17-07-2013.- La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones la minuta que adiciona una fracción XXIX-R al artículo 73 de la Carta Magna, en materia de registro público inmobiliario y de personas morales de las entidades federativas y catastros municipales.

Con 424 votos a favor, 26 en contra y 4 abstenciones, se acordó facultar al Congreso de la Unión a expedir la Ley General que armonice y homologue la Organización y el Funcionamiento de los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales de las Entidades Federativas y los Catastros Municipales.

En el dictamen, devuelto al Senado de la República para sus efectos constitucionales, se detalla que este ordenamiento incidirá en políticas públicas orientadas al desarrollo y ordenamiento urbano y de vivienda, así como a la obtención de recursos fiscales mediante la recaudación de los impuestos predial y de traslados de dominio.

La intención, se menciona, es crear una normativa que unifique los procedimientos registrales, así como la agilización de los trámites, para lograr seguridad y certidumbre jurídica de la cual carecen los organismos registrales estatales.

Se precisa que al fortalecer a la institución catastral se robustecerán las haciendas locales por medio de la recaudación de impuestos inmobiliarios dentro del marco de seguridad jurídica de la propiedad, y se podrá generar información para el ordenamiento territorial y las políticas públicas de desarrollo urbano y vivienda.

En la fundamentación, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Julio César Moreno Rivera (PRD), dijo que en la actualidad el Registro Público de la Propiedad presenta diversos problemas, que inciden en la seguridad jurídica de la propiedad.

Tal situación, precisó, trae como consecuencia un impacto al catastro que cada entidad federativa tiene y con el cual le permite determinar la base gravable para el pago del impuesto predial y de traslado de dominio.

Resaltó que a pesar de que las entidades federativas han implementado programas para mejorar, modernizar y actualizar los registros públicos, éstos no han logrado su objetivo: “contar con un registro público eficiente y eficaz, que otorgue certeza y seguridad jurídica a los actos que por ley deben ser inscritos”, afirmó.

Moreno Rivera subrayó que la reforma tiene como principal objetivo contar con una normativa que permita unificar esfuerzos y recursos de los tres órdenes de gobierno, ya que actualmente existe dispersión de leyes, acuerdos y demás dispositivos normativos en materia de registro inmobiliario, generando políticas encontradas o dispersas.

Aclaró que la única facultad que tendrá el Congreso será expedir la base jurídica que permita crear una ley en la cual se determinen los términos del procedimiento de registro, procesos, sistemas, mecanismos de coordinación para la capacitación y modernización, para que mediante el uso de las nuevas tecnologías se lleven a cabo todos los trámites correspondientes.

La reforma constitucional, destacó, otorgará seguridad jurídica a la propiedad y facilitará la traslación de dominio de los inmuebles. Además, los estados y municipios tendrán una herramienta útil para diseñar mejores políticas de desarrollo y ordenamiento urbano y de vivienda.

La diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano (PRI) resaltó que en la medida que se fortalezca a las instituciones catastrales, se robustecerá a las haciendas locales, a través de la recaudación de impuestos inmobiliarios como el predial y el traslado de dominios dentro del marco de seguridad jurídica de la propiedad.

Sostuvo que esta reforma es fundamental ya que resulta a todas luces prioritario generar información para el ordenamiento territorial y para la política pública de desarrollo urbano y vivienda, con lo que se evitarán miles de litigios hereditarios por falta de claridad en las propiedades.

Por el PAN, el diputado Ricardo Villarreal García señaló que si no se tiene garantizada la propiedad en el país no se podrá hablar de crecimientos económicos, de desarrollo, y “de absolutamente nada porque todo empieza en la seguridad jurídica de las propiedades de todos los mexicanos”.

Dijo que es importante generar esta homologación que no es quitarle facultades, porque los registros públicos seguirán siendo estatales, los catastros seguirán siendo municipales, pero “sí tendremos un mucho mejor orden al homologarlos, armonizarlos y garantizar que las cosas funcionen”.

A su vez, el diputado José Ángel Ávila Pérez (PRD) recordó que en los últimos años se han celebrado diversos convenios de colaboración entre la Federación y los estados para regularizar y homogeneizar los sistemas registrales en el país, pero “desgraciadamente los resultados han sido muy pobres e insuficientes para garantizar que se pueda aprovechar la información”.

Hizo votos por regular el federalismo hacendario, dado que es tan insuficiente que ni los estados ni los municipios tienen el dinero necesario para hacer sistemas registrales adecuados. “Lo federal debe permanecer siendo federal, pero lo estatal, lo local también debe permanecer siendo así. Defendámoslo, creo que es un mejor camino”, abundó.

El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares (PVEM) destacó que un funcionamiento inadecuado de las instituciones registrales provoca que el país no cuente con la información necesaria para diseñar mejores políticas públicas, sobre todo en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

Precisó que esta reforma tiene la finalidad de dar pie a la expedición de una norma general que regule el funcionamiento de los registros públicos y de las normas catastrales, lo que incluirá de manera directa en la creación de empresas así como en el establecimiento y desarrollo de infraestructura.

De Movimiento Ciudadano, el diputado José Luis Valle Magaña manifestó que con esta reforma se le quitarán facultades a la administración pública municipal, así como atribuciones que le corresponden única y exclusivamente a la misma.

Sostuvo que a pesar de las bondades de esta iniciativa, su grupo parlamentario votará en contra, por las inconsistencias del procedimiento legislativo y dado que va en contra de la autonomía y las atribuciones del municipio.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (PT) resaltó que con la aprobación de este dictamen sólo se faculta al Congreso para expedir una ley general que armonice y homologue la organización y funcionamiento de dichos registros, uniformar los procedimientos de inscripción y garantizar que no haya simulaciones, evitando actos de corrupción.

Hizo un llamado para evitar abusos en esta materia. “Sabemos que los mecanismos de coordinación fiscal premian la eficacia recaudatoria de los municipios, en particular sobre el impuesto predial, pero no podemos ni debemos abrir una puerta en la que se castigue fiscalmente a quienes menos tienen”, añadió.

El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza) expresó que el fortalecimiento de la función registral permitirá vigorizar la potestad estatal y realizar cambios institucionales que propicien el desarrollo del país, además de brindar a los ciudadanos el acceso a servicios registrales en igualdad de condiciones.

Argumentó que la reforma impactará positivamente a la institución catastral y la recaudación que este impuesto genera, por lo que su aplicación tenderá a ser más justa, precisa y equitativa en la aplicación de un nuevo marco regulatorio.

Previamente, se rechazó una moción suspensiva propuesta por el diputado Ricardo Monreal Ávila (Movimiento Ciudadano), quien pidió regresar el dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales y que sea aprobado en el Periodo Ordinario de Sesiones, toda vez que el procedimiento legislativo ha sido violatorio y la reforma es clave para el país.

Al hablar a favor, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) señaló que el hecho de centralizar o poner reglas generales sobre el tema de catastro y de su actualización no le causará a los estados y a los municipios un desapego, cuando menos a un tema tan sentido como es la propiedad.

En contra, la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez (Movimiento Ciudadano) precisó que a pesar de que esta reforma es necesaria para establecer una reorganización territorial y urbana. “No podemos votarla en favor cuando surge de un procedimiento viciado”, afirmó.

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