• La mayoría de las entidades no tienen definida la autoridad para ordenar e implementar las medidas respectivas

• Impulsan reformas a la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres

12-06-2013.- La Comisión de Igualdad de Género impulsará reformas para que las mujeres víctimas de violencia que denuncian puedan tener protección durante toda la averiguación previa; actualmente sólo en el Distrito Federal y Veracruz se les da esta seguridad, aclaró.

La secretaria de la Comisión, diputada María del Rocío García Olmedo (PRI), explicó que la mayoría de las leyes locales a favor del género femenino no están armonizadas con la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, lo que evita dar seguimiento al tema.

En reunión con representantes de los institutos de las mujeres estatales, García Olmedo indicó que las órdenes de protección son prácticamente inaplicables. “Hay tres tipos: emergencia, preventivas y de naturaleza civil, pero los términos son distintos y genera muchos problemas”.

Precisó que sólo en el Distrito Federal y Veracruz las mujeres víctimas de violencia pueden tener protección durante toda la averiguación previa. “En la mayoría de las entidades no está definida cuál es la autoridad que deberá ordenar, implementar o instrumentar las medidas de protección, agregó.

La comisión, dijo, propondrá modificaciones a todo el capítulo de órdenes de protección para establecer los tipos, ampliar la duración de las mismas y establecer medidas en los casos donde exista violencia organizada “porque debe darse un tratamiento diferente”.

En cuanto a la alerta de violencia de género contra las mujeres, se plantea especificar los procedimientos por agravios comparados y situaciones graves, así como los tiempos para su emisión y contenidos de la solicitud.

García Olmedo destacó la importancia de incorporar en dicha ley algunos conceptos como el sexismo en el lenguaje, violencia en los medios de comunicación, contra los derechos sexuales y reproductivos, violencia obstétrica, desapariciones de mujeres y niñas, y el feminicidio.

Respecto a los centros de justicia para las mujeres, indicó que no se tiene el marco jurídico para su conformación, por lo que se trabaja en ello. También se plantean las especificaciones que deben tener los centros de refugios y la obligación de crear una norma oficial mexicana para su regulación.

La diputada pidió a las representantes de los institutos de las mujeres estatales sus observaciones a estos planteamientos de la Comisión, toda vez que no se cuenta con un mecanismo que supervise y evalué el cumplimiento de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Martha Lucía Mícher Camarena (PRD), explicó que también se busca modificar la Ley General de Salud para sustituir el capítulo de “materna infantil” por el de “sexual y reproductiva”, porque “las mujeres deben tener derecho a ella, independientemente de que tengamos o no hijos e hijas”.

Además se propone que en los centros de salud no se solicite a los jóvenes la presencia de sus padres para recibir anticonceptivos, y se define el embarazo de acuerdo a lo que establece la Organización Mundial de Salud (OMS).

Estudio de violencia feminicida en México

Posteriormente, la consultora regional de la ONU-Mujeres, María de la Paz López Barajas, presentó a las diputadas el estudio “Violencia feminicida en México”, donde precisó que el foco preventivo o anuncio de lo que pasa con este problema proviene del registro de lesiones que atiende el sistema de salud.

Puntualizó que entre 1990 y 2011 se registraron 32 mil 474 casos, en donde el certificado de defunción de las mujeres advierte que hay presunción de homicidio. En 2011, ocurrieron en promedio 7.1 homicidios cada día. “Esto da una idea de cómo ha crecido el fenómeno”.

María de la Paz López añadió que el 40 por ciento de las defunciones femeninas con presunción de homicidio se centraron en Chihuahua, Guerrero, Estado de México y Distrito Federal, durante el último año. “Esto nos alerta hacia donde deben estar dirigidas las acciones”.

Detalló que México carece de un registro de violaciones contra las mujeres. Por ello, urgió a los organismos encargados de las estadísticas a considerar esta variable. “Cada vez que registramos esas violaciones, estudiamos esa exposición que tienen las mujeres al riesgo de fallecer”, afirmó.

Al continuar con la presentación, Teresa Incháustegui Romero, doctora en Ciencias Políticas con especialización en política social por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), resaltó que mientras los homicidios en general bajan, los feminicidios se mantienen al alza. En México, sostuvo, persiste una violencia sistemática en contra de las mujeres.

Resaltó que los homicidios contra las mujeres inician desde los cero a los 5 años. Se tiene un registro entre 7 a 8 por ciento de todas las muertes de mujeres que son de niñas menores a 5 años. “Es un dato espeluznante, porque en muchos de estos eventos hay vejaciones”, detalló.

Incháustegui Romero abundó que el 17 por ciento de las mujeres menores de 18 años son asesinadas y existe una alta tasa de feminicidios en las mexicanas mayores a 60 años. Además, son prominentes estos homicidios en vivienda, ya que son más del 40 por ciento.

Institutos de las mujeres estatales

Previamente, representantes de los institutos de las mujeres en Jalisco, Morelos, Coahuila, Chihuahua, Veracruz, Nuevo León, Guanajuato, Quintana Roo, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Guerrero y del Distrito Federal plantearon sus preocupaciones para mejorar la distribución de los recursos dirigidos a las mujeres.

Se manifestaron para que en las reglas de operación exista mayor transparencia, en particular, en la transferencia de los fondos con perspectiva de género, y que con revisiones periódicas la Auditoría Superior de la Federación vigile el correcto ejercicio de los recursos.

De igual modo, pidieron a las diputadas fortalecer los presupuestos y que estos sean ágiles y oportunos, a fin de reducir las brechas de desigualdad. Se planteó impulsar reformas el artículo 115 constitucional para que estados y municipios, efectivamente, apliquen los recursos a programas en beneficio de las mujeres.

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, diputada Martha Lucía Mícher Camarena, expresó que si bien existen estados con programas exitosos, esto debe prevalecer en todas las entidades, para que todas las mujeres sean beneficiadas y evitar clientelismos.

En tanto, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, indicó que estas reuniones son importantes para lograr que los programas con perspectiva de género y los diseñados para las mujeres tengan recursos, que se evalúen y “veamos que estamos transformando su vida”.

Se pronunció para que a nivel local, los gobernadores otorguen mayor presupuesto a estos programas, pues los recursos del gobierno federal no deben ser los únicos ya que no son suficientes.

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