06-03-2013 El presidente de la Comisión de Juventud, diputado José Luis Oliveros Usabiaga (PAN), dijo que es necesario incrementar la calidad de vida de los jóvenes y evitar que caigan en manos del crimen organizado.

Agregó que de los 36.2 millones jóvenes, que representan cerca del 33 por ciento de la población, más de 8 millones no estudian ni trabajan por falta de oportunidades.

De ahí que se requiere desde el Congreso de la Unión legislar en diversos temas a favor de los jóvenes e integrar una agenda consensada para su desarrollo, planteó.

En este sentido dijo que se impulsan reformas a los artículos 4 y 73 de la Carta Magna para elevar a rango constitucional el derecho de la juventud a un desarrollo integral.

Durante el encuentro entre diputados y senadores en materia de juventud, informó que esa minuta está pendiente de dictaminar por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos y que les fue enviada por la Cámara de Diputados.

Posteriormente –refirió- se espera que sea votada por el Pleno de la Cámara de Senadores y, de ser aprobada en sus términos, pase al Ejecutivo para su publicación.

Se requiere aprobar esos cambios para que se cree la Ley General de Juventud, a fin de reglamentar los derechos y deberes de los jóvenes, delimitar el término juventud y establecer políticas interinstitucionales, afirmó.

A su vez, el Secretario de la Comisión de Juventud del Senado, Daniel Ávila Ruiz, refrendó el compromiso de impulsar una agenda que permita dar respuesta a los 36 millones jóvenes, que representan un tercio de la población y que están en espera de un espacio en la escuela, de empleo, salario dignos y acceso a crédito para vivienda.

Hizo notar que una consecuencia de las carencias en educación y empleo es el aumento de la migración; el 72 por ciento de la población que emigra al año son jóvenes que buscan una mejor calidad de vida.

Durante la última década aumentó el consumo de drogas en este sector; el consumo de marihuana creció en un millón de adictos y el de cocaína en un millón 350 mil, alertó.

Otro efecto, es su falta de interés en los asuntos políticos y sociales; son el sector que menos participa en los procesos electorales y en actividades de la organización civil, agregó.

Mencionó que de acuerdo con el Instituto Federal Electoral (IFE), sólo el 35 por ciento de los jóvenes entre 19 y 29 años vota en elecciones.

En su momento, la diputada Guadalupe Vargas Vargas (PRI), enfatizó que los jóvenes son un sector importante que puede generar riqueza, pero con pocas e insuficientes oportunidades para estudiar, trabajar, contar con un salario digno y remunerador y participar en la toma de decisiones.

Resaltó que este potencial productivo es una ventaja que de ser utilizada de manera adecuada pudiera tener un efecto multiplicador en el ahorro, la inversión y el ingreso.

La diputada Crystal Tovar Aragón (PRD) mencionó que está pendiente la ratificación de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, firmada por México el 11 de octubre de 2011 y que protege los derechos humanos de las juventudes bajo el principio de la no discriminación.

Otro de los pendientes, expuso, es la aprobación de una Ley General en Materia de Juventud. México es uno de los pocos países que, a pesar de contar con un marco legal amplio, carece de una ley que norme el carácter general de las políticas públicas y de protección de derechos para este sector.

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