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Boletín N°. 1509 Fortalecer fiscalización de los programas sociales, recomiendan diputados a la ASF

02-05-2013.- La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados presentó siete recomendaciones derivadas del análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2011, entre las que se encuentran el fortalecimiento de la fiscalización de los programas sociales.

Al hacer entrega del documento al titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez, el diputado José Luis Muñoz Soria (PRD), presidente de la Comisión, dijo que el objetivo es el perfeccionamiento del marco jurídico de la fiscalización superior.

Expresó que el documento contiene el trabajo realizado y coordinado por la Comisión que preside, durante los meses de febrero, marzo y abril.

Agregó que las siete recomendaciones y conclusiones se diseñaron con las aportaciones de los diputados integrantes de la Comisión en diversas reuniones de análisis, los cuales consisten en mejorar la estructura de los informes de auditoría; documentar la atención a las recomendaciones de la Comisión derivadas del análisis del Informe 2010 y homologar la presentación del Programa de Auditorías con el Informe de Resultados.

De igual modo, recomiendan clasificar las auditorías con enfoque de desempeño; informar del avance de la solventación de observaciones que se registren dentro del plazo legal que tienen los entes auditados, y mejorar la emisión de sugerencias a la Cámara de Diputados.

El diputado Muñoz Soria indicó que el documento expone una posible agenda de trabajo en tres ámbitos: temas recurrentes que por su importancia pueden ser considerados por el órgano de fiscalización superior en futuros programas de auditorías; propuestas de auditorías, estudios y evaluaciones de políticas públicas, e identificación de áreas de oportunidad legislativa.

Precisó que se identificó una agenda de 229 acciones. De ellos, 91 son temas relevantes susceptibles de ser considerados por la ASF en el diseño de sus Programas Anuales de Auditorías; 53 propuestas de auditorías, 11 estudios y 7 evaluaciones de políticas públicas; 67 temas o áreas de oportunidad para los integrantes de la Comisión o de la Cámara de Diputados.

En días próximos, anunció, se integrará otro documento sobre el análisis del Informe del Resultados, el cual, será entregado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en cumplimiento a lo que establece el artículo 34 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Del grupo parlamentario del PRI, la diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales señaló que esta Cámara no puede ni debe hacer caso omiso a sus más altas responsabilidades, pues tiene como una de sus atribuciones exclusivas la fiscalización.

“Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, permitiremos que la complicidad y la impunidad sea el mensaje enviado al pueblo de México; estamos ciertos que el principio de división de poderes es uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se afianza la estructura del Estado constitucional sin el cual este es inconcebible”, afirmó.

Es de interés, dijo, fortalecer al Poder Legislativo, particularmente, en sus facultades de control. “Sin control judicial del poder no hay Estado de derecho, pero sin el control político del poder no hay Estado democrático”.

La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (PAN) argumentó que si bien el trabajo de la ASF es importante para conocer el comportamiento de los recursos, es necesario que cambie el orden y la forma en que la Auditoría presenta la información, para que los diputados “podamos conocer con mayor precisión el comportamiento del año auditado, la gravedad de las observaciones o el tipo de acciones promovidas”.

Es apremiante, subrayó que la ASF establezca líneas de cumplimiento normativo a estados y municipios, porque la mayoría de las inobservancias de lo establecido en la Ley de Federal de Contabilidad Gubernamental, se da en estos ámbitos.

Además, dijo, deberá enfocar sus observaciones hacia corregir el incumplimiento de la norma con acciones concretas derivadas de la fiscalización, pues el informe, es claro en cuanto a los programas no cumplidos. “Este documento debe ser el reflejo de un trabajo institucional realizado con imparcialidad y justicia de todos los actores involucrados y que no tenga sesgos de ninguna índole”.

La diputada Alfa Eliana González Magallanes (PRD) resaltó que es necesario reforzar la cultura y disciplina en materia de transparencia y rendición de cuentas. “Debemos poner especial atención en prevenir, corregir acciones y actitudes que promueven y fomenten la corrupción, como el manejo discrecional del recurso público, ejercicio indebido de autoridad y, sobre todo, la impunidad”.

Mencionó que los resultados están a la vista pero aun no son satisfactorios, por lo que se debe promover y fomentar la responsabilidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos, así como actuar con rigor y firmeza contra la impunidad.

Se debe, afirmó, perseguir y castigar toda conducta adversa a la transparencia y rendición de cuentas. “Haremos todo lo posible para apoyar y fortalecer su autonomía de estructura y base normativa para permitirle a la ASF una mejor actuación sin obstáculo alguno”, afirmó.

Por el PVEM, el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares dijo que durante la revisión del análisis se constató el reforzamiento de mecanismos para la fiscalización y afirmó que “es el inicio de modificaciones para encontrar nuevas formas de rendición de cuentas”.

“Hemos trabajado de forma conjunta con la Unidad de Evaluación y Control durante todo este proceso; agradeceremos a la ASF que permanezca atenta a las recomendaciones; debemos seguir avanzando en el perfeccionamiento de la rendición de cuentas”.

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza) señaló que durante el análisis realizado al informe se detectaron diversos riesgos, debilidades e irregularidades en el manejo de recursos, por lo que, aseguró, “se mantendrán vigilantes de que haya la correcta sanción”.

Dijo que se impulsarán las modificaciones legales necesarias para fortalecer la fiscalización superior y eliminar las áreas de opacidad e ineficacia que se mantienen amparadas en vacíos del marco jurídico; “mejoraremos los mecanismos que se reflejen en acciones que hagan que la honestidad aumente la confianza ciudadana”.

Los diputados del PRD, Lizbeth Eugenia Rosas Montero y Víctor Manuel Bautista López, dijeron que faltó profundidad en el informe para identificar los diversos problemas que existen, los cuales terminan siendo señalados por la opinión pública de ilegales, y solicitaron que se anexe el seguimiento a denuncias administrativas y penales por el manejo de recursos.

Al recibir el informe, el titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez, manifestó su interés en que los resultados que se proporcionen constituyan elementos objetivos para orientar modificaciones al marco legal.

Aseguró que la ASF será cuidadosa de “nunca rebasar los límites de nuestro mandato, y en no erigirnos en jueces, sino hacer uso de nuestras atribuciones en estricto apego a la imparcialidad y la neutralidad que garantizan la validez de nuestra actuación”.

Indicó que para fortalecer la posición de la Comisión de Vigilancia y la ASF en el entramado democrático, es indispensable mantener abiertas las vías de comunicación entre ambas instancias “y concebirnos como un binomio con objetivos e intereses comunes: la correcta utilización de los recursos públicos y la mejora de la gestión gubernamental”.

Reconoció la preocupación de los legisladores respecto a la necesidad de que quienes tienen a su cargo las finanzas públicas tomen en cuenta en sus decisiones, los riesgos de determinadas operaciones, la vulnerabilidad en que pueden colocar al sistema en su conjunto o la sustentabilidad de determinadas propuestas.

Portal Martínez agregó que tanto en el ámbito federal como en el municipal y estatal se registran carencias en cuanto a la capacidad de mantener finanzas viables, sanas y que no constituyan carga para generaciones futuras, por lo que se debe reforzar, coordinar y sistematizar la fiscalización de la deuda, pues -aún cuando su adquisición es una herramienta válida- implica un uso responsable y bajo estricta vigilancia de los órganos de control correspondientes.

De ahí que destacara la relevancia del Sistema Nacional de Fiscalización, el cual puede reducir las brechas estatales y regionales, reforzar sus capacidades técnicas y armonizar la legislación aplicable, sin violentar la autonomía estatal y la división de poderes; además permitirá que los órganos internos de control retomen su lugar en el proceso administrativo y complementen la acción de la fiscalización superior.

Manifestó la necesidad de coordinación entre la fiscalización superior y los distintos órganos internos de control para alcanzar una mejor supervisión del uso de los recursos públicos; perfeccionar la recaudación tributaria en todos los niveles de gobierno y disminuir la dependencia de las finanzas públicas federales.

Puntualizó que un mejor uso de los recursos depende de una mejor fiscalización local, pero “sin autonomía ni independencia real, las instancias auditoras no sólo se ven incapacitadas para generar la credibilidad necesaria entre la ciudadanía respecto al contenido de sus acciones, sino que tampoco pueden funcionar como un contrapeso a los ejecutores del gasto”.

El auditor externó la buena recepción que ha tenido la propuesta de un proyecto de Ley de Gasto Federalizado, pues en muchas ocasiones, los montos disponibles en este rubro son utilizados de manera ineficiente o más allá de su destino original, y su adecuada fiscalización representa un insumo importante para las tareas legislativas, que pueden contemplar las reformas o modificaciones necesarias.

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