• Gobierno federal podrá transferir recursos numerarios o en especie para garantizar abasto de medicamentos

• Se impondrán 4 años de cárcel a quien los desvíe a otro fin

22-10-2013.- La Cámara de Diputados aprobó reformas para fomentar una mayor eficiencia en los servicios estatales de salud y establecer medidas para que los recursos que se transfieran al Sistema de Protección Social en Salud, se utilicen de la mejor manera y para los fines que fueron aprobados.

Dicha reforma a la a la Ley General de Salud, establece que se impondrá una pena mínima de 4 años de prisión a cualquier persona que desvíe del objeto para el que fueron transferidos o entregados los recursos, en numerario o en especie, o para la prestación de servicios en materia de salubridad general.

Al fundamentar el dictamen, aprobado por 390 votos a favor, 20 en contra y 25 abstenciones, el presidente de la Comisión de Salud, diputado Isaías Cortés Berumen (PAN), subrayó que el fin es garantizar que la población cuente con los medicamentos y demás insumos para su atención.

Además, desaparece la figura del Consejo Nacional de Protección Social en Salud, a fin de no duplicar instancias de coordinación con los servicios estatales.

Fortalece, también, la portabilidad en los beneficios que otorga la afiliación, toda vez que se da mayor certeza respecto al pago por prestación de servicios que se brinde entre entidades federativas distintas a la que se incorporó.

Da consistencia entre la Ley General de Salud y lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto a la información que se debe rendir en materia de recursos humanos.

Señala que en caso de que alguna entidad federativa no haya comprobado que los recursos se emplearon para lo que fueron destinados, las autoridades tendrán la obligación de informarlo para que proceda a su investigación, y en su caso, la sanción.

Asimismo, establece como un delito grave el desvío del objeto para el cual fueron transferidos o entregados los recursos en numerarios o en especie, según el caso.

Al dar el posicionamiento del grupo parlamentario Nueva Alianza, la diputada Dora María Talamante Lemas aseguró que el abastecimiento de los medicamentos siempre ha sido uno de los grandes vicios del sistema de protección de salud.

“Celebramos las acciones contempladas en el presente dictamen que fortalecerán la cultura de la transparencia y rendición de cuentas en materia de salud nacional”, aseguró.

Por el PT, la diputada María del Carmen Martínez Santillán afirmó que lo aprobado es un gran avance en lo relativo a la implementación de un sistema de salud “que francamente se encontraba paralizado, ya sea por duplicidad de funciones o bien por condiciones burocráticas, e incluso por desvío de fondos públicos”.

“Este tipo de acciones en definitiva abona al control y a la fiscalización veraz de las transferencias de los recursos, además de dar mayor fortalecimiento a la Secretaría de Salud”, agregó.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, de Movimiento Ciudadano, indicó que en las instituciones de salud laboran 141 mil 865 médicos y 193 mil 770 enfermeras, y se cuenta con cerca de 20 mil unidades de salud; 18 mil 664 destinadas a la consulta externa y mil 150 para la hospitalización de pacientes.

“La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) reportó que la carencia social más prevaleciente en la población mexicana fue la falta de acceso a la seguridad social, que para el 2012 aumentó en un 4 por ciento de lo reportado en el 2010”, dijo.

La diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del PVEM, afirmó que lo votado trae consigo la obligación de las autoridades, en el ámbito de sus competencias, para que el derecho a la salud lo promuevan, respeten, protejan y garanticen de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

“Sabemos que el problema no radica en la determinación del derecho en sí, sino en los mecanismos que las autoridades deben implementar para que se garantice el cumplimiento de este derecho fundamental, sin distinción alguna”, abundó.

Del PRD, la diputada Eva Diego Cruz indicó que este dictamen contribuye al cumplimiento de las recomendaciones de la OCDE, de garantizar el financiamiento adecuado del sistema de salud, adoptando reformas fiscales necesarias y mejorado el buen gobierno del sistema, fortaleciendo los mecanismos de información y los marcos de rendición de cuentas de todas las instituciones.

“Con este dictamen se establecen elementos que permiten consolidar a la Secretaría de Salud como instancia rectora y articuladora de los sistemas de protección social en salud”, afirmó.

La diputada de Acción Nacional, Marcelina Orta Coronado resaltó el objetivo de consolidar a la Secretaría de Salud como instancia rectora y articuladora del sistema nacional de protección social de la salud, para mejores condiciones y tener transparencia en la supervisión y control de la fiscalización de los recursos.

“Se establece que los recursos que se transfieran del gobierno federal a las entidades federativas por concepto de cuota social y de aportación solidaria se puedan asignar en dos modalidades: en recursos monetarios o en especie; con esta última modalidad se pretende garantizar el abasto de medicamentos para todos los usuarios del país”.

Del Grupo Parlamentario del PRI, la diputada María de las Nieves García Fernández apuntó que los beneficios de esta reforma son fundamentales e importantes debido a que se definen los regímenes estatales de protección social, mejora la transparencia y la rendición de cuentas.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT) presentó una moción suspensiva del dictamen, pero fue desechada.

Al hablar en contra, el diputado el diputado Ricardo Monreal Ávila (Movimiento Ciudadano) dijo que el aprobar el cambio es una agresión contra el federalismo porque concentra el poder de decisión en el centro e influencia la política para decidir a quién darle medicamentos y a quién no.

Por su parte, el diputado Leobardo Alcalá Padilla (PRI) dijo que lo presupuestado para salud, alcanzará sólo para atender las enfermedades de la propia obesidad en el 2018 “si hoy no hacemos algo al respecto”.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) se manifestó en contra de la reforma “porque ahora todas las competencias entre la Federación y las entidades federativas y el reparto de los recursos de salud están a capricho de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

El diputado Antonio Sansores Sastré (PRD) se mostró optimista de la reforma, ya que ayudaría a comprar de manera consolidada a nivel central los medicamentos que tanta falta hacen a los ciudadanos. “El ejemplo más práctico es el ácido fólico, que cuesta tres pesos y llega a venderse hasta en 30 pesos. No tan sólo nos está limitando la compra, sino que no tenemos ahorro cuando hacemos la licitación de manera práctica”.

-- ooOoo --