• La legislación única que expida el Congreso entrará en vigor, a más tardar el 18 de junio de 2016
• Se fortalecen los criterios judiciales y el Estado de derecho: diputado Julio César Moreno Rivera

17-07-2013.- La Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la minuta que reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política, para facultar al Congreso de la Unión a legislar en materia procesal penal y su unificación en toda la Federación.

También, sobre mecanismos alternativos de solución de controversias y ejecución de penas en materia de delincuencia organizada, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

El dictamen aprobado en lo general y particular -con 453 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones- en la segunda sesión del Periodo Extraordinario, se mandó a las legislaturas locales para efectos del artículo 135 constitucional.

Se precisa que al legislar en materia procesal penal única, todo el sistema estaría bajo la regla de legalidad y se inhibirían actuaciones arbitrarias del juzgador, dado que se tendría una aplicación de criterios homogéneos y coherentes.

Del mismo modo, ayudaría a la operatividad del nuevo sistema penal; daría certeza jurídica para el gobernado, y se abatiría la corrupción e impunidad al reducir cualquier coyuntura legal, derivada de la diversidad de normas.

Se resalta en el documento que al contar con las facultades para legislar en materia procesal penal, los diputados tendrán bases sólidas para crear un Estado de derecho óptimo.

En los artículos transitorios se precisa que la legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que expida el Congreso de la Unión conforme al presente Decreto, entrará en vigor en toda la República a más tardar el 18 de junio de 2016.

Además, la legislación vigente en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas expedida por el Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, continuará en vigor hasta que inicie la vigencia de la legislación que respecto de cada una de dichas materias expida el Congreso de la Unión.

Se resalta que los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta nueva legislación procedimental penal, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes al momento de iniciarse dichos procedimientos.

Al fundamentar, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Julio César Moreno Rivera (PRD), expresó que una legislación procesal penal única tiene relevancia porque el tema recae en el hecho de que en el país existe una pluralidad de legislaciones procesales que propician situaciones de injusticia y arbitrariedad.

Con esta reforma, detalló, se fortalecen las bases del debido proceso como parte esencial de una serie de tareas que se requieren, a fin de materializar el sistema de justicia penal, derivado de la reforma constitucional realizada en julio de 2008.

Se busca, dijo, establecer un modelo jurídico único de legislación procesal penal, de justicia alternativa y de ejecución de sanciones, a fin de evitar distintas maneras de procurar, administrar la justicia penal, y de incumplir las penas.

Moreno Rivera resaltó que esta medida unificadora de la política criminal del país, tiene la finalidad de que el sistema de justicia penal sea similar en todo el territorio nacional, lo cual se traducirá en un beneficio para el juzgador, el procesado y la víctima, ya que se regirá bajo un esquema de certeza y seguridad jurídica.

También, indicó, se plantea unificar la ejecución de sanciones evitando la dispersión de la aplicación de la norma y brindando certeza jurídica al sentenciado.

“Esta reforma constitucional tiene como fin propiciar una administración de justicia eficiente, congruente, respetando los derechos fundamentales en un marco de seguridad jurídica, trato igualitario y debido proceso para los habitantes del país, fortaleciendo los criterios judiciales y el Estado de derecho”, afirmó.

La diputada Delvim Fabiola Barcenas Nieves (PRI) señaló que la situación de inseguridad en la que ha vivido inmerso el país trajo consigo la incapacidad de las instituciones para otorgar la debida atención y la protección de los derechos de las víctimas, así como garantizar un justo enjuiciamiento de quienes infrinjan la legislación penal.

El resultado, detalló, son agencias ministeriales, juzgados, Centros de Readaptación y defensorías de oficio, rebasadas por la carga excesiva de trabajo; funcionarios de los tres niveles de gobierno, acusados de ineficiencia o de corrupción; reclusorios desbordados por la población penitenciaria; inocentes o pobres saturando las cárceles; y delincuentes caminando impunes en las calles.

Por ello, se manifestó por construir las bases de un sistema que garantice la adecuada protección de la ciudadanía, sus bienes jurídicamente tutelados y el apropiado juzgamiento de quienes son señalados como transgresores de las normas penales.

De Acción Nacional, el diputado Carlos Fernando Angulo Parra detalló que los principales problemas al contar con una legislación procesal por cada entidad son diversos, pues se tienen 33 legislaciones adjetivas en materia penal y 33 criterios diversos que provocan una gran oportunidad a los delincuentes.

La unificación y sistematización de criterios entre las entidades federativas, dijo, dará una mejor coordinación y operadores jurídicos del nuevo sistema de justicia penal, con mayor certidumbre para todos los involucrados. “Vamos a tener una justicia que le garantizará al detenido el pleno ejercicio de sus derechos humanos y a las víctimas el pleno ejercicio de su reparación”.

Resaltó que el origen de un nuevo sistema penal para la República tuvo su nacimiento con las reformas constitucionales de 2008 y así esta etapa de implementación del sistema oral y acusatorio ha tenido un muy lento desarrollo, por lo que es inaceptable que a cinco años de esta reforma ni siquiera la mitad de las entidades haya implementando el sistema, manteniendo a los gobernados bajo el yugo del sistema inquisitorio.

A su vez, el diputado Fernando Zárate Salgado (PRD) subrayó que la reforma si bien resulta simple, sus implicaciones son muy grandes, ya que contempla el otorgamiento de facultades al Congreso para emitir una legislación procesal penal única que consuma el proceso iniciado con la reforma constitucional promulgada en 2008, para el establecimiento del sistema de justicia penal acusatorio.

Esta reforma, detalló, implica eliminar la existencia de 33 códigos procesales penales en el país y sustituirlos por uno único que establezca las bases, que le dé contenido y que establezca sobre todo los límites y las sanciones para todos los tipos penales y todo el proceso penal que se establece en nuestro país.

Indicó que es ilógico, incoherente e injustificable fomentar criterios distintos a casos iguales e incluso el extremo de ser opuestos como ocurre en distintos estados del país. “No es una reforma que viole el federalismo ni tampoco las facultades previstas por los estados de la República”, aseguró.

El diputado Antonio Cuéllar Steffan (PVEM) resaltó que en México existe un estado creciente de inseguridad pública que mantiene en la zozobra a la nación. “Esta zozobra deriva de la impunidad, la cual se traduce en la falta de aplicación de las leyes para castigar a todos aquellos que incurren en actividades antisociales claramente identificadas como delitos”, explicó.

Por ello, expresó, la necesidad de que las autoridades encargadas de la procuración y de la investigación de los delitos, así como a las encargadas de castigarlos y sancionarlos, tengan los elementos para que cumplan sus funciones.

Por Movimiento Ciudadano, la diputada Zuleyma Huidobro González indicó que aprobar este dictamen implicará la posibilidad de implementar una reforma integral al sistema de justicia penal y la posibilidad de integrar en un solo frente a todas las autoridades ejecutivas y judiciales del orden estatal y federal, a través de una legislación común.

Coincidió en la necesidad de construir no un catálogo de delitos penales, pero sí una legislación penal general que permita a las distintas instancias y niveles jurisdiccionales asaltar con decisión y firmeza el fenómeno delictivo que afecta al país y que vulnera a las familias.

La diputada Loretta Ortíz Ahlf (PT) expresó que en el nuevo código de procedimientos penales único se tendrán que establecer las formalidades esenciales del procedimiento, respetar las garantías individuales, así como los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

Denunció que a la fecha no se ha logrado una unificación de la legislación estatal, en materias de secuestro, trata de personas, tráfico de migrantes, desaparición forzada, feminicidio y delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o libertades de expresión o imprenta.

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza) reconoció que en el país existe una enorme deuda social en materia de impartición de justicia, la cual demanda un sistema efectivo, rápido y transparente. “Una legislación procedimental penal única otorgará certeza y seguridad jurídica a los gobernados y sin lugar a dudas fortalecerá el Estado de derecho”, dijo.

Al instituir la distribución de competencias en la persecución, atención y sanción de los delitos, afirmó, se busca concluir la profesionalización ministerial, pues su ausencia ha generado procesos penales con escasas evidencias, falta de protocolos uniformes de investigación, recurrente fabricación de culpables, violación constante a los derechos humanos, e incluso la comisión de delitos en las diligencias por servidores públicos malintencionados, corruptos o ignorantes de su función.

En pro del dictamen, la diputada Luisa María Alcalde Luján (Movimiento Ciudadano), sostuvo que la diversidad de códigos no nada más dificulta la implementación del nuevo sistema de justicia, sino motiva criterios de interpretación contradictorios entre las entidades federativas, dificulta la coordinación entre las autoridades y fomenta la improvisación legislativa.

Por lo que, añadió, la unificación de las leyes procesales en materia penal es el mejor camino para remediar la dispersión legislativa y las inconsistencias y vicios entre las leyes locales y federales. “La unificación brindará certeza jurídica a la sociedad evitando que exista desigualdad en la manera de juzgar a los ciudadanos”, confió.

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