• Redireccionar la propuesta, pide el Consejo Coordinador Empresarial
• Valorar efectos sociales no sólo recaudatorios: pequeños comerciantes
• El campo es estratégico y requiere trato diferenciado

02-10-2013.- Los sectores empresarial, agropecuario y del pequeño comercio demandaron a los diputados federales emitir un voto razonado en torno a la Reforma Hacendaria, para garantizar la viabilidad de la planta productiva, y en particular del campo, pilar de la seguridad nacional.

Durante las audiencias organizadas por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, presidida por el legislador José Isabel Trejo Reyes (PAN), en torno a esta reforma, Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), advirtió que “una reforma que no sea adecuada, puede acentuar la desaceleración económica que vive México”. Recomendó volver a hacer un esfuerzo con el gobierno de la República y la autoridad hacendaria, para “redireccionar” la propuesta de reforma.

Demandó a los diputados “analizar con profundidad” la iniciativa hacendaria, debido a que no ayuda a impulsar la competitividad, la productividad ni a captar inversión, con un impacto negativo en el empleo y las oportunidades de desarrollo.

Destacó que la propuesta tiene muchas incongruencias respecto a otras normas jurídicas que se han aprobado. “La Reforma Hacendaria, de manera muy importante, mata estos esfuerzos”, además de que el 47 por ciento que se pretende cobrar a las utilidades, dejaría a México en el último lugar en el mundo respecto a la competencia.

Aclaró Gutiérrez Candiani que no defienden intereses particulares ni de grupos, sino los de la nación. “Si ha habido algún tipo de abuso, que se corrija, pero que no se quite un instrumento fundamental para la inversión”, consideró respecto al régimen de consolidación fiscal.

En entrevista, agregó que “una alza de impuestos tan importante deja en total desequilibrio” a la planta productiva nacional en relación con las principales economías del mundo, y en particular con los socios comerciales, por lo que calificó la propuesta hacendaria como “regresiva”.

Al limitar el crecimiento económico, “por supuesto que tendría que ser regresiva”; por ello, insistió en que “junto con la autoridad se generen los cambios necesarios para tener una reforma con una visión nacional y con lo que sucede en todo el mundo, no simplemente lo que necesitamos hacia lo interior, sino lo que tenemos que hacer hacia el exterior, para fortalecer nuestra economía”.

Pequeños comercios, en grave riesgo de quiebra

Al participar en las audiencias en torno a la Reforma Hacendaria en San Lázaro, el dirigente de la Alianza Nacional de Pequeños Comercios, Cuauhtémoc Rivera Rodríguez, pidió a los legisladores federales valorar los efectos políticos y sociales, y no solo los recaudatorios, que puede provocar una iniciativa de este tipo.

Destacó que el impuesto de un peso a cada litro de refresco significará una caída de hasta 40 por ciento en las ventas directas en un millón de misceláneas, y hasta del 70 por ciento en los 4 millones de pequeños comercios, colocando al borde de la quiebra a miles de ellos, generadores de autoempleo.
Afirmó que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) golpea el bolsillo de 3 de cada 4 mexicanos; “es un gravamen duro para el pueblo”, y argumentó que el consumo de refrescos no provoca la obesidad, y es una fuente de energía para la gente más pobre.

Al respecto, Gutiérrez Candiani indicó que el contenido calórico de los refrescos es de 5.4 por ciento. Solicitó evitar satanizar a esta industria, y alertó que el incremento en los precios implica el riesgo de que los consumidores los sustituyan por otras bebidas o alimentos con mayor cantidad de calorías.
Incrementar estímulos fiscales al campo, no eliminarlos

Por otra parte, Agustín Mauricio Pérez Díaz, en representación de organizaciones de Productores y Agricultores de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Guanajuato, Sinaloa, Zacatecas y Coahuila, demandó a los diputados que la Reforma Hacendaria no atente contra el campo mexicano.

Llamó a los legisladores a cumplir con todas las promesas de campaña. “El campo necesita que se vea y se respete y, en lugar de eliminar estímulos fiscales, incrementarlos. La soberanía se apuntala en garantizar la alimentación”, aseveró.

Pérez Díaz sostuvo que el sector agropecuario “es un pilar para la seguridad nacional”, aunque es el más desprotegido; criticó la propuesta para eliminar el régimen simplificado en las actividades primarias.

En tanto, Vicente Gómez Cobo, representante del Consejo Nacional Agropecuario, señaló que el paquete tributario tiene un gran impacto para el sector alimentario, porque la rentabilidad ha bajado 25 por ciento a causa de los efectos del cambio climático. Se pretende aplicarlo “sin un esquema de transición. La medida es muy drástica en monto y en tiempo, y va a reducir la viabilidad de los productores”.

Demandó a los diputados que esta reforma “no contravenga lo que se ha trabajado con el Ejecutivo federal en el Plan Nacional de Desarrollo”, cuyo objetivo es construir un sector agropecuario-pesquero que garantice la seguridad alimentaria del país.
Gómez Cobos estimó que de aprobarse la propuesta hacendaria como fue presentada, reduce en niveles peligrosos la viabilidad del sector primario. Los precios al productor se dispararían de 4 a 6 por ciento, mientras que la canasta básica sufriría un alza de 2 por ciento en promedio, lo que automáticamente generaría 500 mil mexicanos más en pobreza alimentaria.

En el 89 por ciento de los municipios el agro tiene una importancia media o alta en la economía; el campo concentra el doble de la pobreza respecto a las zonas urbanas, y se “coloca en franca desventaja ante los competidores internos y externos, alentando la importación. Todo ello no es acorde con lo expresado por el Ejecutivo en su mensaje y propuesta hacia el sector y la Cruzada Nacional contra el Hambre”, opinó.

Eduardo Orendain Giovannini, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, afirmó que ésta es una actividad estratégica del país, por lo que demandó no eliminar el régimen simplificado y se reestructure para que todo el inventario que exista al 31 de diciembre próximo, hasta su cosecha final –más de 250 mil plantas-, “se mantenga el actual régimen”, por las particularidades del sector, ya que se requieren de 7 a 8 años para aprovechar el agave.

Solicitó la ayuda de los legisladores, a fin de que el IEPS de 53 por ciento, que es muy alto, se reduzca a 45 por ciento, para recuperar el 48 por ciento que ha perdido la industria de vinos y licores por la informalidad, a la que demandó combatir.

La propuesta hacendaria, dijo, no es una solución para atender y resolver los problemas del campo; pidió moderar el incremento de la tasa de impuesto para el campo a un máximo de 5 puntos porcentuales, aplicados de manera gradual, con un alza de un punto por año para llegar al 26 por ciento al final del sexenio.

Luis Castillo, a nombre de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, subrayó que los mayores afectados con la Reforma Hacendaria son los pequeños productores por los costos de operación sólo para pagar impuestos, al tener que contratar a contadores y abogados.

"Es de gran impacto” cuando el agro es apenas sustentable. Pidió a los diputados “que se proteja al pequeño productor, que se le deje inmune para crear riqueza”, y aclaró que “no buscan ser evasores”.

Por la Unión Nacional de Avicultores, su presidente Jorge García de la Cadena, indicó que el régimen simplificado “es necesario, porque se trata con seres vivos, y atiende temas climatológicos y sanitarios, no es preferencial, es un régimen fiscal distinto”.

El sector primario es diferente y requiere un trato tributario diferenciado, y la reforma restará competitividad porque los precios de productos agrícolas y ganaderos se regulan por el mercado internacional.

Cuestionó que no se proponga un esquema de transición para dejar el régimen simplificado, ni un mecanismo de inventarios al 31 de diciembre de este año y su evaluación; se complicaría el manejo administrativo, dijo, porque se eliminan facilidades para comprobar gastos menores, mano de obra de trabajadores de campo y alimentación de ganado, necesarias porque la mayor parte de las actividades se realizan en zonas rurales.
Señaló costos adicionales por los impuestos ecológicos y por la venta de gasolinas, gas, diesel y fertilizantes, cuando los socios comerciales de México en el sector avícola manejan un régimen fiscal diferenciado, por lo que calificó como inequidad eliminar el régimen simplificado en el sector primario de la economía nacional.

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