• Consejo de la Judicatura Federal da respuesta a un punto de acuerdo, aprobado por diputados

18-09-2013.- El Consejo de la Judicatura Federal informó a la Cámara de Diputados que no puede emitir ningún tipo de recomendación, opinión o exhorto hacia los magistrados integrantes del Tribunal Colegiado, ya que esto puede trastocar la autonomía e independencia judicial.

Precisó que el Tribunal que conoce del caso del ciudadano Alberto Patishtán Gómez, como todos los jueces y magistrados, cuenta con la autonomía e independencia para emitir su resolución.

Sin embargo, detalló que en estricto respeto al principio de división de Poderes que impera en el Estado mexicano, “esta Judicatura Federal toma conocimiento a través de su Presidencia del exhorto en comento”.

El pasado 5 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) donde expresó su deseo de que con pleno respeto a lo independencia del Poder Judicial, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito resuelva conforme a derecho y garantice plenamente el debido proceso a Alberto Patishtán Gómez, de acuerdo a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política y los tratados internacionales de los que México es parte.

En el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria y dado a conocer en la sesión, el Consejo de la Judicatura Federal precisó que el Poder Judicial de la Federación es respetuoso de las expresiones de los Poderes que integran el Estado.
Por ello, este Consejo es el encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera Judicial del Poder Judicial, y sobre todo vela por que las resoluciones de los juzgadores federales se dicten con plena autonomía e independencia, pues es ésta, la autonomía e independencia judicial, la función sustantiva de los juzgadores federales, en quienes descansa la justicia federal.

“Es así, que este Consejo reafirma su compromiso constitucional, por lo cual el Tribunal Colegiado que conoce del caso del ciudadano Alberto Patishtán Gómez, como todos los jueces y magistrados, cuenta con la autonomía e independencia para emitir su resolución, pues esta Judicatura Federal no puede emitir ningún tipo de recomendación, opinión o exhorto hacia los magistrados integrantes de ese Tribunal”, reafirmó.

Reincorporación de diputada

Se informó de la reincorporación a los trabajos de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, de la legisladora con licencia María Elia Cabañas Aparicio (PRI-4to Distrito, Baja California), a partir del 1 de octubre.

Comunicaciones

El Senado de la República solicitó a la Cámara de Diputados que en el análisis de la Reforma Hacendaria 2014 profundice el estudio de las implicaciones y alcances de la permanencia de la tasa del 11 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la región fronteriza, y se establezca un diálogo constructivo con el Ejecutivo federal para evaluar y considerar la propuesta. Se canalizó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Fueron enviados a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública dos puntos de acuerdo de diversos senadores. Uno, solicita que en el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 y de los objetivos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, contemple un aumento en las partidas del Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA), dirigido a las entidades más pobres: Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Otro pide al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revise las reglas de operación a efecto de considerar la inclusión de los 23 municipios de la frontera sur, ubicados en Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco, en el subsidio para la seguridad pública municipal para el ejercicio fiscal de 2014 y subsiguientes.

Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público una iniciativa de senadores del PAN, que reforma las leyes del Impuesto al Valor Agregado y la Aduanera, para establecer una definición única de “franja fronteriza” y “región fronteriza”, en la que se incluyan a los municipios que ha previsto el Ejecutivo federal en los diversos decretos vigentes.

A esa misma instancia legislativa, se canalizó una iniciativa de la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza (PRD), que deroga los artículos 2, fracción II, inciso C; 3, fracciones XIV, XV y XVI; 8, fracción IV, y 18-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), a fin de suprimir el impuesto especial a los servicios que se prestan a través de redes públicas de telecomunicaciones.

También, la Cámara de Senadores devolvió los expedientes de tres minutas para los efectos de la fracción D del artículo 72 Constitucional. La que reforma el artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social; que modifica la fracción VIII del artículo 9 y el inciso o) del artículo 28 de la Ley de Asistencia Social, y la que adiciona tres párrafos al artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social.

De la Secretaría de Gobernación se recibió contestación a un punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la cuota y tarifa energética de estimulo a la productividad y competitividad del sistema-producto manzana.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público remitió el documento que contiene información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondientes al mes de agosto de 2013, desagregada por tipo de fondo. Fue remitido a la comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y a la de Hacienda y Crédito Público.

El Congreso de Oaxaca dio respuesta a una proposición aprobada por la Cámara de Diputados, referente a la supervisión de las instituciones públicas y privadas encargadas de la custodia, cuidado y atención de la niñez.

A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se mandó un acuerdo del Congreso de Jalisco, que pide a la Cámara de Diputados aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, los recursos suficientes para un Programa Universal de Becas-Salario para jóvenes, con el propósito de que cursen y concluyan su educación media superior.

También el Congreso de Guerrero remitió un acuerdo que exhorta al Congreso de la Unión a modificar la normatividad operativa de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con mecanismos, que tengan como finalidad la mejora en las condiciones de vida de los trabajadores. Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

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