13-11-2013.- La Cámara de Diputados aprobó por 481 votos reformas para garantizar la instalación de bebederos y el suministro suficiente de agua potable en las escuelas del país, y combatir el alto consumo de bebidas azucaradas entre los alumnos.

El dictamen aprobado por unanimidad reforma los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa y establece que se dará atención a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud, en coordinación con la de Educación Pública.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Adriana Fuentes Téllez (PRI) dijo que esta modificación representa una necesidad para el pueblo de México, “pues de no tomar cartas en el asunto exponen a nuestros niños y jóvenes a hábitos alimenticios poco sanos”.

“Esta iniciativa, convertida en ley, tendrá como único fin que nuestros niños, niñas y jóvenes en edad escolar cuenten en el corto plazo con la infraestructura que les da una opción sana y gratuita a una necesidad básica”, expresó.

Señaló que según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, la valoración del impacto presupuestario de esta iniciativa implicará una inversión de nueve mil 678 millones de pesos, divididos en tres años. El primero, de poco más de tres mil 500 millones de pesos.

Indicó que en el caso de población en edad escolar, de cinco a 11 años de edad, la prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en 2012 fue de un 34.4 por ciento, poniendo en riesgo a 5.6 millones de infantes.

“Estas necesidades se sustentan en hechos contundentes. En los últimos años, según indicadores internacionales, México registra un incremento significativo en sobrepeso, obesidad y, de manera sobresaliente, en diabetes, lo cual representa un grave problema por los efectos negativos sobre la salud de los mexicanos”, externó la legisladora.

Al fijar la postura del grupo parlamentario de Nueva Alianza, la diputada Dora María Talamante Lemas señaló que con esta aprobación se da respuesta a la exigencia de garantizar el acceso al agua potable, así como también materializar el derecho humano a partir del interés superior de la niñez.

“Consideramos que el agua potable en las escuelas es una alternativa saludable ante el consumo excesivo de las bebidas azucaradas; como país, ocupamos el primer lugar en el consumo de este producto a nivel internacional, situación que genera un daño profundo a la salud pública”.

Por el Partido del Trabajo, la diputada María del Carmen Martínez Santillán indicó que nuestro país ocupa el octavo lugar de niños con obesidad, y el cuarto en niñas, lo que ejemplifica el grave problema de salud que se tendrá.

“Las causas fundamentales del sobrepeso y la obesidad son el desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas, y un descenso en la actividad física como el resultado de la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo”.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, afirmó que el problema de sobrepeso y obesidad se ha convertido en “una verdadera epidemia” que está causando estragos en la salud de la población por la diabetes, enfermedades cardiovasculares y la hipertensión, entre otras.

“Nos parece que no se puede hablar de un efectivo combate a la obesidad si no se facilita desde la niñez generar hábitos de consumo de agua, que siempre es saludable y que de esta manera se evita consumir bebidas azucaradas”.

Del PVEM, la diputada Judit Magdalena Guerrero López aseguró que el Estado mexicano debe implementar políticas que consoliden la infraestructura para asegurar la disponibilidad de agua potable, como lo es el impuesto especial a los refrescos y bebidas azucaradas.

Calificó como una paradoja que “en México el costo de una botella de agua potable puede llegar a ser igual, incluso mayor, que el de una botella de refresco para los habitantes de muchas localidades, a las cuales, por falta de infraestructura, no llega el líquido”.

El diputado del PRD, Víctor Reymundo Nájera Medina, exhortó a los institutos de infraestructura educativa de los estados del país, para que en la construcción de nuevas escuelas incluyan de manera obligatoria, en los planos la construcción, a estos bebederos.

“Ojalá no sea un modismo como los que acostumbramos en este país, y las autoridades educativas le den seguimiento a este tipo de infraestructura que va a proporcionar agua potable a los estudiantes”, señaló.

Por parte del PAN, la diputada María Guadalupe Mondragón González recordó que, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos, precedido sólo por los Estados Unidos.

También, agregó, nuestro país tiene la tasa de mayor consumo por persona de bebidas azucaradas con gas. Por ello, y respaldándose en políticas de Estado para lograr cambios en los patrones de alimentación, “debe quedar claro que el agua es el líquido vital por excelencia y un recurso fundamental para combatir la obesidad”, sostuvo.

En tanto, el legislador Arnoldo Ochoa González, del PRI, refirió que esta modificación a la Ley General de la Infraestructura Física Educativa se enmarca en la ruta establecida por el Ejecutivo federal para instrumentar la reforma educativa constitucional, que fue aprobada por la Cámara de Diputados en fechas recientes.

Afirmó que la enmienda fue bien recibida por todas las fracciones parlamentarias, en vista de que se beneficiarían 242 mil 621 escuelas, que representan el 96 por ciento del total de los edificios escolares, así como a 30 millones 115 mil 977 alumnos del sistema educativo nacional.

Al hablar a favor del dictamen, la diputada Dulce María Muñiz Martínez, del PRI, destacó que una característica de la LXII Legislatura es su capacidad para lograr acuerdos y consensos. “La sociedad reclama, nosotros responderemos”, sostuvo.

Lo puesto a consideración del Pleno, sostuvo, impactará positivamente, pues “una población sana con altas expectativas de vida, empieza desde su formación inicial”.

También a favor de la reforma, Verónica Beatriz Juárez Piña, del PRD, exhortó a sus colegisladores para no excluir de sus beneficios a aquellas escuelas que tienen menos de 100 alumnos, “porque son las escuelas que se encuentran en lugares pobres y zonas indígenas, donde más se requiere la garantía del derecho al agua”.

“Hoy estamos dando un gran paso para que este derecho lo tengan las niñas, los niños y los adolescentes que estén en las escuelas de México”, concluyó.

La reforma a los Artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en materia de bebederos escolares, aprobada por el Pleno camaral, fue turnado al Senado de la Republica para sus efectos constitucionales.

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