31-01-2013.- El presidente de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, diputado José Antonio Rojo García de Alba (PRI), destacó que se requieren cambiar reglas de operación en los programas de apoyo a los agricultores, debido a que muchas de ellas hacen tortuosos los trámites para que productores tengan acceso a los recursos.

En reunión, de la comisión externó que “hemos venido trabajando con las secretarías de Hacienda y Crédito Público y la de Agricultura para establecer reglas de operación claras, simples y ágiles para que puedan cumplirlas los productores y posibilitar que el dinero se utilice en impulsar la productividad del campo”.

Los diputados plantearon la necesidad de modificar el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación relativo a constancias de no adeudos, debido a que las reglas de operación de la secretaría de Agricultura han generado polémica porque el mencionado artículo se incrustó indebidamente desde hace un par de años y ninguna otra secretaría lo incorpora.

Este artículo, afirmó el presidente de la Comisión, ha servido para obstaculizar el acceso de los productores, especialmente pequeños, a los diversos apoyos de los programas presupuestarios.

Éste, sumado a otras reglas de operación y a la necesidad de contar con un mayor presupuesto para que impacte en beneficio de los mexicanos y puedan tener en sus mesas productos nacionales que actualmente representan el 55 por ciento, el 45 por ciento restante son importados.

“Fuimos autosuficientes en granos como el frijol, arroz y maíz y hoy no lo somos; se tiene que buscar la senda para recuperar esa autosuficiencia”, externó.

Precisó que el artículo 32 D señala que el que va a recibir un beneficio tiene que estar al corriente de sus obligaciones fiscales, y hay ejidatarios que no tienen siquiera un Registro Federal de Contribuyentes (RFC), lo que lo hace complejo.

En su momento, los diputados Abraham Montes Alvarado y José Rubén Escajeda Jiménez (PRI) consideraron que hay una mala interpretación de ese artículo, ya que tiene que ver con proveedores y no con productores, pero no con subsidios.

El diputado Montes Alvarado consideró que todos los productores deben contar con RFC, sin embargo hay que hacer una excepción con los productores marginados que no cuentan con la preparación para hacer una declaración y no tienen los recursos para contratar a un contador público.

El diputado Salvador Arellano (PRI) planteó la necesidad de luchar por la simplificación de las reglas de operación con el objetivo de que lleguen los recursos a los productores de escasos recursos en lugar de beneficiar mayoritariamente a los grandes productores.

La diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez (PAN) estuvo de acuerdo en esta apreciación y se pronunció por mantener el artículo y hacerle los cambios pertinentes, porque si se elimina se corre el riesgo de que se haga un mal uso de los recursos de programas para fines electorales, sobre todo si se considera que este año habrá elecciones en diversos estados.

Sustentó que productores que vendían a Liconsa generaron un hueco por donde se escapó el cobro de impuestos; si el gobierno va a comprar debe hacerlo a quien paga gravámenes.

A su vez, el diputado Valentín González Bautista (PRD) propuso que para combatir la desigualdad en el campo deben atacarse las causas y no sus efectos y para ello se requieren cambios de políticas públicas con un sentido social que impulsen la producción agropecuaria y atienda principalmente a pequeños productores para sacar del marasmo al sector rural.

Agregó que otro de los factores principales es el dar acceso a la educación a los pequeños productores, y destacó que los recursos de programas llegan sobre todo a los grandes productores.

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