05-11-13.- La Cámara de Diputados exhortó al Poder Ejecutivo federal a celebrar la firma del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), a fin de proteger a las personas y grupos que consideren violentadas estas garantías.

Al argumentar el punto de acuerdo aprobado en la sesión de hoy, el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza, dijo que en México existen deshonrosos casos en los que los derechos de los ciudadanos y colectividades son violados, por lo que es necesario actualizar la legislación para dotarlos de elementos para su defensa.

Mencionó que el PIDESC, adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1966, compromete a las partes a trabajar para la consecución de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, que incluye a los laborales, de salud, educación, alimentación, beneficios del progreso científico y para tener un nivel de vida digno.

Resaltó que con la firma del Protocolo el gobierno mexicano demostraría su compromiso hacia los derechos humanos, “pasando de las palabras a la acción en la batalla por la justicia colectiva que tanto hemos buscando”.

Señaló que se abriría la posibilidad para que individuos y grupos históricamente marginados denuncien las violaciones a sus derechos económicos, sociales y culturales y demanden reparaciones ante un mecanismo jurídico internacional, aunado a que dará respuestas a violaciones graves y sistemáticas de los mismos a través del procedimiento de investigación.

En su turno, la diputada Loretta Ortíz Ahlf (PT), explicó que se requieren mecanismos de exigibilidad a los Estados y para lograrlo es necesario establecer elementos de queja y reclamación y que los individuos o los propios Estados puedan acudir a presentarlos.

Detalló que es de suma importancia que México ratifique el PIDESC, ya que dotará de una mayor efectividad a las leyes, para el bien de los mexicanos.

En tanto, el diputado José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, precisó que los derechos económicos, sociales y culturales están reconocidos en diferentes instrumentos internacionales aprobados por México; “no obstante, el Estado mexicano ha actuado negligentemente al desconocer casi por completo las obligaciones y responsabilidades que se desprenden de la firma de estos documentos”.

Resaltó que según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la economía mexicana se encuentra clasificada entre las peores del mundo, con un desarrollo productivo relativamente bajo, con tasas de desigualdad y pobreza de las más altas de los Estados miembros de esta organización, por lo que “la ratificación al Protocolo Facultativo del PIDESC, es sin duda necesario con motivo de las deficiencias que vive nuestro país”.

La diputada del PVEM, Rosa Elba Pérez Hernández, destacó que el 23 por ciento de la población vive sin acceso a una sana alimentación, 22 sin opciones en salud, 22 sin los servicios básicos a la vivienda y un 62 por ciento no tiene seguridad social, donde los más afectados suelen ser mujeres, indígenas, discapacitados y aquellos en pobreza extrema.

Detalló que siendo México uno de los países más desiguales del mundo, el Protocolo trabajará a través de un comité de expertos internacionales que examinarán las quejas que se presenten e iniciarán investigaciones sobre las violaciones graves a los derechos consagrados en el pacto.

La diputada Carla Guadalupe Reyes Montiel (PRD) señaló que en la actualidad es importante para México ratificar el presente protocolo, debido a la relevancia que están tomando las políticas públicas y que necesitan ser vinculadas a dar mayor cobertura a los rubros de salud, educación, trabajo y vivienda, además de la protección social, ya que actualmente los grupos que sufren mayor discriminación son los jóvenes, mujeres y pueblos.

Agregó que la ratificación de este instrumento es un paso significativo en la implementación de mecanismos internacionales que permitan fortalecer la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales, al permitir el acceso a la justicia y atender las violaciones graves a través de los procesos de investigación correspondientes.

Por el PAN, la diputada María Teresa Jiménez Esquivel expresó que en el Protocolo las partes firmantes se comprometen a reconocer la competencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para examinar las denuncias de personas o grupos que afirman que sus derechos, en virtud del Pacto, han sido violados, respetando en todo momento la soberanía de los Estados.

Lo anterior es importante, dijo, ya que nuestro país afirmó el fortalecimiento del Consejo de los Derechos Humanos ante el 68 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por lo que presentó una candidatura para ser miembro de este órgano en el periodo 2014-2016, con la finalidad de propiciar un tratamiento objetivo y eficaz sobre la situación de los derechos humanos.

El diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (PRI) mencionó que el PIDESC, el cual fue ratificado por nuestro país en 1981, salvaguarda diversos derechos fundamentales para asegurar una vida digna para las personas, los cuales están garantizados por el protocolo facultativo del mismo Pacto, que no tiene otra finalidad más que proteger a las personas y grupos de personas que consideren violentados sus derechos.

Consideró que en el punto de acuerdo es de gran relevancia para nuestro país, ya que tiene como único objetivo, más allá de la simple formalidad de suscribir un protocolo, ampliar, verdaderamente, la protección de los derechos por parte de todas las instituciones gubernamentales.

El documento precisa que, de acuerdo con el último informe de Coneval 2013 sobre la situación de pobreza en México, 53.3 millones de personas la padecen, mientras que otros 33.5 millones viven en situación de vulnerabilidad por carencias sociales.

Los grupos en situación de vulnerabilidad más afectados por la discriminación, como las mujeres, los jóvenes o los pueblos indígenas, padecen niveles de pobreza mayores que el promedio de otros grupos en esta condición, donde la población menor de 18 años ha sido la más afectada debido a los altos niveles de marginación.

Los resultados concluyeron que los niños y jóvenes en esa condición fueron de 21. 2 millones, de los cuales 4.7 millones se encuentran en pobreza extrema.

Asimismo, la población indígena que vive en pobreza extrema, representa más de cuatro veces en número de personas, a diferencia del resto de la población.

Estas cifras demuestran que México está lejos de cumplir con sus obligaciones internacionales y constitucionales e indica la ausencia de mecanismos efectivos a nivel nacional para la reclamación de estos derechos, por lo que la ratificación del Protocolo Facultativo del PIDESC sería un paso significativo hacia la implementación y pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, señala.

Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el jueves 7 de noviembre de 2013, a las 11:00 horas.

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