01-05-2013 La Comisión de Economía, que preside el diputado Mario Sánchez Ruíz (PAN) aprobó un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía (SE) a llevar a cabo medidas para que los vales de despensa sean un medio de pago autorizado en los mercados públicos de las delegaciones del Distrito Federal y los municipios del país.

Con este dictamen, avalado durante una reunión de este grupo, se exhorta a la SE a establecer convenios con las empresas que expiden los vales para que los locatarios puedan canjearlos por efectivo de manera ágil, luego de recibirlos de parte de los consumidores.

Se indica que con la validez de dicho medio de pago se podrá incentivar el consumo en los mercados locales, abriendo así una mayor gama de opciones al consumidor para satisfacer sus necesidades, sin ningún tipo de restricción.

Además, se coadyuvará a desalentar el cambio desventajoso de vales que realizan los usuarios con los prestamistas, que cobran un porcentaje del valor del cupón, a veces hasta del 15 por ciento.

Plantea que se deben establecer normas claras y precisas que permitan hacer eficiente el intercambio entre locatarios de los mercados públicos con las empresas correspondientes, para evitar vicios y corrupciones.

El punto de acuerdo, promovido por el diputado José Arturo López Cándido (PT) señala que los vales de despensa otorgados como prestación a los trabajadores, sólo se aceptan en supermercados, donde el precio de la canasta básica se duplica o triplica.

Ello provoca una competencia desleal porque, al no aceptar vales de despensa, los locatarios de los mercados pierden a esos consumidores, aunque ofrezcan mejores precios que las tiendas de autoservicio.

Durante la misma reunión se aprobó un exhorto al titular del Ejecutivo Federal para que a través de las secretarías de Educación Pública, de Economía y de Gobernación, así como de la Procuraduría General de la República, se implementen políticas de control y combate al contrabando y piratería, con el objetivo de proteger el mercado interno y alentar la inversión de los mexicanos.

Asimismo, que a través de la Secretaría de Gobernación informe a esta Cámara de Diputados de los avances en resultados y el estado de operación que guarda la Comisión Intersecretarial para la Prevención y el Combate a la Economía Ilegal.

El dictamen indica que según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), las ganancias por piratería en México, alcanzan los 75 mil millones de dólares anuales, cifra que rebasa los ingresos obtenidos por la venta de petróleo, que suma 25 mil millones de dólares al año.

En la propuesta, promovida por el diputado Ricardo Monreal Ávila (MC), se indica que “las pérdidas para la industria son millonarias, los consumidores mexicanos de discos pirata gastan poco más de 570 mil millones de pesos anuales, según la encuesta de hábitos de consumo de productos piratas y falsificados en México. Los productos que más adquiere la población son CD, DVD y series, acumulando 94 por ciento de las compras de artículos pirata; 14 por ciento ropa; 13 por ciento, calzado, y 10 por ciento, software”.

Subraya que el año pasado, 28.9 millones de personas se emplearon en la informalidad. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) reveló que se sumaron 86 mil 339 personas a labores poco o nada productivas para la economía del país respecto a 2011; de acuerdo con información del INEGI, del total de esta población, 13.5 millones forman concretamente la ocupación en el sector informal.

Asimismo, se aprobó otro dictamen para exhortar al titular de la Secretaría de Economía para que promueva las acciones necesarias que eviten la discriminación hacia los grupos vulnerables que participan o buscan participar en los programas a su cargo.

Además se llama al titular del Instituto Nacional de la Economía Social para que continúe y refuerce la promoción y fomento de la participación individual y en grupos organizados del sector social de la economía.

De igual forma se aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la SE, para que realice las gestiones necesarias a fin de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) valore y, en su caso, inicie el procedimiento para que se emita la declaratoria de protección de la denominación de origen al limón colimense.

Argumentó que Colima aporta cerca del 50 por ciento de la producción nacional del cítrico y produce 500 mil toneladas de esta especie; además, exporta más de 15 por ciento a diferentes partes del mundo. Añade que Colima es el estado con mayor productividad de limón en el país, con un promedio de 23 toneladas por hectárea y es la mayor actividad generadora de empleos en la entidad.

También se acordó aprobar el punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas a incorporar en sus agendas de discusión, la formulación de instrumentos de vinculación entre las procuradurías estatales, las entidades encargadas de la regulación de las casas de empeño y las propias casas de empeño para detectar la enajenación de objetos robados.

Enseguida, se aprobó hacer un exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de la SE y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, implemente las acciones para atender la problemática de la agroindustria azucarera y las medidas de salvaguarda que establece el Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Además, que las autoridades encargadas de los programas federales otorguen apoyos económicos a los campesinos cañeros con la finalidad de darles condiciones para que incrementen su capacidad de generar empleo e impulsar su propio crecimiento.

Otro dictamen avalado por este grupo de trabajo plantea exhortar al Ejecutivo federal, para que a través de la SE, Sagarpa y SHCP, además de su contribución al cumplimiento de los compromisos del Pacto por México relativos al campo, se incorporen en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y demás programas sectoriales, acciones y recursos que, en el corto, mediano y largo plazo logren resolver la problemática de productividad, competitividad e ingresos.

El financiamiento al campo ha disminuido aproximadamente 90 por ciento, asociado a la reducción de programas de apoyo al desarrollo e impartición de educación para los campesinos.

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