31-10-2013.- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 418 votos, reformas al artículo 7 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, para que cuando un detenido o reo lo solicite, el perito médico legista esté obligado a asentar en su dictamen los signos físicos y sicológicos de tortura y malos tratos observados.

El perito deberá realizar el reconocimiento del detenido o reo con base en formularios ajustados a los instrumentos internacionales en la materia, de los que el Estado mexicano sea parte, y en un área que tenga privacidad para ambas partes.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Juan Jesús Aquino Calvo (PAN) precisó que una serie de premisas básicas del Estado democrático, social y de derecho debe ser prevenir, proteger y garantizar los derechos humanos de todos los habitantes.

Refirió que el país ha firmado un sinnúmero de tratados internacionales en materia del respeto a los derechos humanos y en cuestiones de prevención y eliminación de la tortura; sin embargo, esta práctica no ha sido erradicada, a pesar de los instrumentos jurídicos públicos con que se cuentan.

Enfatizó que con la adecuación a dicha ley se tendrán mejores elementos que permitirán identificar aquellos casos en los que se afirme que hay tortura y poder sancionar la comisión de este delito.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (Nueva Alianza) comentó que el delito de tortura constituye una práctica degradante por parte de los agentes del Estado, encargados de la procuración e impartición de justicia, que abusan del poder que la propia ciudadanía les ha conferido y cometen esa transgresión a la dignidad humana.

Destacó que en esta terrible práctica se somete a la víctima a una serie de sufrimientos y tormentos, martirizando su cuerpo o su mente de manera cruel, con la finalidad de inculpar a quienes son sujetos de una investigación, venciendo su resistencia y obligándolo a confesar un delito o falta que se le atribuye.

Con la reforma, dijo, se dará un paso importante para incluir, como un derecho del detenido, la revisión del médico legista bajo los más altos estándares de revisión establecidos en los instrumentos internacionales en la materia.

Por el PT, la diputada Loretta Ortíz Ahlf señaló que esta nefasta práctica constituye un abuso de poder en virtud de que quien la padece está a expensas del torturador y de lo que este quiere hacer de la víctima.

Es inaceptable, dijo, que en nuestro país todavía se practique la tortura en contra de cualquier persona. Por ello, se manifestó a favor del dictamen como un mecanismo para garantizar en un futuro el derecho a no ser torturado.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez (MC) refirió que de acuerdo con un informe de Amnistía Internacional, en 2012 se reportaba la existencia de 110 denuncias por tortura presentados ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 4 mil 731 denuncias por malos tratos. Sin embargo, dijo, la cifra dista mucho de la realidad debido al endeble sistema de denuncia que en ningún momento garantiza la protección del quejoso.

Subrayó que la reforma implica una progresión en el tema de la erradicación de la tortura, pero corresponde al Estado mexicano cumplir con las obligaciones contraídas en el ámbito internacional y nacional y ser el garante de los derechos humanos.
En su turno, la diputada Roxana Luna Porquillo (PRD) indicó que la modificación tiene como objetivo armonizar leyes internacionales y, en este caso, al Protocolo de Estambul, para darle garantías a una persona y preservar sus derechos de integridad física y psicológica.

Explicó que el Protocolo de Estambul es un manual de investigación y documentación efectiva sobre el tema de la tortura, castigos, tratamientos crueles, inhumanos o degradantes, con reglas elaboradas por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en los que se establecen procedimientos a seguir por los Estados para documentar la tortura y sus efectos.

México tiene la obligación de caminar en este sentido, puesto que “no podemos ser omisos ante esta situación que vulnera la integridad física, psicológica y moral de las personas que han sido víctimas de tortura”.

La diputada María Teresa Jiménez Esquivel (PAN) subrayó que la modificación a la norma pretende establecer lineamientos claros para que los peritos médicos legistas realicen el reconocimiento del reo o detenido siempre que éste lo solicite en un área privada, adecuándose a los lineamientos internacionales de la materia, con la obligación de asentar en su dictamen los signos físicos y psicológicos de tortura y malos tratos observados.

Con ello, dijo, el Estado mexicano cumple las observaciones señaladas por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas con respecto a diversos preceptos normativos de las leyes en la materia y, en particular, contar con normas que cumplan con las disposiciones emitidas de carácter internacional y brindar a sus habitantes la protección y la garantía jurídica de sus derechos humanos.

El diputado Mauricio Sahui Rivero (PRI) indicó que la tortura constituye un crimen aberrante e intolerable que debe ser combatido a nivel legal e institucional. La reforma está orientada a brindar más y mejores elementos que permitan tutelar integralmente los derechos fundamentales.

Consideró que se debe promover el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales; “resulta indiscutible que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, color, religión, lengua o cualquiera otra condición”.

La reforma se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
-- ooOoo --