El presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vieyra, afirmó que el éxito o fracaso de un gobierno se mide por el abatimiento de los índices de pobreza y la marginación; se mide, precisó, por otros muchos índices: Estado de Derecho, normalidad democrática, debido proceso, transparencia, igualdad y no discriminación.

En este sentido, al asistir a la entrega del estudio “La infancia cuenta en México 2012. Desafíos actuales por la garantía de los derechos de la infancia”, sostuvo que a una sociedad que se presuma democrática, que aspira al desarrollo y que tiene al Estado mexicano dentro de los países de la OCDE, tiene que preocuparle la situación que guarda su niñez y adolescencia.

Y en este caso, enfatizó, se deben tener todas aquellas normas que tiendan a garantizar la mejor evolución de los seres humanos que más requieren de la atención de la sociedad, que son los niños, las niñas y los adolescentes.

Manifestó que “si bien tocar la ley con mano temblorosa, sí hacerlo con un contenido axiológico, de tal suerte de que el derecho sea una norma de moral social, provista de sanción política”.

Arroyo Vieyra aseveró: “nos estamos familiarizando con la necesidad urgente de combatir de manera decidida y con todas las agravantes de la ley todo lo que tiene que ver con estos delitos”.

“No tienen perdón de la ley, quienes atentan contra la dignidad de los niños y quienes cometen robo de infantes, desaparición de los mismos, tráfico de órganos y abusos sexuales en contra de este sector, que, por cierto, son delitos, si ustedes me permiten la digresión-, que no sólo no tienen perdón de la ley, sino que no tienen perdón de Dios, y ustedes saben por qué lo digo”, indicó.

Relató que como Senador de la República, participó de una manera muy oportuna en la modificación del artículo primero de la Constitución Política, que obliga al Estado mexicano a reconocer derechos humanos.

“Yo iría, inclusive, hasta el extremo de pensar en los derechos de los lactantes y de los no nacidos, que tienen la necesidad de contar con los nutrientes suficientes para venir al mundo en condiciones médicas y de desarrollo mental y nutricional para que les permita afrontar los primeros años de vida; los no nacidos y los derechos de los lactantes”, afirmó.

Destacó que este estudio de la Red de los Derechos de la Infancia en México, representa un análisis del marco legal mexicano y es un insumo fundamental para que la Comisión de los Derechos de la Niñez tenga los elementos necesarios para la dictaminación de su importante labor parlamentaria.

La diputada Aleida Alavez Ruiz, vicepresidenta de la Mesa Directiva, señaló que el gobierno de México retiró la declaración interpretativa del Protocolo Facultativo sobre la Participación de Niños en Conflictos Armados de la Convención sobre los Derechos de los Niños, de 1989, y asumió la responsabilidad de adoptar medidas legislativas y de política pública para impedir el reclutamiento y utilización de menores de edad por grupos armados.

El reto para quienes trabajan en el tema, dijo, es integrar información, datos y casos concretos para evidenciar que existen grupos armados en los que participan y reclutan a niños y niñas en México; unos, ligados al crimen organizado y se estatuyen como sicarios; pero también grupos de paramilitares al servicio de las fuerzas políticas locales que reclutan y usan a niños y niñas indígenas y en cualquiera de estos casos el Estado debe asumir su responsabilidad y actuar en consecuencia.

Destacó que es necesario poner a la infancia en el centro de las agendas y transitar a una ley que permita integrar la visión de los derechos superiores de los niños, niñas y adolescentes a una normatividad para todo el país. Dijo que se trabajará en un diagnóstico con el CONAPRED en torno a la situación que viven los niños y niñas en todo el país.

Se pronunció por que el documento entregado por REDIM sea un instrumento para la tarea legislativa y poder evaluar el impacto de las leyes; “que la frase la infancia cuenta se traduzca en realidad y tengamos la posibilidad de ir tejiendo otras herramientas que nos den más datos sobre las niñas y los niños”.

La diputada Patricia Elena Retamoza Vega (PRI), vicepresidenta de la Mesa Directiva, mostró su preocupación porque niños menores de 12 años se suicidan, “lo que implica que debemos meternos más en el entorno de los infantes, porque no es posible que decidan quitarse la vida cuando aún no empiezan a vivirla en su plenitud”.

Manifestó su disposición a trabajar y avanzar en esta problemática para que en el corto plazo se detenga y que no crezca más la situación de niñas embarazadas, niños suicidándose o niños en la calle.

En su participación, la diputada Magdalena Socorro Núñez Monreal (PT), secretaria de la Mesa Directiva, señaló que esta publicación facilitará la toma decisiones a favor de los derechos de la infancia, ya que ofrece indicadores clave que permiten obtener un panorama integral sobre la situación de la infancia en múltiples aspectos.

Añadió que a través de la suma de estos esfuerzos se pretende cambiar las leyes vigentes y avanzar hacia un nuevo marco normativo sustentado en la protección y garantía de los derechos de la infancia y adolescencia.

Consideró que se debe contar con medidas de seguridad que garanticen la integridad de los niños, niñas y adolescentes al navegar en Internet, por lo que adelantó que presentará una reforma para garantizar el derecho seguro en esta red.

La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD), dijo que debe contarse con un nuevo ordenamiento jurídico que garantice los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Una nueva ley, precisó, que cuente con un sistema integral, un órgano rector y la participación de dependencias de gobierno, el legislativo y judicial, a fin de que todos se involucren en impulsar políticas públicas que den respuesta a las necesidades de este sector.

“Hemos coincidido todos los partidos en dar una respuesta a las niñas, niños y adolescentes, asumiremos nuestra responsabilidad como legisladores para que en un futuro no veamos los 23 millones de niños que trabajan, no existan los 25 mil niños que están en situación de calle y los 15 millones de niños migrantes que sufren vejación”, apuntó.

Precisó que el libro “La infancia cuenta en México” refleja los retos que se deben que asumir para hacer cumplir sus derechos.

Adelantó que discutirán la Ley General de Garantías de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de que se presente en este periodo.

Enseguida, el diputado Jorge Herrera Delgado (PRI), planteó establecer en la ley una política pública de atención a la niñez, y crear una institución, un secretariado técnico desde el DIF nacional, que coordine la acción de los tres órdenes de gobierno “y no se conviertan en esfuerzos aislados, repetidos, sino que se sumen esfuerzos, voluntades y recursos para tener mejores resultados”.

Además, señaló la necesidad de tener una base de datos especializada; “vayamos al INEGI, que tiene bastante información, y que desde ahí se pueda ampliar la información para evaluar la política pública”.

En su turno, la diputada del PAN, Carmen Lucia Pérez Camarena, coincidió en que se debe crear un marco normativo y una nueva ley que garantice los derechos de las niñas y niños, aún de los no nacidos.

Las propuestas sugeridas en la obra, subrayó, nos ayudarán a enriquecer y fortalecer el debate en torno a este tema.

“Debemos trabajar para que se generen cambios a nuestra ley y que nuestros ordenamientos se actualicen, ir más allá de una armonización con las diversas instituciones e incluir mecanismos de aplicación y vigilancia”, agregó.

La diputada María del Rosario Merlín García (PRD), llamó la atención sobre programas de educación básica que, dijo, de acuerdo con el auditor superior, no tienen resultados, “como que se anuncia su desaparición” y muchos son importantes, por lo que antes de anularlos hay que ver por qué no funcionan.

Refirió que el programa de becas debería ser universal para que cualquier niño o joven que estudie tenga esa posibilidad, no solamente los de 9 ó 10 de calificaciones, pues algunos no tienen para los cuadernos o la alimentación en el recreo. También propuso rediseñar la educación básica pues consideró que la violencia se genera “porque tenemos educación sin valores”.

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza) señaló que en la segunda etapa de la reforma educativa, el análisis de la legislación secundaria, se debe establecer el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes y llamó a sumar esfuerzos para construir un país con garantías, más democrático, con igualdad de oportunidades a todos.

Por su parte, Jorge Freyre, secretario ejecutivo de la Red Latinoamérica y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redlamyc), indicó que en el país es necesario diseñar políticas públicas integrales para este grupo de la población, a fin de que actúen de manera coordinada y simultánea en beneficio de este sector.

Resaltó el trabajo de México por impulsar un sistema nacional de promoción y protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes; sin embargo, reiteró que se debe crear una institución encargada de conocer la problemática de este sector y los mecanismos que se implementan en la materia y a partir de los resultados generar políticas públicas adecuadas.

Sostuvo que el tema de la niñez y la adolescencia debe ser atendido de manera transversal, con el propósito de integrar a los diferentes actores y un sistema nacional que diseñe acciones que garantice los derechos de este sector.

Recalcó que para implementar acciones eficientes se necesita inversión, y en este sentido México ha aumentado los recursos para el gasto social, pero aún esto no es proporcional en el tema de niñez. Asimismo sugirió diseñar una encuesta a fin de conocer sus necesidades y generar políticas adecuadas que las atiendan.

La Jefa de Protección a la Infancia de la Unicef México, Alison Sutton, se pronunció por crear mecanismos de coordinación de la política de infancia que reúna sectores y órdenes de gobierno; un sistema de información con datos que ayuden a los tomadores de decisión a examinar la cobertura de las políticas y respuestas a situaciones de incumplimiento de derechos, así como un presupuesto transparente.

Asimismo, dijo, es necesario mejorar los mecanismos de protección especial; organizar la oferta de las políticas básicas para que sean las más universales; mecanismos eficientes de prevención y respuestas a las violaciones de derechos.

En el mismo sentido, Ricardo Bucio Mujica, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), señaló que se requiere un proyecto de política de Estado que integre la protección a la infancia que no tenga como eje principal la asistencia ni una mirada paternalista, sino una garantía de derechos y acceso a la justicia.

Detalló que el libro es un referente para el análisis de políticas, servicios y perspectivas de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes.

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