06-03-2013 El secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas, diputado Carlos de Jesús Alejandro (PRD), se reunió con el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz, y con representantes indígenas de México, con el objetivo de plantear una agenda común a favor de este sector.

El legislador señaló que es importante impulsar una agenda común con los distintos espacios institucionales y hacer diversos compromisos, ya que existen pendientes con los pueblos indígenas en materia legislativa, programas sociales, representación política y administrativa.

Refirió que actualmente en el territorio nacional existen problemas de seguridad, procuración y administración de justicia como en Guerrero; problemas de amenazas por las tierras con las hidroeléctricas, las eólicas y las mineras; conflictos agrarios, religiosos, problemas en las radios comunitarias y con los derechos de las mujeres.

Por ello, dijo, se busca establecer un mutuo acuerdo para impulsar el desarrollo y derecho de los pueblos indígenas. “Construir una agenda común con perspectivas reales que podamos impulsar unos y otros”.

Detalló que es necesario estimular las reformas pendientes; fiscalizar el presupuesto, adecuar las reglas de operación para que los recursos lleguen a los pueblos indígenas; establecer mesas interinstitucionales para atender los conflictos y facilitar los diálogos con las instituciones.

El comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz, mencionó que en el Pacto por México hay una serie de acuerdos donde se considera que las comunidades indígenas serán reconocidas como entidades de derecho público.
Agregó que será necesario reformar el marco constitucional y las leyes reglamentarias y aprobar algunas nuevas, como la Ley de Consulta, la cual permitirá establecer un criterio en donde las comunidades puedan opinar, orientar y ser tomadas en cuenta en cualquier acción que se pretenda realizar en el marco nacional o de sus territorios.

En materia de justicia, dijo, hay una enorme cantidad de indígenas presos y sentenciados por no tener un defensor en su lengua materna; no hay ministerios públicos indígenas, no hay jueces indígenas.

Es decir, agregó, “hay un vacío en esta materia que no es tomado en cuenta cuando se presenta un fenómeno como el de hoy, donde las comunidades están planteando la conformación de sus mecanismos de seguridad a través de policías comunitarias y que es muy fácil descalificar un proceso de esta naturaleza cuando se desconoce el fondo del asunto o los temas que se están presentando al interior de las comunidades”.

Enfatizó que es importante revisar que muchas de las cosas que están pasando son por las ausencias legales, “políticas del Estado mexicano que no han querido concretar aspectos de esta naturaleza que nos ayudarían a allanar mucho de la discusión que hoy se da en las comunidades”.

El comisionado resaltó que un gran tema que se debe construir está alrededor de la incorporación de los derechos indígenas pendientes a la Constitución Política y a las leyes reglamentarias. Otro tema es que los pueblos y las comunidades puedan incorporarse en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.

Desatacó la importancia de diseñar un mecanismo conjunto con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), incluyendo a otras dependencias, para que se realice una gran consulta y las aspiraciones y anhelos de los pueblos puedan verse expresados en el Plan Nacional de Desarrollo.

Subrayó que se debe revisar la institucionalidad con que el Estado mexicano está atendiendo a los pueblos indígenas, lo que está funcionando y lo qué no, “porque el hecho de que en las comunidades indígenas se concentre el mayor nivel de pobreza en el país nos habla de que algo anda mal y que se debe modificar a profundidad de la mano de la voluntad de los pueblos indígenas”.

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