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Boletín N°. 1772 Aprueban en Comisión dictamen sobre disciplina financiera de estados y municipios

• Garantiza en el mediano y largo plazos un manejo adecuado de las finanzas públicas

• La deuda se duplicó en cuatro años; se ha abusado de ese medio de financiamiento
03-07-2013.- La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó, en lo general -17 en pro y 1 abstención- y en lo particular, el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de disciplina financiera de los estados y los municipios.

Con las modificaciones a los artículos 25, 73, 74, 79, 108, 116 y 117 de la Carta Magna, se garantiza en el mediano y largo plazos un manejo adecuado de las finanzas públicas, con el fin de generar condiciones que permitan el crecimiento de la economía en beneficio de la población.

Establecen un marco constitucional que hace posible un uso más eficiente, responsable y transparente de los recursos públicos por parte de funcionarios estatales y municipales, que dará certeza a los ciudadanos de que sus impuestos están siendo destinados de la mejor forma posible.

En el dictamen de la Comisión que preside el diputado Julio César Moreno Rivera (PRD) se precisa que la deuda bien utilizada es un instrumento de desarrollo, pues tiene destinos claros y viables, una aprobación transparente y de amplio consenso, un registro total de los compromisos, una proporción razonable de los ingresos y es eficazmente supervisada.

Se refiere que en los últimos años, algunos estados y municipios han abusado de ese medio de financiamiento, acompañado de la falta de normas que pongan límites y obliguen a la transparencia y rendición de cuentas.

De acuerdo con el dictamen, se argumenta que el tema de la deuda pública estatal y municipal ha cobrado importancia dado su nivel de crecimiento y su impacto en las finanzas públicas locales.

En el periodo 2000-2007, el saldo de las obligaciones financieras de entidades federativas aumentó en promedio 6.0 por ciento al año en términos reales, mientras que para el periodo 2008-2012, la deuda aumentó en un monto de 231 mil 691 millones de pesos (mdp), equivalentes a 114.1 por ciento respecto del cierre de 2008, por lo que en cuatro años se duplicó nominalmente.

Se indica que el problema de deuda no es generalizado y se encuentra focalizado en algunas entidades. En 2012, 13 estados concentraron 82.1 por ciento del total de la deuda subnacional.

El crecimiento de la deuda también está relacionado a contingencias por la afectación de la infraestructura local ante desastres naturales, bajas tasas de interés y ampliación en el plazo de financiamiento, así como el aumento de la oferta de financiamiento de la banca comercial y las oportunidades para la emisión de certificados bursátiles.

La Comisión precisa que la solución a la problemática del endeudamiento acelerado de los gobiernos estatales requiere de una reforma de las finanzas públicas y del federalismo hacendario, que transformen las causas primarias que dan origen a la problemática que se está enfrentando.

La reforma establece un marco general aplicable a los diferentes órdenes de gobierno y, al mismo tiempo, respeta el ámbito de competencia de los gobiernos locales en la emisión de sus respectivos ordenamientos legales, la autorización de sus paquetes económicos y, en particular, en la aprobación de los montos anuales de endeudamiento y en los procesos de contratación correspondientes.

Posicionamientos

La diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano (PRI) expresó que con estas modificaciones se da respuesta a una demanda ciudadana, pues ningún partido o entidad federativa queda exenta del problema que hoy representa la deuda pública.

Agregó que se crean reglas claras sobre el endeudamiento, pero se manifestó para que éstas sean de acuerdo a la infraestructura y desarrollo de cada uno de los estados. “Estamos hablando de una reforma constitucional que dará las bases de lo que la sociedad requiere”.

El diputado Damián Zepeda Vidales (PAN) afirmó que se ha convertido en un grave problema el manejo irresponsable de las finanzas públicas a nivel local, estatal y municipal, debido a “la poca dureza de la legislación”, por lo que deben existir reglas generales que establezcan criterios de finanzas públicas sanas.

Los ciudadanos, dijo, no merecen que gobernadores en turno o alcaldes puedan comprometer su propio futuro, por eso se fija una legislación en materia de deuda pública que incluye una definición, límites máximos de afectación, así como fortalecimiento del régimen de fiscalización, de la autonomía de los estados y municipios para contratar deuda de corto plazo y al régimen de sanciones.

Del PRD, la diputada Amalia Dolores García Medina resaltó que en este tema debe actuarse con responsabilidad; “no es que no se contrate deuda sino que no hipoteque la viabilidad ni de los municipios ni de los estados; el asunto es garantizar que se haga con responsabilidad”.

Solicitó construir mayores consensos para el beneficio de la responsabilidad de las entidades federativas y municipios, y se incluya la participación del Congreso de la Unión para que conozca las condiciones y características en que se contrata esta deuda, y no únicamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado (PVEM) argumentó que con estas reformas se suman más elementos a la transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, agregó, la Cámara de Diputados debe construir una Reforma Hacendaria, que haga una redistribución de los recursos, de manera más equitativa e igualitaria.

Hizo votos por impulsar reformas más justas a fin de que los estados tengan un mejor desarrollo social y se fortalezca el federalismo. “Los conmino a que así como nos estamos preocupando porque los estados tengan un límite y puedan rendir cuentas de mejor manera, pongamos a debate la situación de cada estado”.

Por Movimiento Ciudadano, el diputado Ricardo Mejía Berdeja dijo que el tema de las deudas estatales, es uno de los problemas más graves del país, junto con la seguridad pública. Del 2008 a 2012, las deudas de los estados y municipios pasaron de 213 mil millones de pesos a 434 mil millones de pesos.

Indicó que en cuatro años se duplicó el monto de las deudas estatales, “lo cual habla de una orgia financiera que se vive en estados y municipios”. Los estados que presentan un mayor endeudamiento son el Distrito Federal, Nuevo León, Veracruz, Estado de México, Coahuila y Jalisco.

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza) expresó que el dictamen es de suma trascendencia, toda vez que se tiene que actuar con responsabilidad ante una serie de acontecimientos de endeudamiento que han castigado el ejercicio del poder en el ámbito municipal.

Con la reforma, detalló, se busca transparentar la contratación de deuda pública, establecer límites a la misma, fijar requisitos indispensables para su acceso y otorga facultades a la Auditoría Superior de la Federación, con la finalidad de una mejor rendición de cuentas.

Al hablar a favor, el diputado Fernando Rodríguez Doval (PAN) mencionó que la deuda pública es relevante para el país, “pues hemos visto cómo se ha hipotecado el futuro de muchas entidades federativas por la irresponsabilidad de sus gobernadores”.

Este problema, destacó, se ha agudizado en los últimos años. De 20 años para acá se ha pasado de 27 mil millones de pesos a 436 mil millones, es decir, más del 81 por ciento de las participaciones federales.

Discusión en lo particular

Con 17 votos a favor y 1 abstención, se aprobó la reserva del diputado Héctor Humberto Gutiérrez De la Garza (PRI) a diversos artículos e impulsada por legisladores del PAN, PRD, PVEM, Nueva Alianza y PRI, así como precisiones de Ricardo Mejía Berdeja (MC), la cual contiene adecuaciones de índole técnico.

En ellas, dijo, se precisa de manera muy clara las atribuciones que tiene el Congreso de la Unión y no sólo la Cámara de Diputados o de Senadores, sobre el particular, y a su vez señala una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados para opinar en el caso de garantías en el tema de participaciones.

También, con 17 votos en pro y 1 abstención, se avaló la reserva del diputado José Alfredo Botello Montes (PAN) para adicionar un artículo octavo transitorio, a fin de que la Ley Reglamentaria establezca las modalidades y condiciones de deuda pública que deberán contratarse a través de una licitación pública.

En términos del dictamen y con 17 votos a favor, 0 abstenciones y 1 en contra, se aprobaron las reservas no aceptadas a los artículos 25 fracción II, 73 párrafo VIII numeral I, 74 fracción VIII y 79 fracción I párrafo II.

De igual modo, se avaló con 17 votos a favor y 1 en contra, en términos del dictamen las reservas a los artículos 74 fracción VII y VIII y el 117 fracción VIII.

Con el dictamen, se faculta al Congreso de la Unión a iniciar leyes en materia de responsabilidad hacendaria, que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas, con base en los principios de equilibrio presupuestario y la sostenibilidad financiera.

También, a iniciar leyes que establezcan las bases generales para regular la deuda pública de los estados, del Distrito Federal y los municipios.

Para ello, las entidades y municipios podrán incurrir en endeudamiento, observando los principios de responsabilidad hacendaria; los límites y modalidades bajo los cuales podrán afectar sus participaciones; inscribir y publicar todos sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro único; establecer un "sistema de alerta" sobre el manejo de la deuda; y las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan dichas disposiciones.

La intención es que todas las obligaciones de pago, con independencia de cómo se denominen, queden perfectamente armonizadas, homologadas y sean transparentes.

Se establece un control de la Cámara de Diputados sobre las entidades federativas y los municipios, en materia de deuda pública. Por lo que, a través de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, se podrá conocer y en su caso, objetar la estrategia de ajuste de finanzas públicas de los estados que tengan niveles elevados de deuda.

Para ello, tendrán que ser enviadas a la Cámara de Diputados, las estrategias de ajuste, que se vayan a llevar a cabo, e incorporar los convenios que dichos órdenes de gobierno pretendan celebrar con el Gobierno Federal para obtener garantías.

Con el objeto de reforzar la rendición de cuentas, se conceden facultades a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar que el Gobierno Federal otorgue las garantías con cargo al crédito de la Nación en forma adecuada.

Además, la Auditoría Superior de la Federación, podrá fiscalizar directamente a los estados, a los municipios, al Distrito Federal y a los órganos políticos-administrativos de sus demarcaciones territoriales, cuando accedan a dichas garantías, para auditar el destino y el ejercicio de los recursos correspondientes.

Los recursos federales serán fiscalizados aún y cuando sean destinados y ejercidos por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, así como los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra forma jurídica.

Se mandata a los gobiernos locales a que contemplen en sus Constituciones la responsabilidad en que incurren los servidores públicos de los estados y de los municipios, por el manejo indebido de recursos públicos y de la deuda pública.

El dictamen mantiene la prohibición para contraer obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, personas físicas o morales, extranjeras, así como aquéllos que deban cubrirse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.

Se instituye que las legislaturas locales, tendrán que aprobar los empréstitos y obligaciones por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago.

Además, se impide expresamente que se destinen los recursos de los empréstitos a cubrir gasto corriente, como un principio básico de responsabilidad fiscal.

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