28-02-2013.- La Cámara de Diputados aprobó con 423 votos a favor, 12 en contra y una abstención expedir la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, para garantizar que empresas de ambos ramos cuenten con la solvencia, estabilidad y seguridad financiera suficientes para cumplir sus obligaciones.

El dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público señala que con este ordenamiento se someterá a “pruebas de estrés periódicas” la solvencia económica de estas instituciones, con el propósito de evaluar si es o no suficiente su capital.

Además, prevé un “seguro de caución” que consiste en el “pago de una indemnización al asegurado a título de resarcimiento o penalidad por los daños patrimoniales sufridos” por incumplimiento del contrato.

Asimismo, permite que las instituciones desarrollen un modelo interno para determinar el capital que requieren, pero si éste no cumple con los requisitos establecidos, se deberán presentar programas de regularización.

El dictamen también precisa que en caso de no subsanar la irregularidad, se aplicarán sanciones que pueden llegar a la revocación de la autorización.

La nueva Ley dispone que las aseguradoras y afianzadoras formulen sus propias políticas de inversión, con objetivos claros, equilibrio entre activos y pasivos, liquidez y coherentes con la naturaleza y moneda en la que se asumen las obligaciones.

Del mismo modo, tendrán la obligación de transparentar su situación financiera frente al mercado, de dar a conocer información sobre su perfil de riesgo y nivel de capitalización y contar con calificaciones de calidad crediticia. Se faculta a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas a supervisar, con mayor énfasis, la adecuada administración de riesgos por parte de las instituciones.

También, establece que se pueda prohibir o limitar la adquisición de activos o instrumentos cuando representen riesgos excesivos para la cartera de las instituciones, pues de esta manera las autoridades podrán actuar ante situaciones que ameriten su intervención en la protección del sistema financiero y de los usuarios.

El dictamen está orientado a garantizar, en la medida de lo posible, que las aseguradoras y afianzadoras, como otras instituciones financieras, cuenten con recursos económicos suficientes para cumplir con las obligaciones frente al público usuario.

Al fundamentar el dictamen, el diputado José Isabel Trejo Reyes, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, explicó que la nueva Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas abrogará las actuales Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

Detalló que el propósito es la solvencia mediante el cual se busca fortalecer la posición financiera de las entidades aseguradoras y afianzadoras, así como robustecer las labores de regulación y supervisión a cargos de autoridades responsables.

Añadió que se trata de un modelo de solvencia más avanzado en materia de seguros y fianzas a nivel internacional, el cual enfatiza un balance apropiado entre requerimientos cuantitativos y cualitativos.

El modelo que se incorpora en la nueva Ley, dijo, está basado en mecanismos para una determinación más precisa de los requerimientos cuantitativos, que en materia de reservas técnicas y requerimientos de capital deben cubrir este tipo de instituciones.

Subrayó que al aumentar el número de opciones disponibles en este mercado, no sólo se estimula la competencia, sino que se crean elementos que permiten hacer más ciertas y ágiles las transacciones económicas entre particulares y con el gobierno, incentivando con ello un funcionamiento más dinámico de nuestra economía.

Precisó que la nueva ley prevé, entre otros aspectos, la obligación para que estas entidades remitan a la Condusef sus contratos de adhesión, para que formen parte del Registro Público de Contratos de Adhesión. “Aquí la Condusef forma una especie de defensora, de ombudsman de los usuarios de los derechos financieros”, dijo.

Asimismo, se establecen mecanismos para la regulación en la presentación de estados de cuenta, para el caso de los seguros con componentes de ahorro e inversión. De igual forma, un marco regulatorio apropiado para los ajustadores de seguro, de forma tal que se eleve la calidad del servicio que estos profesionales.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco (Nueva Alianza) destacó la importancia de que la persona que contrata un seguro tenga la confianza de que en todo momento estará plenamente garantizada la obtención del producto contratado.

La nueva ley, añadió, generará condiciones para estimular una mayor competencia en los mercados asegurador y afianzador, situación que necesariamente incrementará los niveles de eficiencia en sus operaciones arrojando mayores beneficios a los usuarios. Esto propiciará una mayor transparencia, así como el mejoramiento de la conducta del mercado fortaleciendo la confianza de los consumidores.

Por el PT, la diputada Loretta Ortiz Ahlf señaló que este nuevo ordenamiento prevé que las aseguradoras determinen los niveles de reserva mínimos de la operación y garantía avalados por un actuario y por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

“Esto a nuestro juicio no genera las condiciones de seguridad para los contratantes de seguro o una fianza, y abre la puerta al riesgo de que la institución entre en crisis y pueda quedar en estado de quiebra sin poder asegurar el cumplimiento de sus obligaciones”, puntualizó.

En su turno, el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (MC) comentó que de acuerdo con la información presentada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en el año 2012 operaban 99 compañías de seguros, de las cuales el 63 por ciento trabajan con capital extranjero y concentran una cuota del 70 por ciento del volumen de materias primas, y el otro 37 por ciento sólo se manejan a través de capital local.

Consideró que lo planteado en la nueva Ley, sobre la posibilidad de que estas instituciones cuenten con un modelo interno para calcular su requerimiento de capital y solvencia, significa un paso importante, ya que cada institución podrá tomar en cuenta sus necesidades en el cálculo sobre el monto del capital que demandan.

El diputado Tomás Torres Mercado (PVEM) afirmó que con esta nueva ley se establecen mecanismos para que en materia de seguros o de fianzas, cuando se pagan los riesgos o se cubren las obligaciones de una póliza de fianza, no caigan en la insolvencia las instituciones, que son parte del sistema financiero de un país.

Subrayó que se avanza en transparencia, se establecen otros mecanismos de seguros y de fianzas para el respaldo técnico, pero además se le da facultades a la Condusef.

Del PRD, el diputado Fernando Cuéllar Reyes recalcó que el sistema financiero a partir de esta ley obliga a que las instituciones determinen mediante su sistema de administración, el techo financiero que requieren para cumplir con sus obligaciones.

“Está claro, vamos por un asunto de solvencia, un asunto de seguridad y sobre todo un elemento relevante que tiene que ver con los derechos de los usuarios de estos instrumentos”, indicó.

Por su parte, el diputado Glafiro Salinas Mendiola (PAN) enfatizó que con estas reformas este sector podría, en un futuro, contribuir con el sistema nacional de pensiones aprovechando su infraestructura y su experiencia.

También, dijo, complementará con su experiencia el manejo de cobertura de gastos médicos y de salud y aprovechará los efectos negativos que genera el cambio climático al disponer de esquemas de seguridad que permitan cubrir las pérdidas económicas provocadas por estos fenómenos naturales.

El diputado Jorge Herrera Delgado (PRI) indicó que con esta ley, los usuarios tendrán mayor información para decidir con qué instituciones podrán realizar sus operaciones de seguros y fianzas, estimulando una mejor atención de las empresas, así como la competencia e innovación en el mercado y fortalecer la confianza de los usuarios.

Mencionó que los principales beneficios para el país será que México estará a la altura de los máximos estándares internacionales en la materia, hecho que provocará una mayor estabilidad, requisito indispensable para el financiamiento de las actividades productivas y generar mejores condiciones para el empleo.

La reforma se envió al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

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