12-03-13.- El presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vieyra, informó al Pleno sobre la recepción de la iniciativa del titular del Poder Ejecutivo con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de telecomunicaciones, misma que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación.

El documento destaca que con esta propuesta se responde a los compromisos contenidos en el Pacto por México, además de que constituye una suma de esfuerzos entre el Ejecutivo Federal y los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.

Se trata, añade, de un proyecto inédito acorde con la importancia y trascendencia de su contenido, el cual conjunta la visión de las principales fuerzas políticas del país y del Gobierno federal, mismo que parte de la necesidad de lograr reformas que proyecten a México hacia un futuro más próspero.

La iniciativa contempla fortalecer la libertad de expresión e información, así como establecer el derecho al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación; a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la banda ancha.

De igual forma, para establecer la adopción de medidas que fomenten la competencia en televisión abierta y restringida, radio, telefonía fija y móvil, los servicios de datos y telecomunicaciones y que asegure la competencia efectiva.

Además, propiciar condiciones para el incremento de infraestructura y obligar a un uso más eficiente de ésta, con un impacto directo en la reducción de los precios y en el aumento de la calidad de los servicios.

Se crean la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), como órganos constitucionales autónomos, que se integrarán por siete comisionados, incluyendo el comisionado presidente, con una duración de 9 años sin posibilidad de reelección, designados en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado.

Entre sus facultades estarán, por parte de la CFCE, ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia; prevenir y evitar monopolios, prácticas monopólicas o concentraciones; regular el acceso a insumos esenciales y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos.

Por lo que respecta al IFT, su objetivo será regular promover y supervisar la radiodifusión y las telecomunicaciones; otorgar y revocar concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones (previa opinión no vinculante del Ejecutivo Federal); sancionar a los concesionarios, y ser la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones.

Se plantean los Tribunales y Juzgados Especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones y se especifican las reglas para las concesiones y el esquema efectivo de sanciones.

Plantea que en los 180 días siguientes a la publicación del Decreto, el Congreso de la Unión deberá establecer entre otros, los tipos penales especiales en contra de las prácticas monopólicas y fenómenos de concentración; regular el organismo público que proveerá el servicio de radiodifusión sin fines de lucro; regular el derecho de réplica, y establecer la prohibición de difundir publicidad engañosa o subrepticia.
Del mismo modo, expedir un solo ordenamiento legal que regule de manera convergente el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.

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