• Coinciden diputados que el modelo educativo está rebasado

• Es necesaria una verdadera reforma en la materia

21-05-2013.- Integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos se reunieron con la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) para abordar el tema de la Reforma Constitucional en materia educativa y la elaboración de las leyes reglamentarias del Servicio Profesional Docente y del INEE.

Ante los legisladores, los miembros de la Junta de Gobierno del INEE coincidieron en que la evaluación al magisterio no tiene que ser homogénea, sino que debe considerar diversos factores como la diversidad cultural y lingüística, y las condiciones socioeconómicas en que se desarrolla el trabajo docente. Asimismo, el entorno inmediato, la comunidad, la escuela y su equipamiento.

La presidenta de este instituto, Sylvia Schmelkes del Valle sostuvo que para que la educación pueda ser de calidad, las condiciones de trabajo de los docentes y directivos deben ser también las adecuadas.

“A nosotros no nos parece justo que se evalúe el desempeño docente sin tomar en cuenta las condiciones en las que desarrolla su trabajo”, dijo.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación, Jorge Federico de la Vega Membrillo (PRD), coincidió en que la evaluación al magisterio no puede ser igual para todos, pues no es lo mismo un maestro que desarrolla su trabajo en una comunidad rural o indígena y que gana 6 mil u 8 mil pesos al mes, con otro que se desenvuelve en un entorno citadino con un sueldo superior a los 25 mil pesos.

“Coincidimos en que la evaluación debe tomar en cuenta la diversidad cultural y lingüística y las condiciones socioeconómicas en las que se desarrolla el trabajo docente. Debe tomar en cuenta al propio maestro y revalorarlo”, subrayó.

Recordó que el pasado 9 de mayo, la Junta de Gobierno del INEE hizo públicos sus lineamientos generales y que ese pronunciamiento enriquece el debate, aclara conceptos y las vías para la instrumentación de la evaluación.

Dijo que una de las funciones esenciales del Instituto es instrumentar la evaluación y proponer a la Secretaría de Educación Pública su ruta de aplicación, considerando el contexto socioeconómico y cultural, así como el entorno inmediato del quehacer del docente.

Los integrantes de la Junta de Gobierno entienden la evaluación como un proceso que no debe estar estandarizado y, en consecuencia, debe tomar en cuenta el entorno inmediato de la labor del maestro, la comunidad, la escuela, su equipamiento y otros factores, aseguró de la Vega Membrillo.

Sin embargo, agregó, también advierten a los diputados y diputadas que para que ellos puedan definir de manera precisa sus actividades y los plazos para desarrollarlas, se requiere de la legislación secundaria.

En tal sentido, “estamos obligados a reformar la Ley General de Educación, a elaborar las leyes del Servicio Profesional Docente y del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación”, estimó.

Es fundamental, puntualizó, que la Cámara de Diputados ubique las tareas para concretar la Reforma Educativa.

La Comisión de Educación, mencionó, se ha planteado una ruta de consultas para cumplir con este encargo. “Debemos debatir puntos que han sido de mucha controversia y también de escuchar la opinión de expertos en la materia, de actores de las distintas instituciones y organizaciones involucradas en el sistema educativo”.

En su exposición, la presidenta del INEE, Sylvia Schmelkes del Valle, precisó que al INEE no le corresponde realizar las evaluaciones ni tomar las decisiones que de ahí se derivan.

“Pensamos que los maestros son personal de la SEP y, por lo tanto, debe ser esta dependencia la que ejecute la evaluación y tome las decisiones consecuentes. A nosotros nos corresponde evaluar el grado en el que el Estado garantice una educación de calidad, además de emitir recomendaciones que puedan ser escuchadas”, dijo.

Indicó que el principal propósito de esta evaluación es asegurar que el personal docente subsane sus debilidades y para eso establecen procesos formativos.

Agregó que el INEE tiene el cometido de orientar las evaluaciones, de proponer los instrumentos a ser utilizados, de asegurar la solidez técnica de los mismos, y para ello recomendará la instauración de varios instrumentos para evaluar.

Destacó que las pruebas estandarizadas a los maestros sólo podrán ser utilizadas para evaluar conocimientos de las materias que imparten. “Las pruebas estandarizadas a los alumnos no deberán ser utilizadas para evaluar a los docentes, porque eso resulta injusto”, opinó.

Por su parte, Gilberto Guevara Niebla, profesor titular del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, cuestionó el borrador de la Ley General del Servicio Profesional Docente, la cual, dijo, contiene varias imprecisiones y omisiones que deben ser subsanadas por los legisladores.

Llamó la atención sobre el hecho de pasar de sistema educativo sin reglas, desregulado a uno que estará sobreregulado.

Consideró que dicha ley sigue siendo flexible para hacer que los docentes trabajen. En tal sentido, opinó que deben establecerse algunas normas “draconianas” para obligar a los profesores a trabajar y tomar medidas tope para evitar las faltas.

Por otra parte, sostuvo que el Estado está obligado a formar a los docentes de la educación básica y media superior, pero no lo contempla esta ley.

Ambos funcionarios reconocieron que la recién aprobada reforma educativa no es tal, sino de una especie de reforma administrativa y laboral, de infraestructura jurídica, es decir, un primer paso hacia el objetivo principal.

“Es necesario tomar en cuenta que la reforma educativa está por hacerse. Lo que tenemos ahora sobre la mesa sienta las bases para una transformación profunda”, concluyó.

Los diputados Miguel Ángel Aguayo López, Gaudencio Hernández Burgos y Jorge Herrera Delgado, del PRI; Víctor Reymundo Nájera Medina, del PRD; Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del PAN; Héctor Hugo Roblero Gordillo, del PT, y Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza, coincidieron en que el modelo educativo vigente está rebasado y que es necesario arribar a una verdadera reforma educativa y a una nueva Ley General de Educación.

Aceptaron que en las movilizaciones magisteriales prevalecen los conceptos de la permanencia y la evaluación estandarizada; sin embargo, queda claro que su aplicación no será homogénea.

Participaron en la reunión la diputada Judit Magdalena Guerrero López (PVEM) como moderadora, así como Teresa Bracho González y Margarita Zorrilla Fierro, integrantes del INEE.

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