• Existe discrecionalidad en los criterios que utilizan para remitir un automóvil al corralón e imponer multas

25-11-2013.- La Comisión del Distrito Federal analiza un punto de acuerdo para exhortar al gobierno de la Ciudad de México a implementar exámenes de confianza y programas de capacitación a los policías de tránsito que acompañan a los choferes del servicio concesionado de grúas, a fin de eliminar los constantes abusos a ciudadanos.

El secretario de la comisión, diputado José Antonio Hurtado Gallegos (Movimiento Ciudadano), expresó que no es posible identificar cuáles son los criterios utilizados por los policías de tránsito para remolcar o no a un automóvil.

“La discrecionalidad con la que actúan para colocar “la araña”, en las llantas, remitir el vehículo al corralón o imponer una multa de tránsito se modifica constantemente, según la consideración del policía a cargo”, indicó.

Recordó que en 2006 se puso en marcha un programa de modernización de las grúas que consistiría en equiparlas con una cámara de video, a fin de grabar todos los procesos de arrastre y que los propietarios de vehículos puedan consultarlos a través de Internet, eliminando los abusos de los operadores.

Con esta disposición, dijo, se lograría inhibir los actos de corrupción entre los propietarios de los vehículos y los operadores de las grúas. “Sin embargo, no se cumple”, afirmó.

Hurtado Gallegos mencionó que la sanción más común para los conductores que violan el reglamento vial de la Ciudad de México es el traslado de sus vehículos a uno de los 37 depósitos vehiculares de la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi).

Refirió que en las delegaciones Tlalpan, Cuauhtémoc, Coyoacán y Miguel Hidalgo, día con día, miles de vehículos particulares son arrastrados a los diferentes corralones de la ciudad.

Denunció que el Reglamento de Tránsito Metropolitano nunca es aplicado cabalmente por la autoridad, ya que “miles de ciudadanos inconformes pasan horas tratando de comprobar que su sanción no ameritaba corralón y nunca son escuchados, pues la única manera de recuperar su vehículo es a través del pago de una multa, la cual oscila entre los 800 y mil pesos”.

Sin embargo, argumentó, estos no son los únicos abusos que se cometen durante el arrastre de las unidades, ya que “se conocen casos de niños recién nacidos y de personas de la tercera edad que han sido trasladados a los depósitos, al estar dentro de los vehículos, por la irresponsabilidad de los policías”.

Consideró que el traslado de transportes a los corralones “se ha convertido en un negocio muy redituable tanto para el Gobierno del Distrito Federal como para las empresas concesionarias encargadas de prestar el servicio, pues de 2009 a 2012 se recaudaron más de 500 millones de pesos por concepto de multas de tránsito”.

“Aún no se tiene claro a dónde van a parar esos ingresos, y cuál es el porcentaje que reciben las empresas concesionadas por prestar el servicio”, manifestó.

José Antonio Hurtado planteó que el gobierno del Distrito Federal implemente políticas de regularización a los policías de tránsito y operadores de grúas equipadas, para la detección, levantamiento y retiro de vehículos estacionados en vía pública, que permitan “inhibir prácticas irregulares” en la aplicación de los criterios establecidos en el Reglamento de Transito Metropolitano.

Además, pide al titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México a que en un plazo no mayor a 30 días, implemente los exámenes de confianza a todos los policías de tránsito y vialidad y haga pública la información referente al destino de los recursos obtenidos por concepto de multas de tránsito.

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