07-11-2013.- La Cámara de Diputados aprobó un dictamen en el cual se obliga a servidores públicos federales y locales a responder las recomendaciones de las instituciones de vigilancia y defensa de los Derechos Humanos, y en caso contrario, justificar y hacer pública de su negativa.

El documento fue aprobado por unanimidad de 398 votos, con el que se adiciona la fracción XXI Bis al artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

En la fundamentación del dictamen, el diputado Jorge Terán Juárez (PRI) detalló que esta reforma elimina la discrecionalidad de los funcionarios públicos para acatar o no las recomendaciones del Ombudsman, bajo el principio de que todo acto debe estar debidamente fundado y motivado.

Asimismo, obligará a los servidores públicos a responder lo que considere pertinente el defensor de los Derechos Humanos, y garantiza a éste más elementos para acudir al Ministerio Público a denunciar, si así lo estima necesario.

“Lo que se propone es un Ombudsman fuerte, la preservación del estado de derecho y el establecimiento cabal de las obligaciones de los servidores públicos en materia de Derechos Humanos y transparencia”, agregó.
Además, continuó, provee al Ombudsman la facultad de solicitar a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente, la comparecencia de las autoridades o los servidores públicos responsables, a efecto de que expliquen su negativa a cumplir con las recomendaciones.

Por otro lado, dijo, se fortalece a los organismos de Derechos Humanos, otorga certeza jurídica a los gobernados, refrenda el principio de gobernabilidad y objetiva el derecho a la información.

Con esta adición a Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos “se da repuesta a la ciudadanía, lo que cambiará su percepción sobre los derechos a los que tienen acceso y su relación con los actos de abuso por parte de las autoridades”, subrayó.

Terán Juárez recordó que de esta manera “concluirá una etapa que da cuenta de una importante generación de reformas en la materia” y “se coloca a nuestro marco normativo a la vanguardia y en plena congruencia con los instrumentos internacionales suscritos por México”.

En la manifestación de posicionamientos, el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (Nueva Alianza) coincidió en que impulsar medidas legislativas en materia de derechos humanos, beneficia a la ciudadanía en el alcance máximo de sus libertades fundamentales, así como en el fortalecimiento del estado democrático de derecho.

Por parte del PT, Loretta Ortiz Ahlf consideró a esta reforma como “una buena solución”, no obstante, planteó la necesidad de fortalecerla estableciendo una tipificación de delito para aquél funcionario o servidor público que no justifique o motive el no cumplimiento de alguna recomendación de algún Ombudsman o Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“A pesar de que representa un avance muy importante esta reforma que hoy se nos presenta, creemos que se debería avanzar más en el tema”, sostuvo.

En tanto, el legislador Gerardo Villanueva Albarrán (Movimiento Ciudadano) dijo que es indignante que las violaciones a los derechos humanos se apliquen al ciudadano común y corriente, así como a activistas sociales, defensores de los derechos humanos, periodistas y fotorreporteros.

Estos individuos, continuó, se oponen a grandes corporativos del país y son víctimas de persecuciones; su grupo parlamentario, aseguró, apoya la propuesta de reforma “a la luz de una problemática escandalosa en el país”.

La diputada Laura Ximena Martel Cantú (PVEM) señaló que el dictamen incorpora a dicha Ley la obligación de los servidores públicos a responder las recomendaciones que les presente el Ombudsman de la CNDH y, en caso de que no acepten dicha recomendación, hacer pública su negativa.

“Se le reconoce autoridad a la CNDH para hacer comparecer, a petición del Ombudsman, al funcionario público que hubiera manifestado su negativa para cumplir la recomendación, es decir, ya no es una simple sugerencia que puede pasar inadvertida sino una recomendación que debe atender oportunamente y amerita una responsabilidad por parte del funcionario público en caso de incumplimiento”, dijo.

El diputado Domitilo Posadas Hernández (PRD) comentó que la propuesta puede convertirse en un instrumento que inhiba la repetición de prácticas que no respeten los derechos humanos, luego de la falta de mecanismos de rendición de cuentas.

Indicó que el dictamen tiene por objeto que todo servidor público que no cumpla cualquier recomendación emitida por los organismos de los defensores de los derechos humanos, ya sea federal o local, deberá proceder hacer pública su negativa.

El diputado Omar Antonio Borboa Becerra (PAN) afirmó que con el dictamen las autoridades del Distrito Federal podrán ser responsables administrativamente por no aceptar o con cumplir recomendaciones que le dirija el órgano de derechos humanos nacional o local.

“Se pretende que la CNDH sea más coercible, porque sus recomendaciones eran llamadas a misa. Hacían recomendaciones, las cuales ignoraba completamente la autoridad y ahora lo que queremos hacer es que fundamenten el por qué no aceptaron la recomendación”, explicó.

En representación del PRI, la diputada Mirna Velázquez López (PRI), consideró necesario eliminar toda discrecionalidad de los actos de los funcionarios públicos “porque resulta tierra fértil para la corrupción y el abuso de autoridad”

“La reforma a discusión impide que los servidores públicos tomen las recomendaciones del Ombudsman como asuntos menores y sin importancia”, señaló.

La adición de la fracción XXI Bis al artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, aprobado en la Cámara de Diputados, fue turnada al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

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