19-06-2013.- El presidente de la Comisión Especial de Promoción del Desarrollo Regional, diputado Mario Carrillo Huerta (PRD), planteó la necesidad de implementar en la agenda nacional una estrategia de ordenamiento territorial, que coadyuve en el mejoramiento del sustento económico social.

El legislador dijo que se deben considerar las particularidades de cada una de las regiones del país, para aprovechar sus potencialidades y así diseñar estrategias de desarrollo mejor orientadas a las demandas sociales.

“Entre los aspectos a revisar está lo relacionado con el desarrollo urbano, el agropecuario, el metropolitano y con todo lo que tiene que ver con la forma en cómo la sociedad se organiza para lograr los objetivos sociales”, enfatizó.

Carrillo Huerta agregó que esta planeación debe contar con voluntad política, “se requiere de presupuesto, recursos, conjunción de esfuerzos y participación ciudadana, por lo que se necesita de coordinación para poder avanzar”.

En reunión de trabajo con Javier Delgadillo, especialista en la materia, el legislador explicó que es insoslayable tomar en cuenta a la población de las diferentes entidades y regiones del país, además de conversar con los responsables del diseño y ejecución de la política de desarrollo.

Delgadillo Macías, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, señaló que para darle un peso importante al enfoque regional se requiere realizar algunas modificaciones al marco legal vigente, “sobre todo a la Ley de Planeación, para establecer asociaciones operativas entre gobiernos estatales y municipales”.

Subrayó que entre los objetivos para lograr un verdadero desarrollo regional está la disminución de la brecha de desigualdades sociales, presente entre territorios y grupos de personas, “pero eso no se resuelve sólo con políticas focalizadas, necesitamos políticas transversales que nos ayuden a detonar procesos”.

Hizo un llamado para que la Comisión Especial proponga que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) diseñe un criterio de competitividad territorial, que estuviera ligado a una dimensión de la visión de la política pública.

“Con estos lineamientos se pretende lograr sinergia entre la política pública y los actores regionales, que redunde en un mecanismo de crecimiento en el ámbito territorial”, añadió el especialista.

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