06-02-2013 La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, diputada Miriam Cárdenas Cantú (PRI), presentará un punto de acuerdo para solicitar la creación de una Comisión especial que dé seguimiento a las investigaciones que se realizan de los acontecimientos que sucedieron en un poblado de Acapulco, en particular la violación de seis turistas españolas.

Enfatizó que no hay algo más vejatorio para una mujer que un ataque sexual; eso está comprobado, “hay muchas violaciones a derechos humanos, pero ésta es la que más daño hace al interior, la que más tardas en recuperarte, la que tienes muchas secuelas y repercusiones en tu vida”.

Comentó que también se pedirá que se sancione a los responsables y que la investigación sea adecuada y para eso es la creación de la Comisión, “para que atestigüe la forma en que se llevan a cabo las indagatorias y que ese desdén expresado no se traduzca en una falta de interés en la investigación”.

“La violencia contra la mujer debe detenerse y debemos hacer conciencia de ello; es por eso que estos pronunciamientos sirven para generar en la opinión pública esa conciencia respecto a que debe haber un alto a la violencia que se ejerce contra las mujeres”, indicó.

Consideró que existe desdén respecto de estos atroces actos y en ese sentido es el pronunciamiento.

Dijo que un hecho tan lamentable como este no puede omitirse. “Sé que ha habido casos como estos, pero en cada uno de ellos debemos pronunciarnos; no se trata de una nacionalidad, se trata de que deje de ser invisible el tema de la violencia que se ejerce contra las mujeres”.

La Comisión también prepara un punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Gobernación para que ejerzan las acciones legales correspondientes en contra de los funcionarios y todas aquellas personas que resulten responsables de la investigación e integración de las averiguaciones y detención de Florence Cassez, a fin de que sean sancionados.

Asimismo, hace votos para que los órganos del Estado realicen las investigaciones de delitos con pleno respeto del derecho de acceso a la justicia de los procesados y de las víctimas del delito.

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