción y distribución pública de semillas en México, así como una privatización en la certificación de las semillas que estarán en el mercado.

“Nadie podemos negar la gran aportación de la transgenia frente a la demanda de alimentos que se ha multiplicado por el rápido crecimiento de la población mundial. Por otro lado, los cultivos tradicionales son patrimonio común de la humanidad y su desaparición está ligada a la progresiva implantación de las semillas transgénicas en la agricultura” subrayó.

Por último, el senador Fidel Demédicis Hidalgo (PRD) dijo que “hay una dependencia alimentaria verdaderamente escandalosa”, por lo que debe plantearse en el Plan Nacional de Desarrollo políticas públicas que garanticen el rescate del campo.

“Efectivamente, las semillas transgénicas son propiedad privada y al margen de cómo lleguen a los campesinos o a los agricultores, la ley faculta a la empresa dueña de la patente para que reclame”, sostuvo.

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