21-11-2013.- La diputada Martha Leticia Sosa Govea (PAN) dio a conocer al Pleno una iniciativa que plantea tipificar como delito “grooming o cortejo”, que comete una persona mayor de edad cuando, utilizando cualquier tecnología de la información, busca y contacta a un menor para abusar sexualmente de él, de manera virtual, a través de una cámara, o en persona, mediante una cita.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, propone adicionar un artículo 259 Ter, al Título Decimoquinto del Código Penal Federal, a fin de establecer una pena de siete a doce años de prisión y de quinientos a 20 mil días de multa, para quien perpetre esta falta.

La legisladora consideró que esta reforma busca sancionar distintos delitos electrónicos que atentan contra las niñas, niños y adolescentes, quienes en México representan el 37 por ciento de un universo de 39,9 millones de internautas, y velar por el interés superior de la niñez.

Refirió que de acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la infancia, cada mes 100 menores en México son víctimas de las redes de pornografía infantil que operan por Internet.

Explicó que el acceso generalizado a las nuevas tecnologías de la información, como la internet y los teléfonos móviles, la falta de tipificación de conductas delictivas que se perpetran a través de éstas y la falta de información de niñas, niños y adolescentes sobre los riesgos que representan ciertas conductas para su integridad física, han contribuido a que la pornografía infantil vaya en aumento.

“Las redes sociales, foros y mensajería instantánea son el instrumento por el cual el delincuente o acosador establece vínculos con la víctima menor de edad y mediante el cortejo o el engaño logra que se desnude frente a la cámara de su computadora y, mediante la imagen captada, puede involucrar al niño o adolescente en una diversidad de circunstancias que afectan su integridad”, indicó.

Digitalización de publicaciones del Sistema de Bibliotecas de los Congresos Federal y estatales

El diputado Heriberto Manuel Galindo Quiñones (PRI) presentó una iniciativa que plantea adecuar el Sistema de Biblioteca del Congreso de la Unión a los adelantos tecnológicos, a través de la digitalización de las publicaciones, con la intención de crear un depósito electrónico, además de las ediciones impresas.

La iniciativa turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos busca establecer que los editores y productores de materiales bibliográficos y documentales entreguen ejemplares de las ediciones impresas en formatos digitales a la Biblioteca Nacional, al Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión y de los Congresos de las entidades federativas en las que tengan sus sedes las casas editoras.

Establecer universalidad médica en urgencias obstétricas

Fue turnada a la Comisión Salud una iniciativa de la diputada Flor de María Pedraza Aguilera (PAN), la cual busca reformar las Leyes General de Salud, del Seguro Social, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin establecer la universalidad en la atención de las urgencias obstétricas.

Asimismo puntualiza que cuando se trate de mujeres en condiciones de pobreza o provenientes de zonas de alta marginación, conforme a los criterios que al efecto establezca la Secretaría de Salud, dicha atención deberá ser gratuita.

Crear la Ley Federal de Consulta Popular

Por su parte, el diputado José Luis Esquivel Zalpa (PRD) presentó iniciativa que tiene como objetivo que crear la Ley Federal de Consulta Popular, a fin de reglamentar las figuras de plebiscito, referéndum e iniciativa popular, los requisitos para su convocatoria y la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados, así como los medios de impugnación con que se cuente.

La propuesta, enviada a la Comisión de Gobernación, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública, también plantea modificaciones y adiciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y a Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con la finalidad de homologar el marco legal en la materia.

Congreso apruebe Plan Nacional de Desarrollo

El diputado Ernesto Núñez Aguilar (PVEM) dio a conocer una iniciativa que prevé reformar los artículos 73 y 79 de la Constitución, con la finalidad de que el Congreso tenga la facultad de conocer, discutir, modificar y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo.

Se plantea ordenar a la Auditoría Superior de la Federación que en el análisis de la Cuenta Pública considere criterios para evaluar el logro de los objetivos de las políticas públicas, y que éstas permitan implementar adecuaciones graduales con la intención de hacer más eficiente la programación y ejecución del gasto.

“Si aprobamos cómo se va a ejercer el Presupuesto de Egresos y si lo fiscalizamos para saber cómo se ejerció, también debemos aprobar en qué se va a ejercer y evaluar si se alcanzan los objetivos propuestos”, planteó el legislador.

Promover la práctica deportiva entre los reclusos para canalizar agresividades

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (Movimiento Ciudadano) presentó una iniciativa que reforma los artículos 2 y 10 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con el objetivo de promover la práctica deportiva para los reclusos del sistema penitenciario mexicano.

Subrayó que el deporte en la prisión es necesario tanto para los internos como para el personal de vigilancia, con el fin de canalizar ansiedades y agresividades generadas por la misma situación de reclusión. Se envió a la Comisión de Deporte.

Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en educación militar

En tanto, la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas (Nueva Alianza) presentó iniciativa para modificar los artículos 1 y 28 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a fin de promover igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el proceso de admisión a estas instituciones.

Refirió que actualmente dicha norma no establece la igualdad de condiciones entre género, por lo que limita normativamente las posibilidades de las mujeres a ingresar y permanecer en las áreas del sistema educativo militar. Se mandó a la Comisión de Defensa Nacional.

Reproducción asistida

La diputada María de las Nieves García Fernández (PRI) planteó reformar la Ley General de Salud, con el objetivo de establecer los aspectos fundamentales de la reproducción humana asistida y brindar seguridad jurídica a quienes requieren auxiliarse de ella para procrear y a quienes los asisten para lograr ese objetivo.

Subrayó que es imperativo legislar en materia de reproducción asistida, ya que la omisión de regulación específica impide el pleno ejercicio de los derechos constitucionales a la libertad reproductiva y a la protección de la salud, así como el derecho a la no discriminación. Se envió a la Comisión de Salud.

Garantizar imparcialidad en ejercicio de recursos de desarrollo social

En su turno, la diputada María Beatriz Zavala Peniche (PAN) presentó una Iniciativa que modifica diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a fin de garantizar imparcialidad en el ejercicio de los recursos destinados a este ramo y determinar los mecanismos de control y vigilancia sobre los programas sociales a cargo de Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios.

Se propone, dijo, que la política nacional de desarrollo social se fundamente en un principio de imparcialidad, para dejar claro que los recursos son públicos, ajenos a cualquier partido político o servidor público; por lo que en su ejercicio no se favorecerá o perjudicará deliberadamente ningún interés de tipo político, electoral, económico o cualquier otro distinto al desarrollo social. Se canalizó a la Comisión de Desarrollo Social.

Crear comisión ordinaria de Asuntos Alimentarios

La diputada Gloria Bautista Cuevas (PRD) propuso reformar el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General para crear la Comisión de Asuntos Alimentarios, como comisión ordinaria en la Cámara de Diputados.

Señaló que en el país 53.3 millones de personas están en situación de pobreza, de los cuales, 27.4 millones se encuentran en condiciones de carencia o pobreza alimentaria. Por ello, consideró que es necesario ampliar y fortalecer a la actual Comisión Especial de Asuntos Alimentarios para otorgarle facultades de dictamen y elevarla a la categoría de comisión ordinaria. Se envió a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

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