• Organizaciones manifiestan que esta propuesta afectará al sector y a los consumidores

04-10-2013.- La Comisión de Pesca, que preside el diputado Alfonso Inzunza Montoya (PRI), se reunió con organizaciones de pescadores quienes se manifestaron por la no eliminación del régimen simplificado establecido en la propuesta de reforma hacendaria, “porque provocaría pérdida de empleo, baja productividad y altos costos para los consumidores”.

En reunión de trabajo, las organizaciones señalaron que la pesca y acuacultura necesitan ser competitivas, productivas, rentables y certificables.

Al respecto, el diputado Inzunza Montoya externó que la comisión hará lo necesario para que esta reforma no impacte negativamente a este sector primario de la economía.

Por Acción Nacional, el diputado Arturo De la Rosa Escalante detalló que más allá de ideologías partidistas se tiene la obligación de encontrar beneficios para este sector, ya que es uno de los más productivos.

La presidenta de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, diputada Alliet Mariana Bautista Bravo (PRD) se comprometió a establecer acuerdos, toda vez que la reforma reducirá la producción y encarecerá los productos del sector.

El presidente de la Confederación Nacional Cooperativa Pesquera, José Jesús Camacho Osuna, aseguró que eliminar tanto la exención de ingresos contemplada actualmente en los artículos 81 y 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) como la reducción del impuesto causado señalada en el artículo 81, afectaría severamente al sector y en el precio para los consumidores.

Indicó que la instrumentación de estos conceptos ha permitido canalizar recursos adicionales para capitalizar al sector a través de la adquisición de activos fijos, con lo que se ha incrementado la infraestructura pesquera y ha llevado al sector a incursionar en mercados nacionales e internacionales con productos procesados.

Esos apoyos fiscales, subrayó, permiten mantener esta actividad en límites tolerables de ordenamiento, evitando en lo posible que los pescadores caigan en actos de ilegalidad al comercializar sus productos.

Además, el efecto que causará en el precio al consumidor de productos de primera necesidad al establecer un pago del ISR como se pretende, será que el precio final de venta se eleve considerablemente, en perjuicio de las clases más necesitadas.

Propuso un esquema que permita la sustentabilidad y rentabilidad del sector e incluir en la Ley del ISR un tratamiento especifico para las personas físicas y morales que se dediquen a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, limitando en todo caso su aplicación a personas físicas y, en su caso, a morales pertenecientes al sector social contemplado en el artículo 25 constitucional.

Fernando Medrano Freeman, presidente del consejo directivo de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canaipesca), resaltó que a pesar de que la producción del sector es rentable se encuentra en crisis, por lo que es necesario un tratamiento que le dé sustentabilidad y productividad.

Indicó que es fundamental reconsiderar el impacto de esta reforma en la pesca, cuya actividad depende al 100 por ciento de la naturaleza, del cambio climático y el estado del tiempo, lo que hace incierta la rentabilidad y la productividad, y con esta propuesta del Ejecutivo e tiene la amenaza de producir menos.

Ricardo Michel Luna, presidente del Consejo de Administración de la Unión de Armadores del Litoral del Océano Pacífico, consideró que la eliminación del régimen simplificado los perjudicaría y se pronunció por no al impuesto ambiental al diesel marino, ya que es necesario para desarrollar esta actividad.

Pidió evitar subejercicios en los montos autorizados por el Legislativo cuando existan solicitudes de apoyo aprobadas y sujetas a disponibilidad, presentadas por productores y mayor participación del sector en la elaboración de las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola.

En un documento que la Canaipesca y la Unión de Armadores entregaron a la comisión, se precisa que la pesca y acuacultura deben desarrollarse bajo esquemas de ordenamiento que garanticen la sustentabilidad, posicionando a estas actividades como competitivas, productivas, rentables y certificables.

Se menciona que el diesel marino no tienen sustituto en el mercado, obligando al sector a consumirlo, independientemente del precio. Sostuvo que de enero 2007 a junio 2013, el diesel pasó de 5.73 a 11.83 pesos por litro, lo que representa un aumento del 106. 46 por ciento.

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