20-03-2013.- El Pleno Camaral aprobó un dictamen para que las autoridades responsables de atender a las víctimas de trata de personas, en los tres órdenes de gobierno, les proporcionen información sobre sus derechos en un idioma o lengua que comprendan, y de acuerdo a su edad, garantizando su integridad psicológica y la protección de su identidad e intimidad.

Con 332 votos a favor, 98 en contra y 3 abstenciones, se aprobó agregar un segundo párrafo a la fracción II del artículo 62 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

En el dictamen se precisa que de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), nuestro país “ocupa un peldaño verdaderamente alarmante” en cuanto a trata de personas, pues este ilícito se ha posicionado como el segundo más redituable para la delincuencia, en especial para la organizada, desplazando el tráfico de armas y sólo por debajo del trafico de drogas.

Se indica que la carencia de una correcta aplicación de estrategias de prevención, protección y procuración de justicia hacia los afectados por la trata de personas en la región de América Latina y el Caribe, ha propiciado que países como México, Brasil, Colombia y Argentina se conviertan en centros de captación y reclutamiento redituables para los tratantes de personas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existen 3.6 millones de personas obligadas a trabajos forzados en condiciones de trata, de las cuales 31 por ciento son menores de edad de entre 5 y 17 años, y 70 por ciento son personas indígenas y migrantes, los cuales realizan trabajos que atentan contra su seguridad y salud.

Se argumenta que si bien la prerrogativa de las víctimas a recibir información sobre sus derechos en una lengua, idioma o dialecto que comprendan se encuentra ya reconocido en la Constitución Política, también es cierto que no sólo las víctimas de estos delitos pueden expresarse en un idioma distinto al español por su condición de miembros de pueblos o comunidades indígenas, o pueden hablar un idioma extranjero.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Francisco Javier Fernández Clamont (PRI) señaló que el propósito es prever como obligación de las autoridades proporcionar a las víctimas, ofendidos y testigos información sobre sus derechos en un idioma o lengua que comprendan y de acuerdo a su edad, garantizando su integridad sicológica y la protección de su identidad e intimidad.

La trata de personas, precisó, es un delito que afecta mayormente a quienes padecen algún grado de vulnerabilidad, y constituye la esclavitud del Siglo XXI, ya que atenta directamente contra la libertad y la dignidad del ser humano y pone de manifiesto la inequidad de género y desigualdades.

Mencionó que el combate a la trata de personas es uno de los principales retos que enfrentan los estados, porque es un problema transnacional. Por tal motivo, esta reforma va a complementar la legislación en la materia y significará un logro para los intereses de los grupos más vulnerables.

Del grupo parlamentario del PRI, la diputada María de Jesús Huerta Rea resaltó que una exigencia de la sociedad es que el Estado garantice de manera integral la asistencia y la protección de víctimas. Por ello, es de gran importancia que las autoridades de los tres órdenes de gobierno proporcionen a las víctimas de trata información sobre sus derechos en un idioma o lengua que comprendan.

Con este dictamen, dijo, la víctima deja de ocupar un lugar secundario en el derecho penal. “Hoy sabemos que la protección integral de los derechos de la persona sólo es posible si está reivindicada por el derecho como ciudadana, es decir, como titular de todos los derechos frente al Estado”.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (PAN) destacó que es fundamental combatir este ominoso delito de trata de personas y proteger cabalmente a las víctimas, así como no dejarlo impune.

“Es nuestra responsabilidad que la legislación que emitamos se ajuste cabalmente a la Constitución para proteger a las víctimas de trata de personas, por lo que insto a que no aprobemos este dictamen hasta que no se reconfigure la Ley General de Víctimas. De lo contrario, estaríamos aprobando una ley que pudiera ser atacada por su inconstitucionalidad”, afirmó.

Por el PRD, el diputado Carlos de Jesús Alejandro (PRD) resaltó que esta reforma es trascendental, ya que en México existen 62 lenguas indígenas con más de 360 variantes dialectales.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez (Movimiento Ciudadano) indicó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 45 por ciento de las víctimas de trata son indígenas, y en la mayoría de las ocasiones se encuentran al amparo del crimen organizado y la mala conducción de las propias autoridades encargadas de la procuración de justicia.

Hizo votos para que las autoridades estatales sean las encargadas de proporcionar la ayuda correspondiente a las víctimas de este delito. “Es nuestro deber dar voz a los más desvalidos y luchar por sus derechos, basta ya de tantas injusticias”, dijo.

A su vez, la diputada Loretta Ortiz Ahlf (PT) argumentó que en la trata de personas, los seres se convierten en mercancías, pertenecen a otro individuo u organizaciones criminales y son explotados.

Indicó que México es de los primeros lugares en trata de personas y tráfico de migrantes, y la reforma si no resuelve el problema sí les da el derecho a los familiares de las víctimas a conocer en su propia lengua sus derechos.

El diputado René Fujiwara Montelongo (Nueva Alianza) expresó que la reforma garantiza a las víctimas de este delito el pleno entendimiento de sus derechos, toda vez que México está catalogado como fuente, tránsito y destino para la trata de personas con fines de explotación sexual, comercial y de trabajo forzado, donde los grupos más vulnerables incluyen a mujeres, niños, indígenas y migrantes.

Mencionó que México ocupa el tercer lugar en trata de personas en América Latina y el Caribe. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, existen 20 mil menores sujetos de explotación sexual cada año, y 85 mil son usados en actos de pornografía, mientras que en 21 de las 32 entidades del país existe turismo sexual.

Se mandó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

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