27-02-2013.- La Comisión de Asuntos Frontera Norte impulsará un punto de acuerdo para citar a la concesionaria Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) para que explique el trato inadecuado a legisladores y a la ciudadanía en el aeropuerto internacional de Tijuana, así como su negativa a pagar el impuesto predial.

El presidente de esta instancia, diputado Jaime Bonilla Valdez (PT) denunció la falta de atención a la ciudadanía “y parece que el motivo es el dinero”, de ahí que propusiera insistir en que se presente el representante de GAP.

“Si hay que pedírselo al Congreso se lo pedimos, y si hay que hacer un punto de acuerdo, lo hacemos”, además, continuó, “es un particular que tiene un bien nacional y tiene que rendir cuentas. Si no es al Congreso, ¿a quién?”.

Señaló la urgencia de esa reunión para contar con toda la documentación e investigar si la negativa a pagar el impuesto predial es causa para rescindir la concesión.

“¿Por qué no hay recisión? ¿Con quién están arreglados? Eso es lo grave de esto. Vamos a abrir la cloaca y a ver qué resulta”, enfatizó.

Refirió que este grupo recibió en 1998 una concesión por 50 años; tiene inversionistas extranjeros y se desconoce la integración nacional de los accionistas, por ello consideró que es prudente que la Comisión siga la huella a la concesión para estar informados “y no asustarnos cuando veamos que son intocables por lo que les queda de la concesión, que son treinta y tantos años”.

Durante una reunión de este grupo, la diputada María Carmen López Segura (PRI), secretaria de la Comisión, afirmó que quienes usufructúan un aeropuerto se comportan como si fuesen dueños absolutos del espacio, en forma prepotente, grosera y se niegan terminantemente a pagar impuesto predial.

“Quizá el tema no se relacione con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), sino con el Sistema de Administración Tributaria, pero lo pongo como ejemplo para que analicemos la osadía de las personas a quienes se les otorgó la concesión y no cumplen sus obligaciones fiscales”.

Cuestionó si la SCT, además de dar la concesión, permitió o autorizó que no se pague el impuesto predial, pues “adeudan más de 200 millones de pesos y una ciudad como Tijuana, por ejemplo, requiere del apoyo de todos los que usufructúan un bien para que aporten”.

En su oportunidad, la diputada Flor Ayala Robles Linares (PRI) propuso la creación de una comisión especial para investigar las concesiones de los aeropuertos.

Del PAN, el diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado, secundó la propuesta y aseveró: “Ya se citó a Aeronáutica Civil por el mal actuar de un concesionario, ahora hay que hacer investigación de cómo se otorgan las concesiones y aprobar un punto para beneficiar a la comunidad”.

El diputado Trinidad Secundino Morales Vargas (PRD) destacó que existe un trato inadecuado, despótico y existe el impedimento de un acuerdo de esta soberanía que implementó el Programa Diputada Amiga, Diputado Amigo para orientar y facilitar las cosas.

“Se nos impide en un aeropuerto y la secretaría responsable no dice nada; el secretario responsable de vigilar que funcionen adecuadamente estas concesiones no dice nada, ni da una amonestación a quien trató mal a nuestros compañeros y al Congreso”.

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