• Necesario fortalecer Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión

07-06-2013.- En México han sido asesinados 86 periodistas y 18 se encuentran desaparecidos del año 2000 a la fecha, aseguró el diputado Arturo Escobar y Vega, integrante de la Comisión de Defensa Nacional y coordinador del grupo parlamentario del PVEM.

Por ello, propuso exhortar a la Procuraduría General de la República, a fin de que fortalezca a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, en el ámbito administrativo e institucional, con el objetivo de dar pleno seguimiento y óptimos resultados a las denuncias presentadas.

En el marco del Día de la Libertad de Expresión en México y de la Libertad de Prensa, en particular, el legislador comentó que miles de periodistas en el mundo ejercen este derecho y el país cuenta con destacados personajes en el oficio.

Enfatizó que, lamentablemente, en los últimos años el periodismo en nuestro país “se ha encontrado con mayores obstáculos para su ejercicio”.
Incluso, dijo, agencias especializadas y organismos internacionales han señalado, en más de una ocasión, lo riesgoso que resulta ejercer la actividad periodística en el territorio mexicano.

A través de un punto de acuerdo, turnado a la Primera Comisión de la Permanente, el diputado precisó que según la organización “Reporteros Sin Fronteras”, entre 2008 y 2012 siete periodistas han pedido asilo político a los Estados Unidos, Canadá y España.
Asimismo, el Comité para la Protección a Periodistas ha señalado que nuestro país es el octavo en impunidad en crímenes cometidos contra periodistas, indicó el diputado.
Escobar y Vega refirió que la libertad de expresión es un bien jurídico que debe ser promovido y protegido por el Estado. Incluso, instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se han preocupado por proteger este derecho.

El 10 de diciembre de 1948, recordó, la ONU en la Resolución 217 A (III), proclamó la “Declaración Universal de los Derecho Humanos”.

Por ello, consideró que todos los poderes federales y las entidades federativas “debemos de poner énfasis en esta triste realidad, y ejercer las acciones de gobierno pertinentes para cambiar el contexto de adversidad que hoy vive el periodismo en nuestro país”.

México, concluyó, “no puede considerarse como un país auténticamente democrático y garante de los derechos humanos, fundamentales o políticos ante la realidad de los acontecimientos descritos”.

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