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Boletín N°. 0991 Aprueban minuta que expide la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

27-02-2013.- La Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó con la unanimidad de 25 votos a favor, el dictamen a la minuta que expide la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para garantizar que aseguradoras y afianzadoras cuenten con la solvencia, estabilidad y seguridad financiera para cumplir sus obligaciones.

El presidente de la Comisión, diputado José Isabel Trejo Reyes (PAN), adelantó que el dictamen, que también modifica la Ley sobre el Contrato de Seguros, será discutido y, en su caso, aprobado por el Pleno, en la sesión de mañana jueves 28 de febrero.

Precisó que la minuta entraría en vigor a partir del primero de enero de 2014, y representa un enorme beneficio para los usuarios, pues contempla mejor regulación de los seguros.

Con este ordenamiento, se precisa en el dictamen, se someterá a “pruebas de estrés periódicas” la solvencia económica de estas instituciones, con el propósito de evaluar si es o no suficiente su capital, a partir de la simulación de escenarios extremos desfavorables que serán revisados por el consejo de administración.

Además, prevé un “seguro de caución”, que consiste en el “pago de una indemnización al asegurado a título de resarcimiento o penalidad por los daños patrimoniales sufridos” por el incumplimiento del contrato.

Permite que las instituciones desarrollen un modelo interno para determinar el capital que requieren, pero si éste no cumple con los requisitos establecidos, se deberán presentar programas de regularización.

El dictamen también precisa que en caso de no subsanar la irregularidad, se aplicarán sanciones que pueden llegar a la revocación de la autorización.

La nueva Ley dispone que las aseguradoras y afianzadoras formulen sus propias políticas de inversión, con objetivos claros, equilibrio entre activos y pasivos, liquidez y coherentes con la naturaleza y moneda en la que se asumen las obligaciones.

Adicionalmente, tendrán la obligación de transparentar su situación financiera frente al mercado, de dar a conocer información sobre su perfil de riesgo y nivel de capitalización y contar con calificaciones de calidad crediticia.

En este sentido, se refieren las facultades de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas enfocadas a supervisar, con mayor énfasis, la adecuada administración de riesgos por parte de las instituciones.

Asimismo, establece que se pueda prohibir o limitar la adquisición de activos o instrumentos cuando representen riesgos excesivos para la cartera de las instituciones, pues de esta manera las autoridades podrán actuar ante situaciones que ameriten su intervención en la protección del sistema financiero y de los usuarios.

El dictamen está orientado a garantizar, en la medida de lo posible, que las aseguradoras y afianzadoras, como otras instituciones financieras, cuenten con recursos económicos suficientes para cumplir con las obligaciones frente al público usuario.

Previamente, el presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Manuel Sergio Aguilera Verduzco, explicó que se tienen cuatro propósitos: solvencia, competencia, seguridad y desarrollo.

Tan sólo con la solvencia, dijo, se busca fortalecer la posición financiera de las instituciones de seguros y fianzas, y robustecer las labores de regulación y supervisión a cargo de la SHCP y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Con la seguridad, precisó, se introducen nuevos elementos para hacer que estas instituciones operen de manera más transparente hacia los usuarios y mejoren su conducta en el mercado.

Miscelánea mercantil

De igual modo, la Comisión de Hacienda y Crédito Público inició el análisis de la iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código de Comercio; y de las leyes generales de Sociedades Mercantiles, de Sociedades de Inversión, General de Títulos y Operaciones de Crédito, Federal de Derechos, y Orgánica de la Administración Pública Federal.

Con esta llamada miscelánea mercantil, explicó, el diputado proponente José Arturo Salinas Garza (PAN), se busca contar con un marco regulatorio que facilite la actividad empresarial en la economía formal.

Lo anterior, agregó, a través de mayor certeza jurídica a las partes involucradas en actos mercantiles; proteger y equilibrar los derechos de los accionistas minoritarios; permitir un mejor uso del patrimonio de las empresas y, eliminar costos y trámites innecesarios.

Salinas Garza precisó que se plantea evitar que existan obstáculos a la apertura y crecimiento de las empresas, en particular de las Pequeñas y Medianas (Pymes), que no cuentas con los recursos para solventar los costos administrativos generados por una regulación excesiva y trámites complicados.

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