03-03-2013 Las comisiones de Asuntos Migratorios y de Derechos de la Niñez analizan un punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional de Migración y al Sistema Nacional para Desarrollo Integral de la Familia a crear una base de datos confiable, integral y compartida, de niños y adolescentes repatriados de Estados Unidos, a fin de que se promover su protección, más allá de la reunificación familiar.

La diputada Flor de Rosa Ayala Robles Linares (PRI), quien impulsó la propuesta, destacó que en 2011 las autoridades estadounidenses entregaron a México 14 mil 237 niños y adolescentes migrantes de diversas nacionalidades que viajaban solos y que fueron interceptados en la frontera norte. De éstos, agregó, 11 mil 520 eran mexicanos.

Mencionó que cuando son retenidos por las autoridades del vecino país, el proceso de repatriación “se reduce a la frialdad de un trámite burocrático” que no atiende el interés superior de la infancia, lo que evidencia la falta de políticas y prácticas que protejan a miles de menores del riesgo de ser explotados.

En este sentido, destacó que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, la trata de personas es uno de los negocios más despreciables y lucrativos del crimen organizado, cuyas ganancias anuales ascienden a más de 30 mil millones de dólares en el mundo y sus víctimas son 4 millones de personas cada año, principalmente mujeres, niñas y niños.

“El Observatorio de Trata de Personas sitúa a México en el segundo lugar mundial en la comisión del delito de tráfico de personas, superado sólo por Tailandia, en tanto que datos de la Procuraduría General de la República revelan que en 18 entidades del país se concentra el 90 por ciento del tráfico de personas. Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero son las más afectadas”, indicó la diputada.

Lo anterior, añadió, se relaciona con lo reportado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el sentido de que la violencia intrafamiliar se presenta en 1 de cada 3 hogares mexicanos, lo que propicia que 20 mil niños y adolescentes huyan del seno familiar y resuelvan presa fácil de la explotación sexual.

Ayala Robles Linares explicó que a pesar de que la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene la obligación de cubrir los gastos de repatriación de personas vulnerables, de conformidad con los programas vigentes, así como la atención, asesoría jurídica y protección a través de los consulados, estas medidas se anulan una vez que los menores y adolescentes son entregados al Instituto Nacional de Migración (INM).

Afirmó que la aplicación de políticas públicas para el bienestar y la protección de los menores no puede variar de una entidad a otra, o de un municipio a otro, y mucho menos estar sujetas al criterio de los servidores públicos responsables de los programas sociales.

“De ahí, la exigencia de que, la función pública pase de ser un ejercicio favorecido por los criterios personales, a un ejercicio sustentado en las obligaciones y responsabilidades públicas”, señaló la diputada.

Integrante de las comisiones de Asuntos de la Frontera Norte y de Derechos de la Niñez, planteó que las dependencias involucradas en la atención de los menores que intentan cruzar la frontera norte desarrollen y compartan una base de datos integral, la cual deberá incluir, la información biométrica, el objeto de su traslado y la situación de su detención.

De igual forma, precisar el o los lugares donde ha sido detenido y repatriado, historial familiar y toda la información posible de recopilar para estudiar y ampliar el conocimiento del fenómeno, a fin de determinar con mayor precisión las políticas orientadas a su protección.

El punto de acuerdo menciona que el 6 de abril de 1992, México firmó la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, cuyo objeto es prevenir y sancionar el tráfico internacional de menores, así como regular los aspectos civiles y penales, además de asegurar la pronta restitución del menor, víctima del tráfico internacional, a su residencia habitual. Dicho instrumento internacional fue ratificado el 29 de julio de 1994.

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