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Boletín N°. 1621 Derechos de los trabajadores de la educación no se pondrán en tela de juicio

• Tampoco está a discusión el respeto al carácter público y gratuito de la enseñanza: De la Vega Membrillo

30-05-2013.- El presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputado Jorge Federico de la Vega Membrillo (PRD), afirmó que se respetarán los derechos constitucionales de los maestros, lo que significa que no se pondrá en “tela de juicio” el apartado B del artículo 123 de la Carta Magna que los rige.

Durante el “Foro Nacional de Información y Consulta, sobre la Reforma Constitucional en Materia Educativa y la Elaboración de las Leyes Reglamentarias”, el diputado aclaró que sólo habrá reforma a las leyes secundarias y nuevas leyes “si descansan en un amplio y claro consenso”.

Enfatizó que para la Comisión no está en tela de juicio ni a discusión y “menos debe de ser objeto de debate y cuestionamiento el respeto al carácter público y gratuito de nuestra educación”.

Precisó que algunos de los ejes fundamentales en la realización de las reformas y leyes secundarias, será el tema laboral-administrativo, en el cual se colocará en el centro de la discusión al maestro como profesional y el espacio inmediato donde desarrolla su labor que es la escuela.

Destacó que la evaluación no debe ser estandarizada, sino reconocida como un proceso con distintos momentos cualitativos y cuantitativos, que considere las diversas condiciones socioeconómicas, culturales y lingüísticas de nuestro país.

Asimismo, dijo, la evaluación debe contemplar el entorno inmediato del docente, su escuela, las condiciones de los alumnos, su equipamiento, materiales, la comunidad.
De la Vega Membrillo indicó que van a participar activamente en el debate de la reforma hacendaria y fiscal, a fin de garantizar un porcentaje significativo de financiamiento para la educación.

Agregó que también se hará énfasis en la transparencia y en la rendición de cuentas de los recursos que se aplican en el sistema educativo y se impulsará una política equitativa de participaciones. “Esta Comisión pone en tela de juicio a la actual fórmula del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) que nos ha demostrado una distribución inequitativa”, señaló.

Puntualizó que con los resultados de este foro se podrán obtener elementos que se utilizarán para legislar y tener un marco legal que permita arribar a una reforma de fondo al sistema educativo.

En el evento, la vicepresidenta de la Mesa Directiva, la diputada Patricia Elena Retamoza Vega (PRI) comentó que el tema de educación involucra a todos y es uno de los más importantes y complejos que llegan a la Cámara.

Añadió que la educación es un asunto que se puede volver polémico, porque no se escucha y no se trabaja con los interesados o involucrados en el ramo. Por ello, se congratuló con la realización del foro, pues permitirá realizar una consulta y analizar la importancia de una reforma educativa integral, donde todos tendrán la oportunidad de participar.

Enfatizó que todo aquello que se invierta en educación será bien invertido. “Esperemos que trabajemos en una mejor propuesta económica, no sólo para más aulas, sino para el salario de los trabajadores”.

Se comprometió a cuidar que las propuestas que sean para enriquecer y llevar a cabo una mejor educación en México, sean respetadas.

La diputada María Guadalupe Mondragón González (PAN) sostuvo que la raíz de los grandes problemas sociales que atentan contra el desarrollo de México es la educación. “La crisis que como sociedad enfrentamos es el claro reflejo de la pérdida de valores desde un punto de vista de civismo y conocimiento de nuestra identidad”, aseguró.

Explicó que el motivo del foro es discutir, plantear ideas y propuestas para el futuro de la educación. El objetivo fundamental es informar de la importancia, los contenidos, alcances y perspectivas de la ley secundaria a los actores que confluyen en el sector, ya que la educación “la hacemos todos los mexicanos”.

Se recogerán opiniones, comentarios y propuestas que sirvan a los legisladores para generar la Ley General de Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto para la Evaluación de la Educación, así como la reforma a la Ley General de Educación.

Este evento permitirá obtener resultados para hacer de México una nación con mejores condiciones de desarrollo, crecimiento, “basado siempre en nuestro proyecto de nación, en una educación solida y de calidad que en verdad desarrolle un capital humano de primer nivel”, aseveró.

El presidente del Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez (PRD), mencionó que en una encuesta realizada por este órgano, el 53 por ciento de la población está de acuerdo con la reforma educativa. Sólo el 27 por ciento dijo estar en desacuerdo y el resto no contestó.

Agregó que el 75 por ciento de los entrevistados indicó que las escuelas de su localidad no están equipadas para recibir a una persona con discapacidad. El 69 por ciento señaló estar a favor de la ampliación de la jornada escolar y el 60 por ciento, que se debe impartir una misma educación para todos los mexicanos.

El diputado comentó que el 66 por ciento de los encuestados consideró que la educación pública no es gratuita en México, debido a las cuotas escolares.

Indicó que se todos estos temas tendrán tomarse en cuenta en los criterios para la dictaminación de las reformas que se tienen en puerta en esta Cámara.

Durante las ponencias, el académico Salvador Martínez della Rocca señaló que en la reforma constitucional se señala que la educación debe ser de calidad, para buscar el mejoramiento constante y el máximo logro educativo de los estudiantes. Sin embargo, apuntó, no dice cómo.

Consideró adecuada la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), pero dijo no entender su trascendencia en el mejoramiento sustantivo de la educación, ya que dicha institución “ha acompañado las sucesivas reformas a lo largo de la historia de la educación en México”.

Además, dijo, el INEE ha sido sustituido o marginado de la evaluación por organismos ajenos al sistema educativo, por decisión propia del Estado. En su opinión, la debacle de la educación, no es atribuible a él.

Integrante de la Junta de Gobierno del INEE, Gilberto Guevara Niebla, subrayó que la evaluación es necesaria e importante, “pero tampoco hay que pedirle mucho, porque no es la educación, sino es un elemento, ya que no va a decir si un profesor es mejor o un alumno va a aprender más”.

Consideró que se debe adoptar una postura positiva y optimista ante la evaluación “porque podemos crear un consenso contrario y eso sería una desgracia”. También se deben tomar en cuenta los contextos y diversidad del país.
En su turno, Carlos Muñoz Izquierdo, de la División de Humanidades y Comunicación de la Universidad Iberoamericana, subrayó que el INEE contribuirá al conocimiento, análisis, valoración y mejora del desempeño de cada actor y componente del proceso educativo. Asimismo, orientará la toma de decisiones hacia una evaluación integral y equitativa, adecuada a las necesidades y contextos regionales.

Aclaró que el INEE deberá entregar información individualizada a cada profesor, alumno y escuela, que permita comparar el desempeño de cada uno con el de los demás actores o instituciones que se encuentran en condiciones semejantes.

Además, tendrá que entregar a las autoridades educativas y a la opinión pública información sobre la situación de las escuelas, profesores, directores y supervisores, para orientar las decisiones necesarias para mejorar la calidad del desempeño de los mismos.

Al referirse al tema de servicio profesional docente, el presidente del Colegio de Sinaloa, José Ángel Pescador Osuna, comentó que la ley debe contemplar acciones efectivas para la capacitación, actualización y superación de los maestros.

Subrayó que se deben establecer criterios de calidad y definir perfectamente en qué va a consistir la actualización para que sea mucho más rápida la incorporación de los buenos profesores. Además, analizar cuáles son las condiciones salariales, ya que se habla de ampliar la jornada, lo que representará un presupuesto muy importante.

El rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Eliseo Guajardo Ramos, señaló que es necesario considerar en la ley el subsistema de formación inicial y profesionalización de los docentes como un subsistema integral, donde sea equiparable la profesionalización a la formación inicial.

Recalcó que debe garantizarse la gratuidad de la preparación para la evaluación, ya que existe el riesgo de la privatización a través de cursos a los profesores.

Añadió que la evaluación también debe ser pública, gratuita y nacional, “de otra forma estamos en un grave riesgo de mercantilizar toda la formación y actualización de los profesores, cuando debe estar garantizada en la ley”.
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