• Trabajadores indocumentados siguen siendo víctimas de extorsión, secuestro, violación y asesinato

26-07-2013.- El secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza), propuso crear una base de datos de los migrantes desaparecidos, con paradero desconocido o de restos no identificados en el país.

A través de un punto de acuerdo que presentó en la Comisión Permanente, denunció que las faltas a los derechos humanos de los migrantes persisten, pues en la búsqueda de su “sueño americano” siguen siendo víctimas de secuestro, extorsión, asesinato, violación, asaltos y golpes, mientras sus defensores son hostigados y amenazados.

Indicó que la falta de protocolos de investigación de los delitos cometidos contra migrantes, así como de un seguimiento eficaz de las denuncias realizadas por organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y de procedimientos para identificar los restos de los trabajadores internacionales sin documentos asesinados, han vulnerado más a esta población.

Refirió que de acuerdo con el informe “Enfrentarse a una pesadilla, la desaparición de personas en México” de junio 2013, las principales víctimas de este delito son los migrantes mexicanos o centroamericanos en su intento por llegar a la frontera con Estados Unidos, a manos la delincuencia organizada y con la complacencia de servidores públicos.

González Roldán destacó que pocos delincuentes o funcionarios responsables llegan a ser procesados.

Mencionó que entre las autoridades federales, estatales y municipales continúa la falta de liderazgo, coordinación y rendición de cuentas respecto a la protección de los migrantes irregulares.

Por tanto, propuso exhortar a la Secretaría de Gobernación a que implemente acciones coordinadas entre estas autoridades, a fin de prevenir y castigar los abusos contra migrantes, incluidos los cometidos tanto por bandas delictivas como por funcionarios públicos, y dar a conocer los resultados.

De igual modo, garantizar a los migrantes acceso a mecanismos efectivos de presentación de denuncias y protección cuando sean víctimas o testigos de abusos; resguardar la integridad de los activistas amenazados y apoyar la labor de los albergues para esta población.

El documento se mandó a la Primera Comisión de la Permanente.

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