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Boletín N°. 1037 Cruzada contra el Hambre no tiene fines electorales, asegura a diputados la titular de Sedesol

• Ante comisiones unidas, Rosario Robles dijo que tampoco es paternalista; estamos contra ello, agregó

06-03-2013.- Diputados de las comisiones unidas de Desarrollo Social y de Asuntos Indígenas se reunieron con las titulares de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) Nubia Mayorga Delgado, para conocer a detalle el programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

En su comparecencia, la secretaria de Desarrollo Social rechazó que el programa tenga fines electorales y argumentó que su único objetivo es brindar atención a la población en extrema pobreza, a partir de una alimentación y nutrición adecuada, como parte de la política social del actual gobierno.

Durante la reunión, el presidente de la Comisión de Desarrollo Social, diputado Fernando Charleston Hernández (PRI), expresó que el Poder Legislativo no sólo debe acompañar estos programas, sino tiene que ser partícipe de aquellos proyectos que busquen mejorar la calidad de vida de la población.

Precisó que el tema del combate de la pobreza en México no es nuevo, “pero sí es nuevo que el titular del Ejecutivo Federal lo haya puesto en la agenda nacional, ya que es un problema que sufren millones de familias en el país y en donde estamos convocados los mexicanos a actuar”.

Se manifestó para que estos programas no se utilicen de manera electorera. “Queremos que haya transparencia, porque sabemos que una sociedad bien informada castiga con su voto a aquellos gobiernos que usan estos programas de manera electorera”.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, diputada Eufrosina Cruz Mendoza (PAN), afirmó que la pobreza es el talón de Aquiles del país, sobre todo, en las comunidades indígenas, por lo que se les debe apoyar con la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Indicó que la pobreza duele, “a mí nadie me lo ha contado, me consta porque lo veo todo el tiempo en muchas de las comunidades indígenas del país, pero me duele más suponer que hoy la pobreza y el hambre podrían convertirse en un botín político a favor de algún partido o de algunos servidores públicos o candidatos de algún estado”.

Hizo votos para que se apoye a la Cruzada y que sus propósitos no se distorsionen ni conviertan en una vía para comprar las voluntades políticas de los mexicanos de cara al proceso electoral que se avecina en 14 entidades.

Cruz Mendoza expresó que comunidades con más del 50 por ciento de su población en condición de pobreza y 40 por ciento con problemas de acceso a la alimentación no recibirán el apoyo previsto en esta Cruzada; de ahí que se debe verificar la situación de carencia que tienen muchos municipios indígenas, donde prácticamente toda la población vive en pobreza extrema.

El reto, agregó, es aumentar la calidad de los servicios educativos y de salud, sobre todo en el programa Seguro Popular, involucrando a los gobiernos de los estados; que asuman su responsabilidad en estos componentes de la política social, haciendo un uso correcto y transparente de sus recursos.

Del grupo parlamentario del PRI, la diputada Josefina García Hernández señaló que la Cruzada busca resolver la situación de 28 millones de mexicanos en carencia alimentaria, por lo que, las políticas públicas del actual Gobierno Federal, en materia de desarrollo social, se orientan de manera acertada a la atención de las necesidades de la población que más lo necesitan.

Resaltó que si desde el Congreso de la Unión no se apoyan este tipo de acciones no se podrá alcanzar el objetivo de desarrollo nacional que requiere el país. Pidió no desviar el espíritu central de la Cruzada, “informando que tiene fines electorales”.

El diputado Miguel Sámano Peralta (PRI) indicó que la superación de la pobreza, marginación y el abatimiento del hambre, constituyen una tarea inaplazable para mejorar las condiciones de vida de los sectores más desprotegidos del país; por ello, las acciones demandan un trabajo colectivo de los tres órdenes de gobierno.

Por el PAN, la diputada Margarita Licea González se pronunció porque la Cruzada se convierta en un verdadero instrumento que evite la pobreza y preguntó cómo se hará que estos recursos lleguen a los que de verdad los necesiten y no se conviertan en un botín para cuestiones electorales, y que diversas organizaciones sean las que los repartan.

Subrayó que es importante el programa, pero no se ve una propuesta donde efectivamente resuelva la problemática del hambre, porque el primer eje es evitar la desnutrición infantil. “Lo que se visualizan son las condiciones, pero no se dice en qué tiempo”, apuntó.

La diputada María Beatriz Zavala Peniche (PAN) agregó que los objetivos son loables, sin embargo, la forma en que se han presentado genera una serie de cuestionamientos, como si es una nueva o tendenciosa alineación de los programas existentes del sexenio pasado y ahora se redirigen a las grandes ciudades urbanas donde la rentabilidad política se maximiza.

El diputado Carlos de Jesús Alejandro (PRD) expresó que la Cruzada refleja una política social difícil y compleja de poder concretarla por la pobreza extrema que existe en el país y, particularmente, en los municipios y comunidades indígenas, que siempre han ocupado los primeros lugares de menores índices de desarrollo humano.

Se debe, afirmó, instrumentar una política que pase del discurso a las acciones y que se refleje en recursos y presupuestos etiquetados para los pueblos, dado que para 2013 en estos montos “no vimos un incremento sustancial; vimos un presupuesto devaluado”.

En tanto, el diputado Uriel Flores Aguayo (PRD) mencionó que si no hay reactivación económica, desarrollo y democracia, todo está condenado al fracaso, pues una de las principales y peores tragedias de los pobres de México son los gobiernos que manipulan la pobreza, por ello, solicitó se den a conocer los mecanismos de vigilancia y seguimiento en la aplicación de programa.

Del PVEM, el diputado Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo pidió conocer el proceso para que sean incluidos los municipios que no fueron contemplados en esta etapa de la Cruzada y, si a la par, habrá un programa alternativo para esas comunidades.

Preguntó qué se hará para que haya cero hambre, cuál sería el mecanismo y de qué manera se está pensando llegar a este objetivo del programa.

La diputada Judit Magdalena Guerrero López (PVEM) relató que la lucha contra la pobreza y el hambre es un tema esencial de la agenda pública para construir una nación democráticamente más justa y con mayor desarrollo humano.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez (Movimiento Ciudadano) expresó que el programa podría ser benéfico; sin embargo, se ve con tristeza que se excluyen a municipios con población altamente indígena, por lo que, preguntó, qué criterios y con base en qué se seleccionaron a los municipios.

Indicó que dado que 52 millones de mexicanos tienen grandes carencias, el problema debe afrontarse con seriedad y responsabilidad. Solicitó que el programa no sea utilizado como botín político y los indígenas no sean presas de un programa electoral, “no se debe seguir lucrando con estas desigualdades”.

La diputada María Fernanda Romero Lozano (Movimiento Ciudadano) consideró que los municipios incluidos en la Cruzada fueron elegidos “en función de criterios partidistas y electoreros. Se incluyeron municipios que pueden marcar la diferencia para que un partido gane o pierda unos comicios locales, y se excluyó a otros a pesar de su evidente y documentada marginación y pobreza”.

A su vez, el legislador Héctor Hugo Roblero Gordillo (PT) preguntó a la titular de la Sedesol por qué se tienen tanto pobres; qué se hizo mal para generar tanta pobreza; por qué nunca se han atendido las causas que la genera, y si considera que este programa es uno más con carácter paternalista y si es rentable electoralmente.

Subrayó que el programa, a pesar de su buena fe, no ataca el origen del problema, pues datos sobre la pobreza indican que entre 2008 y 2012, los pobres representaron 23.8 millones. Agregó que la Cruzada es deficitaria porque no abarca todos los municipios, es electorero y paternalista.

El diputado José Arturo López Cándido (PT) precisó que el programa es de buenas intenciones, ya que resolverá problemas como la marginación y pobreza, pero “no veo los índices de los salarios, de la canasta básica que está reducida a unos cuántos productos, del crecimiento económico y de los apoyos a la producción agrícola; son temas que debemos analizar o se puede convertir en paliativos para este sector”.

Al dar respuesta a los cuestionamientos, la titular de Desarrollo Social, Rosario Robles, rechazó que la Cruzada Nacional contra el Hambre tenga fines electorales.

Se habla, dijo, de que es un botín político. “Pero si vemos por ejemplo el caso de Oaxaca, que tiene 133 municipios, en 113, sus gobernantes se eligen por usos y costumbres. Ahí no hay elecciones, entonces no se vislumbra ningún sentido electoral ni político”, explicó.

Otro ejemplo, abundó, es Mártir de Cuilapan, en Guerrero, donde se lleva a cabo la instrumentación del programa piloto. Ahí tampoco hay tintes electorales, enfatizó.

Añadió que en una primera etapa se aplicará en 400 municipios de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, Baja California Sur, Morelos, Tlaxcala y Colima, y que a lo largo del sexenio se incorporarán otros ayuntamientos hasta alcanzar la meta fijada.

Explicó que la selección de los municipios se determinó con base en las recomendaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y del INEGI, determinado por el número de personas en pobreza extrema y carencia alimentaria.

¿Es un programa paternalista? Se cuestionó. “Puede serlo, es un programa rentable electoralmente, pero decimos que no va a ser paternalista porque no se trata de dar o de entregar, lo más fácil es repartir despensas, pero estamos en contra de esta perspectiva porque eso no resuelve el problema de fondo”.

Mencionó que dejará de ser paternalista desde el momento en que exista la participación de la comunidad, como se pretende. “Es ella la que definirá sus prioridades en la medida en que se involucre”.

También se pronunció por no darle a la Cruzada la responsabilidad de solucionar la desigualdad y la pobreza en el país. La Cruzada, aseveró, tiene un objetivo muy concreto que es combatir el hambre en su parte más extrema.

“El combate a la desigualdad y la pobreza, todos lo sabemos, tiene que ver con el crecimiento económico, con democratizar la productividad; con una adecuada distribución del ingreso y el ejercicio de los deberes”.

Ante los cuestionamientos en torno al por qué se incorporaron municipios urbanos, la funcionaria señaló que se hizo también a recomendación del Coneval, toda vez que es en las zonas urbanas donde más ha crecido la pobreza y en consecuencia, el índice de violencia.

“De 2008 a 2010 la pobreza en las ciudades se elevó en 2.1 millones de personas, mientras que en las rurales se incrementó 1.1 millones. Ese crecimiento es porque no estaban siendo atendidas; nosotros hemos dado este giro porque es precisamente ahí donde se está generando la violencia. Ahí es donde tenemos esta fractura del tejido social, donde está el encono y el resentimiento. Ahí es donde tenemos que llegar a construir una opción de presente y futuro”, subrayó.

Rosario Robles informó que más allá de la Cruzada Nacional contra el Hambre, se trata de una estrategia integral del gobierno federal. “De una política social incluyente que tienda a disminuir desigualdad y pobreza”, precisó.

En su exposición inicial, Robles Berlanga destacó que en los últimos años se han destinado grandes cantidades de recursos para el combate a la pobreza y sin embargo el número de pobres se ha incrementado en el país.

De 2008 a 2010, expuso, a pesar de que se logró disminuir la incidencia de carencias sociales, el único rubro donde no hubo disminución y sí aumentó, fue en el relacionado al acceso de la alimentación. En ese lapso, dijo, 4.2 millones más de personas se incorporaron a dicha carencia.

“También aumentó el número de personas por debajo de la línea de bienestar en 4.8 millones de mexicanos.

Concluyó que no hay nada que esconder en la Cruzada Nacional contra el Hambre y aceptó que se lleve un seguimiento puntual y sistemático por parte de los legisladores.

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