20-03-2013.- La Cámara de Diputados acordó establecer pena de tres a diez años de prisión y multa de mil a tres mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, a las personas que sin autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realicen trabajos de exploración submarina en aguas nacionales, a fin de descubrir o rescatar Patrimonio Cultural Subacuático.

Con 435 votos favor, se aprobó incluir en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el concepto de Patrimonio Cultural Subacuático.

Éste se entenderá como todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua parcial o totalmente, de forma periódica o continua por lo menos durante cien años.

Entre ellas se encuentran, los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto arqueológico y natural; los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural, y los objetos de carácter prehistórico.

Quedan exceptuados los buques y aeronaves de Estado extranjeros, cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, que gocen de inmunidad soberana conforme a derecho internacional.

En el dictamen se precisa que quienes encuentren Patrimonio Cultural Subacuático dentro de la Zona Económica Exclusiva Mexicana deberán dar aviso a la autoridad civil más cercana.

Esta autoridad expedirá la constancia oficial del aviso o entrega, en su caso, y tendrá que informar al INAH dentro de las 24 horas siguientes para que esta institución determine lo que corresponda.

De acuerdo con el INAH, cientos de embarcaciones sumergidas y miles de ofrendas que yacen ocultas en mares, ríos, lagos, cenotes y cuevas que forman parte de la riqueza cultural de México, son cada año presa de los caza tesoros marinos.

Se tienen registrados hasta 250 embarcaciones hundidas en la zona del Golfo de México, mismas que están expuestas a la rapiña y el saqueo por parte de aventureros que borran las huellas de nuestros antepasados, así como a la inconsciencia de turistas que destruyen y roban parte de los vestigios.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Roberto López González (PRD) expresó que en el país permanece amenazada la conservación de la riqueza cultural subacuática mexicana, por lo cual es fundamental armonizar los convenios internacionales suscritos con las leyes actuales.

Es importante, dijo, reconocer al Patrimonio Cultural Subacuático como parte de la propiedad cultural de la nación y elemento esencial en la historia del país, asegurando con ello el respeto al derecho internacional.

Detalló que este patrimonio “habla de lo que fuimos y de lo que somos, aunque distantes a simple vista, ya que se encuentran sumergidos, y la preocupación por su preservación es del interés de muchas naciones que se preocupan por mantener intacto su pasado para ofrecérselo a su futuro”.

La diputada Zuleyma Huidobro González (Movimiento Ciudadano) resaltó que el dictamen constituye un acontecimiento inédito, pues el Patrimonio Cultural Subacuático, por su misma naturaleza y contexto, se encuentra fuera del alcance y observancia que podría tener cualquier histórica o restos de carácter arqueológico.

Dijo que tradicionalmente éstos se han encontrado fuera de la protección de las leyes federales en esta materia. “Dichos objetos, algunos cotidianos y otros más con valor económico intrínseco, están marcados por una gran significación cultural y artística que, como cualquier otro bien de esta índole, debe ser protegido por el Estado mexicano”.

El dictamen que adiciona un artículo 28 Ter; un segundo párrafo al artículo 29 y un segundo párrafo al artículo 47 de la Ley sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, fue remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

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