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Boletín N°. 2019 Pese a aumentos presupuestales, no mejoran los campesinos: diputado Aureoles Conejo

• Inaugura Foro para direccionar políticas públicas al desarrollo rural

12-09-2013 Al inaugurar el “Primer Foro Regional con Pequeños y Medianos Productores y Organizaciones Campesinas para direccionar las Políticas Públicas al Programa Especial Concurrente e Incidir en el Desarrollo Rural Sustentable”, el diputado Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Junta de Coordinación Política, reconoció que si bien el presupuesto para este sector ha crecido de manera significativa, no se refleja en las condiciones en los campesinos.

Precisó que para este año el presupuesto especial concurrente es superior a los 300 mil millones de pesos, pero no se refleja en los hechos y en un cambio sustancial de las condiciones en las que producen los campesinos.

Refirió que de acuerdo con la FAO, a 20 años de implementarse diversos programas para el sector rural, los niveles de vida de la gente del campo no han mejorado y la cifra es dramática: “No más del 5 por ciento de la población rural tiene condiciones propicias para vivir y mantenerse de esa actividad”.

Aseguró que este año habrá un incremento muy importante para el sector rural en los distintos programas, pero si no se revisa a fondo el esquema del entramado institucional y la forma en que se aplican los recursos, “no nos va servir de nada otra vez”.

Sostuvo que existen alrededor de 170 programas destinados a atender las necesidades y demandas de la población rural, y el nivel de aplicación resulta poco relevante.

Aureoles Conejo enfatizó que no es posible que siendo un sector tan necesitado, con tantas demandas, se pongan tantas reglas de operación. Por ello, dijo, se revisarán, porque si no se modifican esos instrumentos, “vamos a seguir atados a una dinámica, fundamentalmente de burocracia”.

El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a las Evaluaciones del Programa Especial Concurrente, diputado Mario Rafael Méndez Martínez (PRD) subrayó que el campo demanda cambios integrales y urgentes en la distribución de los recursos presupuestales.

“Las reglas de operación que rigen la aplicación de los recursos de los programas federales son un verdadero viacrucis para los pequeños productores del país. Actualmente, son complejas, excluyentes y, técnicamente, eliminan el acceso a los recursos para los pequeños y medianos productores del país”, lamentó.

Aseguró que las reglas de operación deben ser el instrumento más eficiente con el cual el gobierno Federal canalice los recursos para solventar las prioridades del campo; sin embargo, en la práctica no se alcanzan los propósitos para los cuales se diseñaron, no han contribuido a generar los cambios que el desarrollo rural necesita, y no han alcanzado los fines y propósitos establecidos en la Carta Magna.

Afirmó que el desarrollo rural sustentable que el país requiere debe integrar políticas públicas sociales que transciendan los temas propios de la producción.

“Se requieren de políticas públicas que atiendan el desarrollo rural en concordancia y sincronía con el desarrollo industrial, el comercio, la tenencia de la tierra, los asentamientos humanos, la salud, la seguridad social, medio ambiente sustentable, la educación y el combate a la pobreza, y tales elementos deben reflejarse adecuadamente en las leyes correspondientes y en la aplicación eficaz de los programas de gobierno”, puntualizó el diputado.

El presidente de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, diputado José Antonio Rojo García de Alba (PRI), señaló que México es el país de América Latina que más invierte en el campo, pero eso “no se transforma en más alimento en la mesa de los ciudadanos ni que los productores tengan más recursos que otros países”.

Explicó que se trabaja en la posibilidad de reorientar 67 programas del campo y hacer una compactación de las leyes. La idea, dijo, “es tener una ley general y a un presupuesto multianual que lleve a dar mejores condiciones a los productores”.

Aseguró que el presupuesto para el próximo año no viene a la baja, se hará una reingeniería de los programas y habrá reglas nuevas para que el dinero se pueda gastar.

El diputado Pedro Porras Pérez (PRD) recalcó que es inadmisible que en junio de 2013, de los 37 programas que administra el ramo, en 26 se registraron subejercicios, “cuando el campo de lo que más requiere es de recursos, pero muchas veces esos apoyos llegan fuera de tiempo”.

Por ello, consideró que se debe tener una participación “activa para que en la nueva Ley de Sustentabilidad Rural pueda plantearse una política que realmente apoye a los campesinos”. Invitó a participar activamente para tener propuestas en este sentido.

En su turno, el diputado José Rubén Escajeda Jiménez (PRI) consideró que “todos deben hacer lo que les toca para que el presupuesto crezca y que las reglas de operación se flexibilicen y se pongan a la medida de las necesidades del sector”.

Manifestó su disposición para que “más que analizar el gasto, hacer que el dinero se gaste y las cosas sucedan”.
En tanto, el dirigente nacional de la Central Campesina Cardenista, Max Correa, pidió el respaldo de los diputados para que se firme el Pacto Rural para la Reforma del Campo, el cual tiene que reorientar las políticas hacia el sector, así como los programas y presupuestos.

Coincidió en que no solo es un problema de cantidad del presupuesto, “sino de calidad y de inteligencia con que se aplica el presupuesto al campo y a los campesinos, y esto tiene que cambiar”.

Subrayó que las reglas de operación deben permitir realmente operar, porque actualmente son “inoperantes, absurdas y ridículas. Y aunque haya voluntad de los servidores públicos, están atados de manos por esas reglas para ejercer el presupuesto y así no se va a poder modificar esto”.
Hizo votos para que las expresiones de los campesinos se expresen en el presupuesto del Programa Especial Concurrente.

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