• Han reaparecido violaciones que se creían desterradas
• Se percibe falta de confianza en las autoridades
• Informe del presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva

30-01-2013.- Al dar a conocer su informe de actividades ante la Comisión Permanente, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, señaló que una problemática que refleja una alta percepción de inseguridad y la falta de confianza de las autoridades, es la relativa a las acciones de autodefensa, en donde las personas deciden tomar la justicia por propia mano.
Plascencia Villanueva subrayó que casos como los que hoy en día se presentan en comunidades del estado de Guerrero son una señal que debe alertar a las autoridades para cumplir con su deber de proveer seguridad pública y evitar que estas acciones se reproduzcan y se rebase a las instituciones. Para ello es preciso vencer la impunidad.
La única vía segura para recobrar la paz y tranquilidad en aquellas zonas del país donde el crimen ha proliferado es con fuerzas de seguridad pública profesionales y regidas bajo estrictos controles de honestidad, rectitud y ética, dijo.
Enfatizó que los cuerpos de seguridad pública deben ser los primeros en observar las leyes. “De lo contrario, no sólo no se cumple con la función para la cual existen, sino que se alimenta y fomenta el crecimiento de los grupos criminales y se vuelve generadora de la violencia que en realidad debería combatir”.
Reconoció que ha habido avances en los últimos años, sin embargo, han reaparecido violaciones que se creían desterradas y que es urgente corregir. Casos como las desapariciones forzadas, los tratos inhumanos y degradantes, la tortura, los cateos y detenciones ilegales, en su mayoría vinculados con el actuar de las instancias de seguridad pública.

Plascencia Villanueva señaló que durante 2012 los periodistas y defensores civiles de los derechos humanos continuaron desempeñando su labor en un ambiente adverso; en este año se registraron un total de 149 quejas, 98 correspondientes a agravios en contra de periodistas y 51 a defensores civiles de derechos humanos.

El ombudsman explicó que durante 2012 se recibieron 41 mil 662 escritos de queja y se prestaron 371 mil 522 servicios, lo que implicó un aumento significativo en la atención proporcionada por el personal del organismo a la sociedad en general.

Las 10 autoridades más señaladas como responsables de violar los derechos humanos fueron: el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social de la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Educación Pública, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Marina, indicó el funcionario.

Precisó que se emitieron 93 recomendaciones a diversas autoridades de los tres ámbitos de gobierno. Las que no aceptaron las recomendaciones fueron: la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal, el gobierno del estado de Sonora, los ayuntamientos de Charcas, Salinas de Hidalgo, Villa de Guadalupe, Villa de la Paz y Villa de Ramos, en San Luis Potosí, y el ayuntamiento de El Salto, en el estado de Jalisco.

El ombudsman detalló que también se resolvieron 4 mil 781 asuntos en los que la autoridad asumió plenamente la responsabilidad sobre violaciones a los derechos humanos y adoptó medidas eficaces para su reparación.

Manifestó su convicción que para erradicar las violaciones a los derechos humanos es preferible prevenirlas, por lo que la CNDH realizó un esfuerzo sin precedente en promoción, capacitación, enseñanza y divulgación de los derechos humanos y llevó a cabo 5 mil 643 actividades de esta índole, que contaron con una aforo de 733 mil 500 nuevas personas.
El funcionario comentó que la reforma constitucional de 2011 constituyó uno de los más grandes avances en materia de derechos humanos desde 1917, con un contenido que representa una expansión de su cobertura para tratar de hacerlo realidad. Esta tendencia demanda buscar estrategias que permitan lograr una mayor progresividad que se hagan efectivos y se garanticen plenamente.

En tanto, el presidente de la Comisión Permanente, diputado Francisco Arroyo Vieyra, señaló que la preservación, fomento y respeto de una cultura de derechos humanos que deviene desde la adición del apartado B del artículo 102 hasta el trascendente cambio del artículo primero de la Constitución que se construyó en 2011 en la anterior legislatura, requiere de amplio conocimiento y convicción y de encontrar una nueva manera de ver a la luz de la nueva constitucionalidad los alcances de los derechos que se derivan de los tratados internacionales y de su sana convivencia con el texto constitucional.

Precisó que serán las comisiones de ambas cámaras quienes aquilaten el contenido del informe y los alcances y las limitaciones que pudiesen derivarse del mismo.

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