20-11-2013.- En la sesión de hoy, el Pleno camaral conoció seis iniciativas. Una de ellas, expide la Ley que regula los beneficios de quienes hayan ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, impulsada por el diputado Carlos Augusto Morales López (PRD).

El documento precisa que los privilegios de los cuales gozan los ex presidentes de la República mexicana con cargo al erario público, resultan una carga pesada para el Estado y son una especie de premio vitalicio para servidores del Estado.

Las pensiones vitalicias a los ex mandatarios, destaca, carecen de sustento jurídico. “Hasta el día de hoy sin ninguna base normativa válida se ha otorgado a los ex presidentes una pensión equivalente al ingreso del máximo tabulador de un Secretario de Estado. No se cuenta, con elementos orientativos que justifiquen esta decisión”, menciona.

Con esta iniciativa se propone que las personas que hayan ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo Federal percibirán una pensión especial equivalente al monto de la plaza presupuestal más alta de director de área de la Administración Pública Federal, de manera vitalicia.

Este beneficio será suspendido al momento de que el titular obtenga ingresos, sueldos o compensaciones de cualquier tipo adicionales a la pensión referida.

También busca que quienes hayan ocupado la Presidencia de la República contarán con la protección de no más de 15 miembros del cuerpo de guardias presidenciales, que serán coordinados por un oficial con rango de coronel Diplomado del Estado Mayor, dentro del territorio nacional. El beneficio será reducido hasta concluir un periodo de diez años, a partir del inicio de esta prestación.

En el documento enviado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se resalta que ningún país de América Latina tiene una pensión similar a México, pues los ex presidentes de Chile tienen asignada una pensión de 145 mil pesos y en Colombia de 147 mil.

Uso de automóviles híbridos y eléctricos

De la diputada Consuelo Argüelles Loya (PAN) se conoció una iniciativa que busca incentivar las acciones de mitigación al cambio climático, en la que, tanto particulares como autoridades de los tres órdenes de gobierno, sean partícipes en la evaluación, el uso, fomento y fabricación de automóviles no contaminantes, especialmente híbridos y eléctricos.

El documento enviado a las comisiones de Cambio Climático y Energía, con opinión de la de Transparencia y Anticorrupción y de Presupuesto y Cuenta Pública, modifica diversas disposiciones de las leyes general de Cambio Climático, para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Se argumenta que el uso de automóviles híbridos y eléctricos abonará indiscutiblemente en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, al tiempo que permitirá, de manera gradual, sustituir el parque vehicular obsoleto y altamente contaminante por vehículos eficientes y tecnológicamente sustentables.

Cambiar modelo de las campañas electorales

Se canalizó a la Comisión de Gobernación una iniciativa del diputado José Valentín Maldonado Salgado (PRD), la cual reforma los artículos 55, 56 y 59 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de cambiar el modelo de comunicación política durante las campañas electorales.

Con ello, se busca eliminar los spots, en donde se enaltezcan imágenes de candidatos o se haga uso de elementos impactantes, y se introduzcan mensajes políticos de fondo en donde se privilegie la propuesta política de los partidos y candidatos y candidatas.

Incentivos para usuarios de vehículos no contaminantes

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público se mandó una iniciativa de la diputada Consuelo Argüelles Loya (PAN) que modifica las leyes del Impuesto Sobre la Renta, Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y del Impuesto al Valor Agregado, para prever la deducibilidad del 25 por ciento en la compra de vehículos de combustión interna y eléctricos o híbridos.

Se busca hacer más asequible para los ciudadanos la adquisición de automóviles no contaminantes, lo que redundará en la posibilidad de contar con un medio ambiente sano y con un transporte eficiente y sustentable.

Reincorporación a la vida laboral

La diputada Yesenia Nolasco Ramírez (PRD) presentó una iniciativa que reforma el artículo 62 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con el propósito de hacer más adecuado el proceso de reincorporar a la vida productiva de los trabajadores, posterior a un accidente.

De acuerdo con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, del 2002 al 2011 los accidentes se incrementaron de 302 mil a 422 mil, así como las defunciones de mil 53 a mil 221. Además, el número de accidentes por cada 100 trabajadores se incrementó de 2.50 a 2.82, pero la cantidad de incapacidades médicas descendió. Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Derechos humanos de los migrantes

Con el propósito de adecuar la Ley de Migración al marco jurídico constitucional sobre el respeto irrestricto a los derechos humanos, la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro (PRD) propuso reformas a este ordenamiento, para sancionar, de manera ejemplar, a todos los servidores públicos que atenten contra los derechos humanos fundamentales de los migrantes.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 67.4 por ciento de los ilícitos cometidos contra migrantes sucedió en el sureste del país, en Veracruz, Tabasco y Chiapas, mientras que 29.2 por ciento ocurrió en el norte y 2.2 en el centro, “cifra alarmante que pone en evidencia la vejación de dichos derechos humanos fundamentales de los migrantes”. Se remitió a la Comisión de Asunto Migratorios.

Impedir privatización de agua potable en Puebla

La diputada Roxana Luna Porquillo (PRD) presentó un punto de acuerdo para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inicie un proceso de acción de inconstitucionalidad a fin de derogar las disposiciones de la Ley del Agua para el estado de Puebla que violan los derechos establecidos en los artículos 4 y 115 constitucionales, ya que establece la base legal para privatizar el agua potable en el estado.

Luna Porquillo dijo que privatizar el servicio del agua potable se traducirá para las familias de las zonas urbanas y del campo, en mayores egresos sobre un recurso que hoy lo tienen de manera asequible, así como en cortes del servicio o demandas por pagos atrasados por parte de las empresas concesionarias.

En el documento turnado a las comisiones de Derechos Humanos y de Gobernación, con opinión de las de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agua Potable y Saneamiento, se precisa que la reforma pretende convocar a empresas privadas de carácter nacional e internacional, para que los organismos operadores de los municipios den en concesión la prestación de este servicio público y con la anuencia de los cabildos municipales.

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