21-05-2013.- La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social presentará ante la Comisión Permanente, una iniciativa de reformas a la Ley del Seguro Social para exceptuar del régimen obligatorio de aseguramiento a los socios de cooperativas que se dedican a actividades agropecuarias o pesqueras.

En reunión de trabajo, presidida por la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo (PRD), se dio a conocer la propuesta de reforma, la cual precisa que dicha excepción se deriva de las cotizaciones que impone la naturaleza a las empresas que trabajan en el campo y la pesca.

La naturaleza de la producción agrícola, ganadera, forestal y pesquera implica periodos de gastos a lo largo de varios meses y de ingresos concentrados en periodos relativamente cortos, que además están a expensas del comportamiento del clima del mercado, se agrega en el documento.

Señala que en la producción agropecuaria, la mayor parte de las actividades productivas sólo se realizan en periodos determinados, de la siembra a la cosecha, de la veda a la pesca, con prolongados periodos en los que se suspenden muchas actividades.

El empleo del trabajo o los servicios personales no es continuo, tiene un comportamiento estacional y en esas condiciones el aseguramiento debe ser voluntario, subraya.

Con esta reforma, destaca, se preservan las particularidades que reconoce la Ley del Seguro Social para aquellas sociedades cooperativas que se dedican a las actividades agropecuarias y pesqueras.
La Comisión también acordó presentar un exhorto a la Secretaría de Economía y a la Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración Pública para que en el programa de proveedores y en las medidas de reducción de barreras a la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas, se considere a las sociedades cooperativas de producción y a las empresas del sector social de la economía, como proveedores que representan importantes ventajas para el país y se les permita acceder a los beneficios.

Asimismo, exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que considere a las sociedades cooperativas, y en general, a las empresas que forman parte del sector social de la economía, como proveedores del Poder Judicial.
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