• Impulsarán diputados establecer el Programa Especial de Atención a este grupo poblacional

• Comisión Especial creará un padrón nacional de personas que han abandonado su hogar a causa de la delincuencia

22-07-2013.- La presidenta de la Comisión Especial de Participación Ciudadana, diputada Francisca Elena Corrales Corrales (PRI), advirtió que el problema de las familias que han tenido que abandonar sus hogares por cuestiones de la inseguridad en el país “sólo se está atendiendo con mejoralitos”.

Además de los miles de muertos que hemos tenido en los últimos años por el crimen organizado, también existen las familias que han abandonado sus lugares de origen, donde han construido su patrimonio durante toda una vida, y es un problema que no se está atendiendo, aseguró.

Por lo anterior, anunció que la instancia legislativa que encabeza, junto con otras comisiones, crearán el Programa Especial de Atención a Desplazados, para brindar asistencia en materia de vivienda, empleo, alimentación, salud y educación a esa población.

“Vamos a arropar a todas esas personas; son familias que no tienen un trabajo, que no tienen un lugar donde vivir y que no tienen un sitio a donde llevar a sus hijos”, alertó la legisladora.

Corrales Corrales agregó que la Comisión comenzará con la elaboración de un Padrón Nacional de Desplazados, ya que actualmente no existen cifras exactas del impacto del problema.

Destacó que las familias afectadas habitan en zonas rurales y viven del autoconsumo, de lo que siembran en sus parcelas

“Su manera de subsistir es completamente diferente a la ciudad, por lo que tiene que haber una política pública desde el Gobierno Federal, desde los estados y desde los municipios para atender problemáticas tan alarmantes como esta”, sostuvo.

Por su parte, el diputado Israel Moreno Rivera, del PRD, integrante de la Comisión Especial, informó que presentó ante la Comisión de Puntos Constitucionales una iniciativa que se encuentra a la espera de ser dictaminada, para reformar el artículo 4º de la Constitución Política.

El propósito, dijo, es establecer que será responsabilidad del Estado garantizar la atención, seguridad y restitución de los derechos de las personas desplazadas internamente de su lugar de residencia, para evitar los efectos de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos, catástrofes naturales o provocadas por el ser humano.

Esta situación se ha agudizado por motivo de la violencia del narcotráfico y el crimen organizado; ha impactado a las familias, afectando sobre todo a jóvenes y a aquellos que carecen de oportunidades de educación y desarrollo, precisa el documento.

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