• Aprueban diputados reformas a las leyes General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Policía Federal

12-11-2013.- El Pleno camaral aprobó que las pruebas de control de confianza de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública se realicen con estricto apego al respeto de los derechos humanos y la dignidad del evaluado.

Con la unanimidad de 436 votos a favor, se modificaron los artículos 22 y 25 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y 17 de la Ley de la Policía Federal, para garantizar la objetividad en la selección, ingreso, formación, permanencia, capacitación, profesionalización, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de agentes del Ministerio Público y peritos.

Además, se busca que en los procesos de control de confianza, no sólo se observe el respeto de los derechos humanos y la dignidad del evaluado, sino se integre un reporte único con los informes parciales del proceso, en donde se analice y relacione de manera ordenada el historial de todas las fases, a efecto de emitir un resultado integral, único y final.

En la fundamentación del dictamen enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (PRI) refirió que en la evaluación se hace uso de un enfoque multidisciplinario e integral que, dentro del actual modelo nacional, se compone por pruebas toxicológicas, médicas, psicológicas, socio-económica y poligráficas.

Mencionó que si bien ya existe el sustento de diversas disciplinas científicas de verificación, es necesario incluir el concepto de objetividad como parte de los procesos de evaluación y control de confianza, así como el que desde el dispositivo legal se deje asentado el respeto irrestricto a los derechos humanos y la dignidad del evaluado.

“Es inevitable que aquellos a quienes se encarga la noble y vital función de la protección de la vida, propiedad, derechos y libertades de los mexicanos, también les sean respetados dichos derechos fundamentales”, afirmó.

Se debe, precisó, fortalecer los criterios que ayuden a confirmar la confiabilidad del personal de las corporaciones policiacas que ya existen, así como encontrarse nuevas y mejores maneras de recuperar la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones policiales incorporadas.

En los posicionamientos, la diputada Sonia Rincón Chanona (Nueva Alianza) denunció que la parte más fuerte de estas evaluaciones, es la del poligráfico que oscila entre tres o cuatro horas, en donde la mayor parte de los examinados coinciden en que este examen viola los derechos humanos, pues el poligrafista es agresivo.

Resaltó que si bien son necesarias policías honestos en el país, y los exámenes de confianza son un filtro importante para lograr este objetivo, éstos deben realizarse con un estricto apego a la protección de los derechos humanos de los examinados mejorando los criterios.

De Movimiento Ciudadano, el diputado José Francisco Coronato Rodríguez expresó que estas reformas conllevaran a que dichas pruebas sean objetivas, su evaluación sea en forma integral y “no desasociada y subjetiva como se había venido realizando” y bajo el respeto irrestricto de los derechos humanos de servidores públicos evaluados.

Puntualizó que el Centro Nacional de Certificación y Acreditación de Pruebas de Confianza será el ente supervisor y verificador de que dichos principios sean respetados en la operatividad de todos los centros estatales y del Distrito Federal.

El diputado Felipe Arturo Camarena García (PVEM) argumentó que el reto de la seguridad pública en el país es enorme, lo que exige un mayor grado de profesionalización y confianza por parte de los cuerpos policíacos y de los ministerios públicos para cumplir adecuadamente con la tarea de preservar la integridad, el patrimonio y la tranquilidad de la población.

Manifestó que el hecho de que las pruebas de control de confianza se realicen con estricto apego al respeto a los derechos humanos, representa una acción legislativa orientada a solventar los problemas que han presentado en el proceso de depuración de las policías y ministerios públicos.

A su vez, el diputado Trinidad Secundino Morales Vargas (PRD) indicó que su grupo parlamentario está plenamente comprometido con la participación ciudadana, principalmente en la seguridad pública.

Dijo que es necesario que la comunidad y la sociedad civil sean quienes participen en el diseño, implementación, direccionamiento y evaluación de todas las políticas públicas en la materia en los tres ámbitos de gobierno, para que sean las que señalen sus necesidades y evalúen a los elementos policiacos de acuerdo con su desempeño.

La diputada Consuelo Argüelles Loya (PAN) consideró que hoy México necesita elementos confiables, eficaces, profesionales y honrados que respeten la legalidad, pero sobre todo que la entiendan, y los derechos humanos, dentro de sus cuerpos policíacos, de ahí que se debe dignificar, profesionalizar y enaltecer al servicio policial.

Se necesita, afirmó, de los mejores elementos, por lo que se busca con estas reformas que los evaluados sean protegidos en sus derechos humanos a la hora de pasar por control de confianza, y que esto se realice con objetividad.

Por el PRI, la diputada Regina Vázquez Saut resaltó que es preocupante que las instituciones de seguridad pública gocen de un mínimo de confianza entre los ciudadanos, pues la Policía Federal cuenta con un 51 por ciento de confianza por parte de los mexicanos, mientras que las locales y municipales tan sólo tienen un 42 por ciento y 38 por ciento, respectivamente.

Indicó que estas reformas establecen el respeto a los derechos humanos a lo largo de los procedimientos de certificación, por lo que de ajustarse las evaluaciones, se habrá avanzado de manera importante en la recuperación de la legitimidad, por parte de los ciudadanos, hacia sus instituciones de seguridad pública.

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