25-10-2013 El diputado Adolfo Orive Bellinger (PT), presidente de la Comisión de Competitividad, señaló que es necesario realizar la ley secundaria en materia de telecomunicaciones, ya que generará mayor competencia en telefonía, servicios de datos, televisión y radio, y cumpliendo así con los nuevas disposiciones constitucionales.

Resaltó que con la implementación de esta Ley se estarían regulando y abriendo los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión, ya que la alta concentración provoca altos precios, baja penetración, transferencia de rentas consumidor-productor y mala calidad en los servicios.

Enfatizó que la competencia no sólo consiste en la capacidad de atraer capitales si no retenerlos, a través de servicios de calidad y organismos eficaces que los regulen.

Añadió que en la reforma de telecomunicaciones resulta indispensable definir los principios de regulación y competencia, con el objetivo de colocar en el centro al consumidor y obtenga variedad en los servicios a bajos costos y con calidad.

Durante la presentación de los ensayos “De la Cofetel al Ifetel: la historia de un violento péndulo” y “Políticas de competencia y protección al consumidor: hacia una convergencia necesaria”, el legislador sostuvo que estos documentos contribuirán de manera esencial en la toma de decisiones sobre el impulso de competitividad y el diseño de la ley secundaria en telecomunicaciones.

Orive Bellinger, mencionó, ante especialistas del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), que será labor de los legisladores fomentar la competitividad, a través de mecanismos que fortalezcan a las instituciones cuyo propósito es lograr el desarrollo económico y el bienestar de la sociedad.

Afirmó que otro objetivo es fortalecer la capacidad de crear empresas que sean competitivas no sólo a nivel internacional, sino local.

Durante su presentación, Alejandro Faya, autor del ensayo “De la Cofetel al Ifetel: la historia de un violento péndulo”, dijo que la Ley secundaria en materia de telecomunicaciones “debe proveer acciones enfocadas a una buena regulación, buen regulador y buenos procesos de ejecución en el sector”.

Señaló que si bien la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) se vio fortalecida a lo largo del tiempo, el regulador siempre se alejó de las mejores prácticas internacionales, ya que nunca tuvo la facultad de otorgar licencias y concesiones, así como la capacidad de sancionar en materia de telecomunicaciones.

Además de atribuciones insuficientes, la institución siempre tuvo carencias notorias en otros rubros: autonomía frágil, mandato medianamente difuso, tamaño y recursos modestos, y ausencia de buenas prácticas en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Sin embargo, agregó que la debilidad de la institución contrastó con el poder de los operadores, pues prácticamente en todos los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión existen problemas de alta concentración, lo que se tradujo en precios altos, baja penetración, transferencia de rentas consumidor-productor y mala calidad.

Indicó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), como nuevo súper regulador, tiene como propósito ordenar mercados y fomentar la competencia a partir de un diseño institucional más robusto que el de la Cofetel.

Refirió que para que este organismo funcione de manera correcta se debe tomar en cuenta su modelo de autonomía constitucional, la coordinación entre los poderes de regulación y quienes prestan los servicios, y para ello deberá establecer metas y objetivos sobre mecanismos de ordenación.

Por otro lado, dijo que en el nombramiento de los comisionados del Ifetel se deberá privilegiar el perfil y aptitudes profesionales y evitar su politización. De igual manera, para que este organismo adquiera un papel crítico, se le tendrá que dotar de un presupuesto adecuado y personal capacitado.

En su turno, Bernardo Altamirano Rodríguez, autor del ensayo “Políticas de competencia y protección al consumidor: hacia una convergencia necesaria”, expuso que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Federal de Competencia (CFC) debieran fusionarse, con el fin de expandir el mercado y corregir con mayor eficacia las concentraciones de capital y combatir las prácticas anticompetitivas.

Puntualizó que fusionar a estos organismos bajo una misma institución permitirá alinear ambas políticas públicas y tener resultados más eficaces. Asimismo, fortalecer una cultura que promueva los principios de desarrollo de competitividad y los derechos de los consumidores.

“La fusión de estas dos instituciones permitirá incidir en políticas públicas más eficaces y profundizar en el impacto social y cultural, al promover mayor competencia en donde el consumidor sea el soberano”, añadió el especialista.

Sostuvo que fortalecer las políticas de competencia asegura un alto nivel de rivalidad entre proveedores, permitiendo así a los consumidores contar con más posibilidades de elección y mejores precios en los servicios.

Afirmó que otro de los beneficios de unir a estos dos organismo consistiría en proteger a los consumidores de prácticas comerciales abusivas, inequitativas, engañosas o fraudulentas, así como brindarles la información más eficiente para su toma de decisiones.

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