28-11-2013.- La Comisión de Seguridad Pública aprobó reformas a la Ley de la Policía Federal para que esta fuerza de seguridad tenga como principios rectores en el ejercicio de sus funciones y acciones en materia de prevención y combate de los delitos, el respeto a las garantías individuales y los derechos humanos, reconocidos en los tratados internacionales.

El documento que modifica los artículos 3 y 10 de dicha ley, establece también que serán atribuciones del Comisionado General de la Policía Federal celebrar convenios para la formación y actualización permanente del personal en derechos humanos y su aplicación en las tareas policiales.

El proponente de la iniciativa, diputado Ricardo Monreal Ávila (Movimiento Ciudadano), destacó que de diciembre del 2006 al 2012, se presentaron 3 mil 851 quejas por violaciones a derechos humanos en contra de la Policía Federal, “debido al despliegue desproporcionado, a lo largo y ancho del país, de las fuerzas de seguridad federales, entendiéndose como tales la Policía Federal, el Ejército y la Marina, con el objetivo de cumplir con labores de policía local”.

Agrega que este despliegue trajo como consecuencia la ejecución de alrededor 100 mil personas y el desplazamiento de sus hogares de al menos 160 mil.

Monreal Ávila precisó en su iniciativa que a pesar de que en junio del 2011 se publicó y entró en vigor la reforma constitucional en materia de derechos humanos, mediante la cual se amplió la gama de protección a las personas que se encuentran dentro del territorio nacional, a la fecha no existe un avance significativo en la materia.

“Aunque exista una regulación constitucional que nos permita aumentar la gama de protección de los derechos de los mexicanos, no hemos implementado las modificaciones en las normas secundarias que permitan la aplicación efectiva de la Constitución”, afirmó.

Subrayó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos reporta un incremento de quejas del 50 por ciento en contra de presuntas violaciones a derechos fundamentales por parte de dicha institución de seguridad pública.

Esto, dijo, es consecuencia de la lucha contra la delincuencia organizada, en donde las violaciones en materia de derechos humanos realizadas por parte de los cuerpos de seguridad federal se multiplican de forma alarmante.

En reunión de trabajo, la comisión también aprobó un dictamen por el que se reforman los artículos 27,50 Bis y 215 del Código Penal Federal para reemplazar el término “readaptación social” por el de “reinserción social”, a fin de reflejar un paradigma sociológico en vez de uno psicológico, en relación a la función que desarrollan los centros penitenciarios.

De acuerdo al proponente, diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez (PAN), se precisa que a la par de la armonización terminológica deben existir esfuerzos en la organización de los centros de reinserción social, de suerte que presten los elementos para que los reos puedan ser reinsertos a la sociedad y comiencen su proceso de readaptación.

También aprobaron tres puntos de acuerdo: uno es de la diputada Flor de María Pedraza Aguilera (PAN) por el que se exhorta al gobierno de Guerrero y al Ejecutivo federal para que continúe de forma exhaustiva con la atención, prevención e investigación de diversos hechos delictivos que obstruyen la administración pública de los municipios de Iguala, Teloloapan, Apaxtla de Castrejón, Cuetzala del Progreso y Pilcaya.

El documento precisa que Guerrero se encuentra dentro de los estados que más ha resentido la inseguridad en el país, ya que de acuerdo con cifras del INEGI fue la entidad con mayor índice de homicidios en el 2012.

De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en septiembre Guerrero presentó mil 570 homicidios, 11.34 por ciento del total nacional, cifra por arriba del promedio, reflejo del alto clima de violencia en la entidad. Además, por cada 100 mil habitantes existen 44.55 homicidios dolosos, la cifra más alta del país.

El segundo punto de acuerdo es del diputado Ricardo Monreal Ávila (Movimiento Ciudadano) y el último de la diputada Verónica Sada Pérez (PAN), por los que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir a la brevedad el Reglamento de la Ley del Registro Nacional de datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Se prevé así la exacta observancia de dicha Ley en la esfera administrativa, en razón de la obligación de emitirlo por el artículo segundo de los transitorios del Decreto que expide la Ley del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

-- ooOoo –